Argentina: Dogma de Juntos por el Cambio: Demonizar todo lo posible para luego hacer negocio

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26-10-2021, Diario Junio

El asalariado de la derecha Jorge Lanata, el domingo en su programa PPT anunciaba “indios al ataque” y los presentaba como “los nuevos terroristas que incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras”. Es más, decía que reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad de un gobierno que no se inmuta. Por supuesto, en ese informe no se presentaron pruebas de ningún tipo, ni documentales, ni testimoniales, respecto del incendio del club Piltriquitrón de El Bolsón.  

Esta campaña anti indígena nos llama a reflexionar sobre varias cuestiones.  

Primero, viola legislaciones internacionales suscripto por Argentina como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que demanda a los Estados Nacionales a abandonar la senda de la monoculturalidad, del racismo y del negacionismo. Viola la legislación nacional y provincial, donde la CN en su art. 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que ancestralmente ocupan.  

Segundo, estos territorios están hiper mercantilizados en función de la expansión de la minería, la explotación petrolera, agricultura y los tremendos emprendimientos turísticos y urbanísticos, entre otros, entregado por los gobernantes de turno, en este caso por la gobernadora Arabella Carreras (la misma que pidió al gobierno nacional la Gendarmería para reprimir a la comunidad Mapuche), quien le otorgó a la empresa Laderas de Perito Moreno SA, de Joe Lewis, permiso para desarrollar en el Bolsón, un megaproyecto inmobiliario que de concretarse reconfiguraría los territorios afectando bienes naturales que hasta hace poco era protegida por su valor en agua.  

Lo que está clarito, estimado Lanata, es que los que quieren lograr un Estado dentro del Estado argentino no son las comunidades mapuches a las cuales se abomina y condena a vivir en la pobreza. Sino son los poderosos como Luciano Benetton el mayor latifundista del país y el magnate inglés amigo de Macri Joe Lewis, que ni los fallos de la Suprema Corte de Justicia de Río Negro hicieron retroceder en relación al acceso público al Lago Escondido. Personajes que vos representas desde una cámara de TV y una radio de mafiosos como Clarín.  

En medio de esto surge otro dato sustancial, de relevancia nacional que la sociedad debería saber y debatir. ¿Cuánta tierra rural de Argentina está en manos extranjeras?  

El primer relevamiento difundido en 2015 indicó que, de un total de 266.707.361 hectáreas rurales, el 6,09 por ciento estaba en manos extranjeras (16.253.279). Pero el macrismo modificó los criterios de registración (Ley 26.737, pensada para ponerle límites a la entrega indiscriminada de tierras a personas o sociedades extranjeras) y al 31 de enero de 2019 el porcentaje había bajado al 5,02 por ciento. Esa modificación fue para reducir el porcentaje y así habilitar “nuevas inversiones” de amigos suyos. Para hacerlo completo, también eliminó los controles cruzados de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP. Por supuesto los republicanos de morondangas de Cambiemos nunca dieron las explicaciones a pedidos específicos de Acceso a la Información Pública (AIP).  

Los cambios abruptos en la base de datos del RNTR, (investigación periodística de Sebastián Premici [email protected] en Cash) es apreciable en Bariloche (Río Negro), la extranjerización llegaba al 21,5%; en Cushamen (Chubut), donde ocurrió la represión de la Gendarmería que finalizó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, era del 22,9%; o el caso extremo de Lacar, en Neuquén, con un 53,38 % de extranjerización. Ese relevamiento arrojó que el 79,74% de la superficie de tierra extranjerizada del país estaba en poder del 1,35% de propietarios extranjeros que equivalen a 253 titulares.  

Otra situación que merecería algún tipo de explicación por parte del gobierno tiene que ver con Bariloche también. Al cierre del 2015, las tierras en propiedad de empresas extranjeras estaban repartidas entre Hidden Lake (Grupo Tavistock), propiedad de Joe Lewis, con 11.000 hectáreas; y el Grupo Burco, de nacionalidad belga, con 24.000 hectáreas, distribuidas en distintas fracciones de campo. Luego, Burco transfirió parte de sus campos a capitales de Qatar. Las 36.000 hectáreas (sobre un total de 169.391 hectáreas rurales) equivalen al 21,5 por ciento de extranjerización.  

En la Ley 26.726 primaba un criterio restrictivo, teniendo en cuenta que las guaridas fiscales (Panamá o Delaware) servían para la elusión o evasión de impuestos o directamente el lavado de activos. Las sociedades radicadas en esas plazas eran consideradas extranjeras por más que sus socios fueran argentinos. El macrismo modificó esta lógica. El primer informe sobre la extranjerización de la tierra elaborado en 2015 arrojó que el 7 por ciento del total de campos extranjerizados, es decir 1.113.654,85 hectáreas, estaba en manos de empresas radicadas en esas guaridas fiscales.  

Uno de los que logró “nacionalizar” sus tierras fue Bulgheroni, propietario de la sociedad Cerezas Argentinas SA que posee en Río Negro 20.957 hectáreas. En 2015, la empresa era considerada extranjera por estar radicada en Uruguay, según la información oficial a la que accedió Cash. No por nada los cambios de la ley de tierras ocurrieron luego del escándalo de los Panamá Papers.  

No es casualidad que este ataque que exacerban la discriminación vienen de la mano de Clarín, La Nación, Infobae y A24, ocurra en este momento. La razón es que el 23 de noviembre vence el plazo establecido en la Ley Nacional 26.160 que suspende los desalojos de tierras indígenas.   

No cabe duda que discriminar a las comunidades mapuches es rentable comunicacionalmente para la oposición, ya que la utiliza para profundizar aún más la grieta, para denunciar la supuesta inacción del gobierno ante el “nuevo terrorismo” y de paso rasquetear algún voto más. El aumento del nivel de racismo y odio de la derecha retrógrada es tremendo. La virulenta campaña anti-indígena, orquestada para demonizar al pueblo mapuche, está en un contexto, sin duda, de proyectos económicos e inmobiliarios en esa zona.  

La política debe abrir un debate sobre el avance de modelos de mal desarrollo en los territorios.  

En treinta años desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias y se acentuó la concentración de tierras en pocas manos: el 1% de las explotaciones controla el 36 por ciento de la tierra, mientras que el 55% de las chacras (las más pequeñas) tiene solo el 2% de la tierra. Son datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Campesinos, indígenas y académicos no tienen dudas: la desaparición de chacras y la expulsión de familias del campo tiene directa relación con el agro negocio, modelo que prioriza la exportación, dominado por grandes empresas, y deja de lado la producción de alimentos y a los productores.  
Original source: Diario Junio
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