En el pronunciamiento final del encuentro, detallaron que el acaparamiento de tierras que han hecho las empresas aceiteras, ha acelerado la pérdida de soberanía alimentaria “y de los conocimientos tradicionales que las mujeres tenemos para la producción de alimentos y la preservación de semillas”.

La FIDH, Global Witness y Climate Counsel han tenido conocimiento de que para junio de este año se espera una decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las acusaciones de crímenes contra la humanidad derivadas del acaparamiento de tierras.

El 40% del territorio argentino, 65 millones de hectáreas, está en manos de 1.200 terratenientes. ¿Quiénes son, cuáles son los orígenes del latifundio y por qué cada vez hay más propietarios extranjeros? Claves de un informe reciente elaborado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA).

El Supremo Tribunal Federal de Brasil estudia un caso de venta ilegal de tierras propiedad de pueblos indígenas, tras una investigación de la BBC

Indígenas de Brasil y Colombia demandaron el miércoles al minorista Casino en un tribunal francés por la venta de carne relacionada con el acaparamiento de tierras y la deforestación en el Amazonas, dijeron activistas involucrados en la demanda.

Un entramado de corrupción y complicidades privatizó 546 mil hectáreas de territorio ejidal en la península de Yucatán en 20 años. La herramienta para este despojo fue un uso faccioso de la ley agraria.

Según el reporte, se descubrió que acaparadores de terrenos en la selva amazónica están vendiendo parcelas ilegales a través de Facebook.

Las tierras estaban en manos de la multinacional Arauco (ex Alto Paraná) que es la empresa forestal más grande del país: tiene posesión jurídica de cerca del 70 por ciento de Puerto Piray -ubicado en el oeste misionero- y el 30 por ciento de la provincia de Misiones.

Un recurso educativo que desmiente mitos utilizados para privatizar la tierra en todo el mundo, al tiempo que proporciona hechos sobre cómo los sistemas de tenencia consuetudinarios son fundamentales para proteger los medios de vida y garantizar el desarrollo sostenible para las personas y el planeta.

De todas las estancias habilitadas (41 en Santa Cruz y 1 en el Beni), el 62 % pertenece a empresarios bolivianos y el 38 % a capital extranjero, sobre todo de Brasil y en menor medida Argentina.

El 5 de febrero, unidades armadas de la Policía Nacional de Honduras desalojaron por la fuerza a los grupos campesinos Unidos al Campo y Mujeres y Hombres de Fe de las tierras que los campesinos recuperaron y comenzaron a trabajar hace más de 12 años.

Marcial Acosta, uno de los líderes de la comunidad, informó que se dirigirán hasta Asunción para seguir con sus reclamos ya que en vez de proveerles de tierras, funcionarios realizan la venta de propiedades públicas a extranjeros.