Protestan en Honduras contra la cesión de territorios a inversionistas

31-8-2021, Avispa
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Este lunes (30), miles de personas se movilizaron en múltiples ciudades de Honduras para exigir la cancelación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, eje rector del conocido como proyecto ZEDE o Ciudades Modelo.

Las protestas ocurrieron en El Progreso, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Intibucá, Colón e Islas de la Bahía, debido a que un amplio sector de la sociedad rechaza el “régimen especial” con el que se pretenden ceder el control de grandes territorios hondureños a inversionistas para que puedan incorporar sus propios sistemas administrativos, económicos y jurídicos.

De acuerdo a un reporte de la Radio YSUCA, comunidades, colectivos y organizaciones sociales recalcaron lo urgente de esta demanda pues consideran dicho proyecto como un “Estado dentro de otro Estado, no tiene límites en inversión, expansión y control, lo que se convierte en una aberración jurídica”.

Es así que el pasado 13 de junio se creó el Movimiento Nacional Contra las Zedes y por la Soberanía,y a partir de dicha organización se han convocado movilizaciones y acciones de rechazo a las ZEDE en varios puntos del país, con el fin de declarar ciudades y municipios libres de estos proyectos. El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) menciona que ya a inicios de junio, y a través de “Declaratorias municipales”, más de 180 municipios se declararon libres de ZEDES.

Actualmente se encuentran en funcionamiento tres proyectos ZEDE en Honduras: Ciudad Morazán (Choloma), Orquídea (Colón) y Próspera (Islas de la Bahía). Además, existen otras ZEDE de las cuales la sociedad asegura no contar con ningún tipo de información al respecto. Es el caso de la ZEDE de Mariposa, la cual está catalogada como futuro “santuario de salud” por las investigaciones y prácticas médicas que allí se van a realizar.

Cabe destacar que las regiones donde se proyectan las ZEDE poseen abundantes bienes naturales, además de contar con la presencia de población indígena, cuyo contexto está afectado por distintos conflictos territoriales y la amenaza de otros proyectos extractivistas. Como consecuencia, los pueblos que mantienen la defensa de sus tierras, como l@s garífunas, son objeto de criminalización, represión y violencia que va desde el hostigamiento, hasta la desaparición forzada y asesinatos.

Protestas

En la ciudad de El Progreso la movilización inició a las 7 de la mañana y aglutinó a comunidades de Yoro y Santa Bárbara y finalizó con la toma del puente La Democracia sobre el río Ulúa, el cual conecta el Valle de Sula con el Litoral Atlántico.  

En la capital, Tegucigalpa, l@s manifestantes se concentraron  en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para movilizarse hacia la Corte Suprema de Justicia, organismo el cual se ha rehusado a declarar  inconstitucional el proyecto ZEDE.

La idea de las “ciudades modelo” surgió tras el golpe de Estado ocurrido en 2009, en un contexto de agudización de las políticas extractivistas de despojo territorial y es una idea que, como menciona el sociólogo Pablo Carías, retoma la organización territorial de décadas pasadas como los enclaves mineros y bananeros de Honduras. “Se les daba una serie de privilegios a las empresas bananeras, ya que no pagaban impuestos por la importación de cualquier equipo, ni siquiera por el uso de tierras, maderas, agua, para la construcción de sus instalaciones”, compara el investigador.

Ley para el despojo

Hace 10 años fue aprobada la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (REDs) que permitió la creación de las denominadas “ciudades modelo”. Para octubre del 2012, esta ley fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que modificaba aspectos “irreformables” de la Constitución, como el de la soberanía hondureña y la creación de poderes paralelos al gobierno. A pesar de este antecedente jurídico y tras la destitución de cuatro de cinco magistrados de la Corte Suprema, la Constitución fue modificada en junio de 2013 y posteriormente el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.

El discurso oficial de la administración de Juan Orlando Hernández asegura que la instalación de las ZEDE convertirá a Honduras en un polo de desarrollo económico de la región centroamericana, al abrir sus puertas a los mercados mundiales “con reglas altamente competitivas, estables y transparentes”, así como con la creación de empleos. Al contrario, las protestas y el movimiento en su contra a nivel nacional aseguran que el proyecto ZEDE trata de la venta del territorio, la soberanía y los derechos de todas las personas hondureñas además de que su instalación y operación provocará graves afectaciones sociales, económicas y medioambientales.

También se pone en duda al proyecto ZEDE como estrategia efectiva para combatir la pobreza: “no hay garantía de que los más pobres se beneficien, son zonas de explotación donde solo interesa el desarrollo económico de ahí”, además de limitar en numerosas ocasiones el acceso a la tierra y/o el mar para la subsistencia. “El puerto de La Ceiba ya no va a ser de los ceibeños”, aseguraron desde el Frente Común contra las ZEDE.

Una de las preocupaciones es que la legislación de las ZEDE permite al proyecto su expansión sin límites. Es el caso la ZEDE de Próspera, la cual se instalará en la isla de Roatán y ya hay previsión de su expansión hacia territorios de la ciudad de La Ceiba, en la costa atlántica del país. Esto, sin que sea aplicada la ley de consulta previa, libre e informada, como mencionan comunidades afectadas. Las ZEDE se instalaron en territorios donde supuestamente no hay habitantes, y “por lógica no es necesaria la consulta previa porque son zonas vacías y no tienen a nadie con quien consultar, aunque alrededor si haya población”, declararon integrantes del Frente Común Contra las ZEDE en La Ceiba.
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