13 de octubre de 2022
El brazo del sector privado del Banco Mundial, la CFI, debe dejar de financiar la agricultura industrial
13 de octubre de 2022
Estimadas(os) gerentes y directoras(es) ejecutivas(os) de la CFI:
A raíz de una campaña pública en la que se ha instado a la CFI a reconsiderar un préstamo de 200 millones de dólares al gigante de la agroindustria Louis Dreyfus (LDC), la CFI se ha comprometido a presentar toda su cartera de agroindustria a la Junta del Grupo del Banco Mundial para su revisión. Mientras la Junta lidia con el enfoque de la CFI sobre este sector, las organizaciones abajo firmantes, por medio de la presente, solicitan que se aproveche esta oportunidad para:
● Abordar los numerosos impactos negativos de las inversiones de la CFI en la agroindustria destructiva, realizando una evaluación social y ambiental más exhaustiva de las inversiones de la CFI en el sector;
● Instar al banco a dejar de invertir en la agricultura industrial que alimenta la crisis climática, socava la seguridad y la soberanía alimentaria, así como contradice el compromiso del banco de alinear sus inversiones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de (ODS) de la ONU y el Acuerdo de París.
Los diversos y potencialmente irreversibles impactos ambientales negativos de los agronegocios industriales apoyados por la CFI incluyen emisiones excesivas de GEI en la cadena de suministro, agotamiento y contaminación del agua, deforestación y pérdida de biodiversidad. Los impactos sociales negativos incluyen enfermedades crónicas y mortales asociadas a la dependencia de los productores industriales de cultivos y ganado de los herbicidas, pesticidas y fertilizantes sintéticos, así como la contaminación del aire y el agua por los residuos animales de las operaciones concentradas de alimentación animal (CAFO) y los efluentes de los mataderos. El acaparamiento de tierras, los ataques violentos contra los defensores y defensoras de la tierra, de las y los indígenas, al igual que el desplazamiento de los pequeños agricultores, son algunos de los impactos que han sido documentados en el Sur Global y otras regiones.
El apoyo histórico de la CFI a los agronegocios industriales destructivos y el hecho de que el banco siga sin considerar adecuadamente los impactos negativos de estas operaciones durante los procesos de categorización de proyectos y de evaluación de las Normas de Desempeño (ND) exacerba la transgresión de los límites planetarios, lo que impide el desarrollo sostenible y amenaza el cumplimiento de al menos 15 de los 17 ODS (incluyendo el ODS1, No a la pobreza; y el ODS2, Hambre cero), así como el Acuerdo de París. La CFI también contribuye a que se produzca una mayor concentración en el sector alimentario, lo que aumenta la desigualdad. Los siguientes ejemplos evidencian los impactos negativos de las inversiones de la CFI en la agroindustria y destacan los riesgos que suponen para las comunidades locales y el medio ambiente:
Salala Rubber Corporation: La inversión de 25 millones de dólares de la CFI en la Salala Rubber Corporation (SRC) sigue activa y se remonta a 2008. Veintidós comunidades indígenas de Liberia acusan a la SRC de graves abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente, como la toma y ocupación por la fuerza de tierras indígenas, desalojos forzosos sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), difamación de lugares de entierro y sagrados, migraciones forzadas, educación inaccesible para niñas y niños, pago insuficiente por los servicios de los ecosistemas y violencia y acoso basados en género. La Asesoría en Cumplimiento de la Defensoría del Pueblo (CAO) emprendió una investigación en septiembre de 2020, que sirvió de base para señalar la gravedad de los presuntos impactos ambientales y sociales. Aunque la documentación de la CFI indica que muchos de estos problemas fueron identificados, no está claro si fueron efectivamente abordados o resueltos por la debida diligencia y supervisión de la CFI antes de la inversión. El proceso de cumplimiento aún está en curso.
Pronaca: A pesar de la oposición de grupos de la sociedad civil ecuatoriana y mundial, en abril y mayo de 2021 (o pon “durante el primer semestre de 2021”) la CFI concedió un préstamo de 50 millones de dólares para apoyar la expansión del mayor productor de carne y aves de corral de Ecuador. Pronaca, la cuarta corporación más grande de Ecuador, gestiona más de 115 instalaciones industriales de cerdos y aves de corral que consumen el 30% de la producción de maíz del país. Desde 2004, la CFI ha proporcionado a Pronaca 170 millones de dólares en préstamos. En 2010, las comunidades indígenas de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas presentaron una queja formal ante la CFI, afirmando que los desechos animales de las granjas de ganadería intensiva de Pronaca contaminaban los ríos locales y provocaban un aumento de los problemas de salud, incluyendo enfermedades cutáneas, respiratorias y gastrointestinales. Lamentablemente, el reclamo fue cerrado sin la debida investigación y estos graves impactos han continuado en medio de una creciente resistencia. La inversión de la CFI en Pronaca es indicativa de otras inversiones problemáticas de la CFI en la ganadería industrial, como: Mavin (Vietnam), Guangxi Yangxiang (China); MHP (Ucrania), HMH Rainbow (Uganda), y Country Bird (África del Sur), y Santa Priscila(Ecuador), entre otras.
Olam: En julio de 2022, la CFI aprobó un préstamo de 200 millones de dólares a la empresa Olam, su última inversión en una larga corriente de financiación que suma más de 560 millones de dólares en préstamos directos desde 2013 y más de 228 millones de dólares en préstamos indirectos desde 2010 para apoyar las plantaciones y molinos industriales de aceite de palma de Olam en Gabón. La última inversión forma parte del Programa Global de Seguridad Alimentaria y Crisis Nutricional del Grupo del Banco Mundial, de 5.000 millones de dólares. La inversión de la CFI apoya la compra de trigo, maíz y soja por parte de Olam Agri en sus orígenes para su entrega a las operaciones de procesamiento de Olam Agri y a otros clientes en África Occidental, Asia Meridional y Sudoriental y Oriente Medio y África del Norte. Según al menos una investigación, las plantaciones de palma aceitera de Olam han provocado la destrucción de al menos 19.000 hectáreas de selva tropical y han tenido un impacto negativo sobre la tierra y los derechos de las comunidades locales.
Nicaragua Sugar Estates Limited: En 2008, la CFI concedió un préstamo de 62 millones de dólares a Nicaragua Sugar Estates Limited, una empresa profundamente implicada en una grave crisis sanitaria nicaragüense. La Organización Panamericana de la Salud afirma que la tasa de mortalidad nicaragüense por enfermedad renal crónica (ERC) -6 de cada 10 trabajadores de la caña de azúcar- es la más alta de América Latina. En 2008, una organización local de 2.000 ex trabajadores y trabajadoras de la caña de azúcar presentó una reclamación ante la CAO, el mecanismo de recurso independiente de la CFI. Aunque los resultados del reclamo han llevado a una cierta distribución de recursos para apoyar a las y los trabajadores afectados con los gastos médicos, la crisis por enfermedades renales continúa, debido a las duras condiciones de trabajo persistentes por las inversiones de la CFI. A partir de abril de 2021, la CFI sigue invirtiendo en empresas azucareras nicaragüenses. Monte Rosa, la beneficiaria de la actual inversión, mantiene trabajadores y trabajadoras con problemas de salud similares, dolencias que están vinculadas a las operaciones de la empresa. De hecho, estos impactos han sido estudiados en 2005, por lo que ya se han documentado importantes violaciones de los derechos laborales.
BoViMa Madagascar: En 2018, la CFI aprobó una inversión de 7 millones de dólares a una empresa que quería comprar ganado cebú a los ganaderos de Madagascar y exportar la carne a los países ricos de Oriente Medio. El proyecto BoViMA se topó con un obstáculo cuando el presidente malgache, Andry Rajoelina, prohibió la exportación de cebúes el año pasado. A pesar de su objetivo de reducir la pobreza, el proyecto ha sido objeto de escrutinio por su impacto negativo en la seguridad alimentaria, ya que se abastece de cultivos comestibles para consumo humano para alimentar al ganado en una de las regiones más pobres y con mayor escasez de agua del mundo. Cuando esté en pleno funcionamiento, el matadero y el cebadero necesitarán 120.000 toneladas de pienso y 150 millones de litros de agua al año. Esta empresa ha sido acusada recientemente de acaparamiento de tierras al sur de Madagascar, específicamente en diciembre de 2021.
La CFI debe detener la financiación de la agroindustria
Por todas estas razones, las organizaciones abajo firmantes solicitan que se detenga la financiación de la CFI a los agronegocios industriales que se basan en monocultivos con uso intensivo de insumos, fertilizantes y plaguicidas sintéticos, corrales de engorde y mataderos a escala industrial, así como el uso de antibióticos profilácticos para el ganado. Todas estas prácticas conducen a resultados negativos y vulnerabilidades, como las excesivas emisiones de GEI, la deforestación, el agotamiento y la contaminación del agua y la degradación de los ecosistemas. Además, la financiación del uso de la tierra y otros recursos para alimentar a animales en lugar de seres humanos contribuye al deterioro de la inseguridad alimentaria y a la malnutrición a nivel mundial, al tiempo que impulsa el consumo excesivo de productos animales. Este escenario aumenta las tasas de enfermedades relacionadas con la dieta en las economías desarrolladas y emergentes.
Las inversiones de la CFI en la agroindustria socavan los sistemas alimentarios diversificados y agroecológicos que fortalecen la soberanía alimentaria. El Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles considera que estos mecanismos agroecológicos son un camino para lograr "la diversificación de las explotaciones y los paisajes agrícolas, la sustitución de los insumos químicos, la optimización de la biodiversidad y la estimulación de las interacciones entre las diferentes especies, como parte de las estrategias holísticas para construir con el desarrollo de fertilidad a largo plazo, agroecosistemas saludables y medios de vida seguros." Como se afirma en una carta de 2021 firmada por 280 organizaciones de la sociedad civil, la CFI y todos los bancos públicos de desarrollo (BP) están obligados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y son responsables ante el público de sus acciones, incluso en su financiación a empresas privadas.
Instamos a la Junta Directiva a que muestre su liderazgo presionando a la CFI para que aplique metodologías de selección, clasificación y evaluación mucho más rigurosas en sus procesos de diligencia debida y deje de financiar la agricultura industrial, tal y como exige el compromiso del banco de alinear sus inversiones con los ODS y el Acuerdo de París. También solicitamos formalmente una sesión informativa para la sociedad civil sobre la cartera de agricultura industrial de la CFI y los resultados relevantes de la discusión de la Junta.
Atentamente,
Firmantes
