COAG da la voz de alarma: «España tiene dos años para evitar que Wall Street se adueñe del carbono de sus campos»

Epoch Times | 31 marzo 2026

COAG da la voz de alarma: «España tiene dos años para evitar que Wall Street se adueñe del carbono de sus campos»

En entrevista exclusiva con The Epoch Times España, Manuel Linares, responsable de la oficina de COAG en Bruselas y coautor del informe «La agricultura de carbono en España», detalla los riesgos reales y las 19 medidas urgentes para proteger al agricultor profesional

Miguel Díaz

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha publicado un informe con una alerta clara: España dispone de apenas dos años para regular el nuevo mercado de créditos de carbono agrícola antes de que los grandes fondos de inversión internacionales se hagan con el control.

El documento de la COAG en cuestión se ha presentado el 17 de marzo y se titula La agricultura de carbono en España: oportunidades, riesgos y propuestas desde la perspectiva profesional y social.

El detonante del trabajo de la entidad agropecuaria ha sido el Reglamento (UE) 2024/3012, aprobado en noviembre de 2024 y en vigor un mes después.

Se trata de un marco voluntario de certificación de absorciones de carbono —conocido como CRCF— que abre por primera vez un mercado europeo para que los suelos agrícolas generen créditos vendibles.

Bruselas tiene hasta el verano de 2026 para aprobar las metodologías específicas de carbon farming.

España, mientras tanto, debe transponer y completar su propia regulación nacional.

En la publicación del informe en su sitio web, COAG destaca que «España tiene dos años para evitar que Wall Street se adueñe del carbono de sus campos»

«COAG no está en contra de los mercados de carbono. Al contrario: creemos que son una oportunidad real para que agricultores y ganaderos reciban una retribución por algo que llevan décadas haciendo sin que nadie se lo pagara (fijar carbono, mantener biodiversidad, custodiar el suelo). El problema no es el instrumento; el problema es quién lo controla», comenta Manuel Linares, coautor del trabajo y responsable de la oficina de COAG en Bruselas en una conversación con The Epoch Times España.

Según cifras del IPCC —citadas en el informe de COAG—, los suelos agrícolas mundiales almacenan entre 1500 y 2400 gigatoneladas de carbono orgánico, más que toda la atmósfera terrestre.

En España, los ecosistemas mediterráneos —olivares, viñedos, dehesas— tienen un alto potencial de secuestro adicional si se mantienen o mejoran prácticas ya existentes, como cubiertas vegetales o incorporación de poda.

Sin embargo, Linares advierte que el vacío regulatorio actual está permitiendo que los contratos los diseñen los compradores, y no los agricultores.

«Los compradores son, en muchos casos, fondos de inversión que buscan activos de bajo coste con los que compensar emisiones en otros sectores», explica.

«El modelo que se está instalando por defecto es el anglosajón: el agricultor cede derechos sobre el carbono de su suelo a cambio de un pago único, normalmente bajo, y pierde capacidad de decisión sobre su propia tierra durante décadas», describe.

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¿Por qué el riesgo es especialmente alto en España? Linares enumera tres razones concretas: la estructura agraria muy fragmentada (millones de pequeñas explotaciones con poca capacidad de negociación), la presión económica sobre las explotaciones familiares y el vacío regulatorio que no fija precio mínimo ni transparencia.

Por eso, el dirigente agropecuario advierte que si no se actúa antes de 2027-2028, el mercado se consolidará bajo reglas impuestas por operadores privados: «Los contratos se habrán firmado, los operadores habrán captado la mayor parte del territorio con potencial, y cualquier regulación posterior llegará tarde».

Las cuatro medidas prioritarias de COAG

El informe de COAG formula 19 propuestas articuladas en seis ejes. Linares destaca cuatro como prioritarias e imprescindibles:

Primera, la creación de un registro oficial de créditos de carbono agrícola con validación pública.

«Sin trazabilidad independiente, cualquier mercado es opaco. Necesitamos saber quién emite, quién compra y a qué precio, con verificación técnica independiente y auditable», afirma.

Segunda, establecer un precio mínimo de referencia para el crédito.

«No un precio fijo, sino un suelo por debajo del cual no se pueda contratar. De lo contrario, la competencia a la baja entre agricultores con necesidad de liquidez devalúa el mercado entero y beneficia exclusivamente al comprador».

Tercera, la promoción de fórmulas colectivas de comercialización a través de cooperativas.

«Un olivarero con tres hectáreas no puede negociar en igualdad con un fondo de inversión. Diez mil olivareros agrupados, sí», expone.

Cuarta, el reconocimiento explícito del agricultor y el ganadero profesional como los titulares prioritarios del crédito generado en su explotación. Linares dice que «parece obvio, pero no está recogido en ninguna norma española».

«Mientras no lo esté, hay un vacío que los intermediarios explotan», apunta.

¿Cuánto podría ganar un agricultor?

Delta del Ebro, Tarragona – 11 de agosto de 2024: Agricultor desmalezando un campo de arroz en el Delta del Ebro, Tarragona, España. Foto: Carlovis / Shutterstock

¿Qué cambiaría para el agricultor medio si el Gobierno adoptara estas recomendaciones? Linares pone ejemplos concretos. Un olivar andaluz en manejo regenerativo puede secuestrar entre 1 y 3 toneladas de CO₂ equivalente por hectárea y año. A precios razonables, eso supondría entre 30 y 90 euros por hectárea y año. Para una explotación familiar de 20 hectáreas, entre 600 y 1800 euros anuales adicionales.

En el caso del ganadero extensivo de Castilla, los sistemas de dehesa bien gestionados tienen «un potencial incluso mayor» en carbono, biodiversidad y agua.

Los riesgos que se evitarían son claros: contratos de 20 o 30 años sin entender las implicaciones, cesión de derechos que limitan decisiones agronómicas y que el beneficio real acabe en manos del intermediario.

Linares cierra con un mensaje directo a los ministros de Agricultura y de Transición Ecológica: «Tienen ustedes una ventana de oportunidad que se cierra. No en décadas. En meses. […] Les pedimos tres cosas concretas y realizables. Un registro nacional de créditos de carbono agrícola antes de que acabe la legislatura. Un precio mínimo de referencia que proteja a los agricultores con menos capacidad de negociación. Y el reconocimiento legal explícito del agricultor y el ganadero profesional como titular del carbono que produce su tierra».