Comidas contaminadas

Enclavado entre Brasil y Argentina, en el corazón de América del Sur, Paraguay es el cuarto exportador de soja del mundo. Sin embargo, las repercusiones sociales y ambientales de la industria paraguaya de la soja se han sometido a un escrutinio escaso en comparación con el de sus enormes vecinos.

Esto se debe en parte a que la producción de soja en Paraguay genera menos deforestación. La soja se cultiva principalmente en la fértil zona este del país, que ya había perdido la mayor parte de sus bosques en los albores del siglo xxi.

No obstante, como demuestra la investigación de Global Witness, esta situación ha alentado a las empresas occidentales a hacer la vista gorda ante violaciones generalizadas de derechos humanos. En el núcleo de la producción de soja de Paraguay, las comunidades rurales están padeciendo desalojos ilegales, ataques armados, intoxicación por fumigaciones ilegales y criminalización, todo ello por un afán de obtener tierra en la que cultivar soja para la exportación.

En 2022, viajamos al este de Paraguay para investigar este conflicto.

Visitamos diversas comunidades indígenas y campesinas en cuatro de los principales departamentos de cultivo de soja de Paraguay, con el fin de reunir pruebas de las violaciones de derechos e identificar a los productores de soja responsables.

Observamos que el Estado paraguayo ha abocado al desamparo a las comunidades, que se ven indefensas ante la intensa expansión de la industria agrícola a gran escala. Fuimos testigos de los esfuerzos de las comunidades de defensores de la tierra y el medio ambiente por ofrecer resistencia. Y documentamos la vinculación que existe entre las denuncias de violaciones de los derechos humanos y algunas de las empresas más importantes del mundo.

El 90 % de la cosecha de soja de Paraguay se exporta, y estas exportaciones las gestionan inmensas multinacionales de productos básicos que controlan el comercio mundial de los cereales y oleaginosas. Cerca del 40 % de las exportaciones de soja de Paraguay las gestionan únicamente dos de estas empresas: Cargill y ADM. Juntos, estos gigantes estadounidenses dominan la economía paraguaya y perciben una enorme cantidad de ingresos de la tierra paraguaya.

Para cada uno de los conflictos comunitarios que detectamos, determinamos quiénes eran los comerciantes que compraban soja a aquellos productores que cometían violaciones de derechos humanos. En todos los casos, encontramos vínculos con ADM o Cargill. En dos, también descubrimos vínculos con un tercer gigante estadounidense: Bunge.

A continuación, trazamos el viaje que seguía esa soja posteriormente. El 80 % de la cosecha mundial de soja se destina a la alimentación animal. A partir de datos de los envíos y entrevistas a personas que trabajan en los sectores pertinentes, logramos delimitar las rutas por las opacas cadenas de suministro que relacionan las violaciones de los derechos en Paraguay con dos de las mayores empresas cárnicas de Europa.

Una de las rutas nos llevó a 2 Sisters, la mayor empresa de producción de pollo del Reino Unido, proveedora de gigantes corporativos como Tesco, Marks and Spencer, KFC y Nando’s.

La segunda nos llevó a Danish Crown, la mayor empresa de transformación de carne de Europa, que suministra a un gran número de los principales minoristas del continente, entre ellos, Sainsbury’s, Carrefour, Intermarché, Lidl y Netto.

Las compras históricas y continuadas de soja por parte de los comerciantes a agricultores paraguayos que han violado derechos humanos básicos representan atroces incumplimientos de las normas internacionales de las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, las empresas europeas que hemos identificado en nuestra investigación heredan sin demasiadas contemplaciones esos incumplimientos e incluso los incorporan a los compromisos voluntarios de sostenibilidad que han adoptado para garantizar que la soja de sus cadenas de valor «se produzca de forma responsable» para 2025.

Nuestra investigación demuestra que las empresas implicadas han adoptado lo que nosotros consideramos una trampa contable: la llamada «certificación de balance de masas». Mediante este sistema —aparentemente diseñado para contribuir a sanear las importaciones de soja de Europa—, se mezcla soja procedente de explotaciones como las que visitamos en Paraguay en remesas con una certificación nominal, lo que provoca que la mayoría de las importaciones de soja paraguaya de Europa procedan parcialmente de un origen turbio.

La aceptación y promoción de esta soja supuestamente «sostenible» por los propios comerciantes, las empresas de alimentación animal a las que abastecen, las explotaciones industriales, los procesadores de carne y los minoristas de grandes marcas mencionados en este informe constituyen una negligencia disfrazada de sostenibilidad y garantizan el riesgo de que se violen derechos humanos en estas cadenas de suministro.

Nuestra investigación demuestra que, como resultado de esos fallos, es probable que millones de consumidores europeos de productos de 2 Sisters y Danish Crown también estén comprando productos fabricados a expensas de los derechos humanos fundamentales de comunidades indígenas y campesinas de Paraguay.

Global Witness envió sus hallazgos a todas las empresas implicadas. Prácticamente todas las que nos respondieron afirmaron que investigarían lo que consideraban violaciones de sus políticas en materia de derechos humanos y territoriales. Todas las respuestas recibidas se resumen en la tabla que aparece a continuación y algunas se incluyen en este informe.

Los Gobiernos europeos hace tiempo que adquirieron el compromiso de poner fin a la complicidad de las empresas en los daños y perjuicios en materia de derechos humanos y de medio ambiente.

La Unión Europea (UE) ha propuesto recientemente dos instrumentos legislativos que obligan a las empresas a eliminar de sus cadenas de valor las violaciones de derechos humanos y las agresiones contra el medio ambiente y el clima.

El reglamento sobre la deforestación y la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad que se han propuesto exigirán a las empresas que lleven a cabo controles de sus cadenas de suministro (conocidos como «diligencia debida») para determinar las repercusiones que tienen y podrían tener, para evitar que sus actividades contribuyan a causar más daños y perjuicios y para abordar aquellos que ya se hayan producido.

Este proceso podría contribuir a la erradicación de estas malas prácticas de las cadenas de valor de las empresas, especialmente en el caso de los productos agrícolas polémicos, como la soja.

Sin embargo, estas propuestas aún se están negociando y resulta crucial garantizar que la rendición de cuentas que exijan sea suficiente.

Las campañas de presión de la industria, que incluye a muchos de los comerciantes y empresas de alimentación animal mencionados en esta investigación, han propuesto que las nuevas normas sobre deforestación acepten sistemas de certificación falibles que garantizarían la continuidad de las importaciones de soja manchada por el acaparamiento de tierras y las vulneraciones de los derechos humanos. Si bien el Parlamento Europeo se está esforzando por oponer resistencia, el reglamento sobre la deforestación propuesto por la UE solo se aplicará a los casos de derechos humanos relacionados con una deforestación reciente, con lo que no abarcará los casos como los mencionados en este informe.

El proyecto de directiva de la UE sobre diligencia debida en materia de derechos humanos también tiene muchas fisuras. Podría ser que empresas como ADM y Cargill no estuvieran obligadas a ejercer la diligencia debida con todos los agricultores de los que se abastecen, como los de Paraguay que reveló nuestra investigación.

También se ha instado al Gobierno del Reino Unido a que introduzca una legislación similar sobre diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente para las empresas, pero este aún no ha propuesto planes concretos para hacerlo. Por otra parte, algunos de los casos de este informe podrían abordarse en el marco del anexo 17 de la Ley de Medio Ambiente de 2021. Sin embargo, este anexo exige que la Secretaría de Estado formule otra normativa antes de que pueda pedirse cuentas a las empresas como las de este informe y las fechas previstas para su aprobación están en el aire. 

Deben imponer normas sólidas y ejecutables que responsabilicen a las empresas de la eliminación de los daños y perjuicios en materia de derechos humanos y de medio ambiente producidos en sus cadenas de suministro y de la provisión de reparación cuando estos se produzcan. 

Las comunidades campesinas indígenas y marginadas afectadas por violaciones de los derechos humanos en las zonas rurales de Paraguay dependen de ello.

• La producción de soja en Paraguay está fomentando una oleada de conflictos y desposeimientos que afecta tanto a los pueblos indígenas del país como a las comunidades de pequeños agricultores, o campesinos.
• En 2022, Global Witness visitó varias de las comunidades afectadas en diferentes puntos de cuatro de los principales departamentos productores de soja de Paraguay: Alto Paraná; Candindeyú; San Pedro y Caaguazú.
• En ese viaje, documentamos una gran cantidad de graves violaciones de derechos humanos: desalojos forzosos, ataques armados, intoxicaciones químicas, amenazas, intimidaciones y la criminalización de comunidades que reivindicaban legítimamente sus tierras.