El 5 de febrero, unidades armadas de la Policía Nacional de Honduras desalojaron por la fuerza a los grupos campesinos Unidos al Campo y Mujeres y Hombres de Fe de las tierras que los campesinos recuperaron y comenzaron a trabajar hace más de 12 años. El terreno era originalmente terreno ejidal, baldío. Al momento del desalojo había un huerto de frutas, sembras de frijol y maíz y más de 40 viviendas familiares en el terreno, todo producto del trabajo de los grupos campesinos. Durante el desalojo, la policía amenazó a los miembros de la comunidad, arrestó a una mujer (luego liberada) y destruyó todas las casas y los cultivos con equipo pesado.
El desalojo y la destrucción causaron una indignación generalizada, ya que se produce en medio de una crisis social, agrícola y alimentaria provocada por las acciones y la inacción del gobierno durante el COVID19 y los dos grandes huracanes que azotaron el país a finales de 2020.
Ambos grupos campesinos están afiliados al Central Nacional de los Trabajadores del Campo-CNTC que el 25 de enero celebró 36 años de lucha por los derechos a la tierra y la soberanía alimentaria en Honduras.
Franklin Almendares, Secretario General de la CNTC, denunció el desalojo como completamente injustificable, especialmente cuando el hambre y la falta de vivienda están en niveles de crisis y aumentan a diario, la gente está huyendo del país, mientras el gobierno "usa todos los pretextos para criminalizar a los defensores de la tierra y desplazar a las comunidades de forma permanente "en lugar de reconstruir y aumentar la producción agrícola de alimentos. Otro miembro de la dirección nacional de la CNTC, Melvin Orellano escribió sobre el desalojo que, "..... Un grupo delictivo formado por magistrados del gobierno, jueces, policías militares, paramilitares, en confabulación con los terratenientes hoy hacen una acción mas para destruir la paz y sembrar el terror en el pueblo".