La renuncia de Carlos Urrutia, embajador en Washington, es un enorme triunfo para Colombia, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo, en rueda de prensa junto a Wilson Arias.
El agro está en boca de todos. Son cuatro álgidos temas que están dando de qué hablar por estos días a los colombianos: la Ley de Baldíos, que impulsa el Gobierno; el caso sobre las presuntas compras ilegales de tierras de Cargill y Riopaila Castilla; la restitución de tierras; y la Unidad Agrícola Familiar (UAF).
Colombian Ambassador to the United States, Carlos Urrutia, has resigned under a cloud of scandal involving the illegal purchase of protected peasant land holdings by multinational companies facilitated by his law firm.
Las cartas en las que una multinacional le cuenta al entonces presidente Uribe que está violando la ley
Cargill, the world’s largest food company, has been secretly amassing land from small farmers in eastern Colombia, despite a law prohibiting the practice.
Robledo insistió en señalar que el diseño de la ruta jurídica de estos negocios fue hecho por Brigard & Urrutia Abogados, la firma de propiedad de Carlos Urrutia, actual embajador de Colombia en Washington.
Entre los dos mil y cuatro mil millones de pesos Cargill habría pagado a las sociedades que la misma empresa creó, veinte días luego de haber pagado a los campesinos diez millones.
El caso CARGILL ahora en los Estados Unidos
Good-faith investment or flagrant land grab? That’s what Colombians are debating following revelations that Cargill acquired nearly 130,000 acres [52,610 ha] of former government land that had been donated to peasant farmers.
En las últimas semanas han salido a la luz pública al menos seis grandes casos de compras masivas de tierras en los Llanos que solían ser baldíos del Estado. Casi todos han tenido a Wilson Arias, representante del Polo, como protagonista.
"Es inadmisible que un funcionario como el doctor Urrutia viole la ley, por lo que es necesario que el gobierno tome medidas para que el diplomático cumpla con los mandatos legales".
Un estudio financiado por la organización humanitaria británica Oxfam advierte que la multinacional de cereales acaparó tierras en Vichada que les compró, a través de múltiples sociedades anónimas, a campesinos beneficiarios de baldíos estatales.
