Un llamado de ayuda lanzaron pequeños productores y ejidatarios mayas al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador para poner un alto definitivo al despojo de territorios con el afán de hacer crecer los capitales de los “inversionistas” y acaparadores.
Con la complicidad de autoridades civiles, agrarias y representantes ejidales en las comunidades rurales, durante los 10 últimos años ha aumentado la compra venta de tierras; pagan a 5 pesos el metro cuadrado.
Front Line Defenders identifies the root causes of violence in Brazil, Colombia, Guatemala, Honduras, Mexico and the Philippines, where more than 80% of the human rights defenders killed globally over the last four years were murdered.
Global Witness confirme la hausse continuelle du nombre de défenseurs de l’environnement assassinés. Les conflits sur l’usage des terres sont le plus souvent en cause, et les meurtres restent largement impunis.
América Latina mantuvo en 2017 el primer lugar en el ranking mundial de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente elaborado por Global Witness.
Illegal oil palm development is playing a leading role in deforestation in the Mexican state of Chiapas. Chiapas is both the most biodiverse state in Mexico and its biggest palm oil producer, responsible for 70 percent of the country’s total output.
Report gives an overview of the availability of information for land concessions in Brazil, Canada, Cambodia, Colombia, Indonesia, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mexico, Myanmar, Papua New Guinea, Peru, Republic of the Congo, and Russia.
Capt. Hosa Okunbo and his technical and financial partners from the San Carlos Group in Mexico say that the farm has already taken off with an initial $11 million investment on a 20-hectare green house vegetables farm.
El gobierno de México está delineando una reforma agraria para fortalecer los derechos de empresas privadas que hacen negocios con propietarios rurales, con miras a atraer inversión e impulsar la economía, según dos personas familiarizadas con el plan.
En México persisten alrededor de 200 conflictos en regiones indígenas, relacionados con megaproyectos y tenencia de la tierra, pues hay lugares donde se quieren pagar rentas de un dólar por hectárea.
De esta manera, denuncian, se les está obligando a privatizar su territorio, con vistas a despojar de sus tierras y territorios a comunidades y pueblos indígenas y campesinos; tierras y territorios en donde existen intereses de empresas extranjeras.
El famoso acaparamiento de tierras amenaza gravemente el medio ambiente, la soberanía alimentaria e incluso, la propia vida de las comunidades locales.
