Argentina, Brasil y Bolivia han reaccionado al fenómeno adoptando restricciones a la propiedad extranjera de la tierra, sin embargo Grain advierte de que las barreras que están creándose contra la inversión extranjera resultan endebles.
Un estudio presentado por Gabriel Oyhantçabal e Ignacio Narbondo demuestra varios datos interesantes. Veamos apenas dos: 1) El aumento del precio promedio de la tierra en operaciones de compraventa y 2) El surgimiento del “rentista”.
Bancada de diputados oficialista no acompañó anteproyecto contra extranjerización de tierras.
El nuevo tributo, impulsado por el mandatario, tiene por objetivo desalentar la acumulación de grandes extensiones de inmuebles rurales, que junto a la extranjerización de la tierra son dos asuntos en los cuales el Gobierno de izquierda quiere legislar.
El presidente de Uruguay, José Mujica, ratificó a la dirigencia de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) que el gobierno aplicará impuestos a los propietarios de mayores extensiones de campos, y les informó que se restringirá la venta de tierras a extranjeros.
El reciente debate sucitado a raíz de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR, Ley 18.876) votada el 28/12/2011 por la bancada oficialista y con férrea oposición de los partidos de derecha y las patronales rurales, ha evidenciado las posiciones del espectro político y social de nuestro país relativas al modelo económico que defienden. No analizaremos aquí las razones jurídicas de la Suprema Corte de Justicia, sino las características del impuesto, sus efectos y, lo más interesante de todo, las posibles razones que explican los diferentes posicionamientos públicos.
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Governments in a number of countries are trying to address concerns about land grabbing by closing their borders to foreign investors. Are these restrictions effective? Not really, says GRAIN.
Luego de la reunión de la Dirección Nacional, el sector de izquierda expresó que “es imprescindible la creación de herramientas tributarias para contrarrestar” a los productores extranjeros.
Avanza en la región la compra de tierras por parte de empresas; en Uruguay, anteproyectos para frenar extranjerización están en la órbita del Poder Ejecutivo.
La propiedad y la productividad de la tierra así como los tributos que sobre ella puede resolver un gobierno son temas emergentes de la agenda política nacional luego que se declarara inconstitucional el ICIR.
Mientras se debate la extranjerización de la tierra en Uruguay iba creciendo otra corriente de signo contrario: inversores uruguayos salían de fronteras y se lanzaban a la conquista del campo en Paraguay.
El Poder Ejecutivo encontrará una modalidad diferente, pero dentro de la misma línea, para cobrar el Impuesto a la Concentración del Inmueble Rural (ICIR) ante la eventualidad que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declare inconstitucional al tributo.
