El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, presentará en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley por el cual se prohibirá que los Estados extranjeros adquieran tierras en Uruguay.
Algunos países de América del Sur afectados por el acaparamiento de tierras comienzan a tomar medidas para contrarrestar el fenómeno.
El Poder Ejecutivo hizo suyo un proyecto de ley elaborado por legisladores del Frente Amplio. Se busca limitar la tierra en manos de extranjeros.
El secretario de Presidencia, Homero Guerrero, informó que el gobierno cruzará información con los organismos de registros de tierras, con el fin de saber que porcentaje está en manos de uruguayos y de extranjeros.
Los manifestantes exigen que se pare "la entrega de la tierra y los bienes naturales del país a la inversión extranjera que saquea nuestras riquezas, al igual que lo hacen en el resto de nuestro continente y del mundo".
La implementación de los planes de uso y manejo de los suelos que comenzó a exigir el Ministerio de Ganadería, afectará la dinámica de arrendamientos de tierras.
Argentina, Brasil y Bolivia han reaccionado al fenómeno adoptando restricciones a la propiedad extranjera de la tierra, sin embargo Grain advierte de que las barreras que están creándose contra la inversión extranjera resultan endebles.
Un estudio presentado por Gabriel Oyhantçabal e Ignacio Narbondo demuestra varios datos interesantes. Veamos apenas dos: 1) El aumento del precio promedio de la tierra en operaciones de compraventa y 2) El surgimiento del “rentista”.
Bancada de diputados oficialista no acompañó anteproyecto contra extranjerización de tierras.
El nuevo tributo, impulsado por el mandatario, tiene por objetivo desalentar la acumulación de grandes extensiones de inmuebles rurales, que junto a la extranjerización de la tierra son dos asuntos en los cuales el Gobierno de izquierda quiere legislar.
El presidente de Uruguay, José Mujica, ratificó a la dirigencia de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) que el gobierno aplicará impuestos a los propietarios de mayores extensiones de campos, y les informó que se restringirá la venta de tierras a extranjeros.
El reciente debate sucitado a raíz de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR, Ley 18.876) votada el 28/12/2011 por la bancada oficialista y con férrea oposición de los partidos de derecha y las patronales rurales, ha evidenciado las posiciones del espectro político y social de nuestro país relativas al modelo económico que defienden. No analizaremos aquí las razones jurídicas de la Suprema Corte de Justicia, sino las características del impuesto, sus efectos y, lo más interesante de todo, las posibles razones que explican los diferentes posicionamientos públicos.
