México: La mafia agraria que privatizó la selva de Yucatán

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21-2-2021, Pie de Página
Foto: Cortesía del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Un entramado de corrupción y complicidades privatizó 546 mil hectáreas de territorio ejidal en la península de Yucatán en 20 años. La herramienta para este despojo fue un uso faccioso de la ley agraria.

Arturo Contreras Camero

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 1994 y el 2018 546 mil hectáreas de tierras de uso comunal y ejidal de la península de Yucatán cambiaron su uso y fueron parceladas o privatizadas, en detrimento de la selva de la región. Si sumamos todas las tierras privatizadas, que están dispersas, su extensión supera a la del estado de Tlaxcala.

El uso fraudulento de la Ley Agraria por parte de una mafia agraria, integrada por funcionarios y empresarios, ha permitido la apropiación de estas tierras. Antes, al permanecer bajo el dominio comunal o ejidal, se preservaba el bosque, pues prohíben su tala o urbanización, detalla el informe Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán

“El documento da una idea de la privatización, parcelamiento de tierras de uso común. Lo vemos como un proceso largo que inició en 1992, cuando se activó el programa Procede, lo que permitió poner en el mercado la tierra de los ejidos”, detalla en entrevista la doctora Gabriela Torres-Mazuera, autora del informe. “Este proceso va ganando fuerza con la entrada de los empresarios y empieza a cobrar más fuerza entre el 2010 y 2015”.

El estudio hace un análisis de los datos brindados por el Registro Agrario Nacional. Así se pudo identificar un aumento inusual en el número ejidos que parcelaron sus tierras de uso común a través de cambios de destino de la tierra, convertirlos en uso urbano. En otros casos hubo cambios a dominio pleno (privatización total). Esto se efectuó en toda la península de Yucatán entre 2014 y 2015. A la par, la velocidad con la que sucedían estos trámites incrementó. Por su naturaleza, estos trámites llevan más de un año, sin embargo, la mayoría de trámites realizados en ese tiempo sucedían en un lapso menor.

Estos cambios no solo vulneran la selva y el medio ambiente en la península; sino también dejan una fuerte repercusión social en la región. Las comunidades pierden su patrimonio rápidamente; la mayoría de ellos son jóvenes, mujeres y niños; se trata de sectores marginados de la toma de decisiones sobre los terrenos ejidales; a ellos, la venta de estas tierras afecta sustancialmente, pues no les deja herramientas o sustento para su desarrollo.

La mafia

“El asunto de la mafia tiene que ver en cómo surgen un grupo de asesores que conocen muy bien la ley y los ejidos. Este grupo de asesores vienen del sector agrario, de la procuraduría agraria, son funcionarios o exfuncionarios que participaron en el Procede; y empiezan a asesorar empresarios en términos de qué ejidos son de interés”, explica la doctora Gabriela Torres-Manuera.

“Ellos conocen a los comisarios ejidales, a los ejidatarios y saben cómo darle entrada a los empresarios; pero sobre todo, tienen la idea de cómo darle la vuelta a la ley que dice que las tierras de uso común son inalienables; y que además establece que las que tengan cubierta forestal (selva) tampoco se pueden parcelar”. Así lo asegura la también investigadora del Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, del Conacyt.

La receta, según explica la investigadora, echa mano de la capacidad de los ejidos para determinar zonas de asentamientos humanos. Los ejidos suelen tener núcleos urbanos, que pueden crecer según lo determine el consejo ejidal.

Éstos dividen la tierra comunal en pequeños predios de propiedad privada. Este fenómeno se aprovechó sobre todo en zonas cercanas a la mancha urbana de Mérida y a la zona de expansión del turismo en la llamada Riviera Maya.

Además del cambio de destino, como se denomina a esta ruta de transformar terreno ejidal en solares humanos, susceptibles, se le denomina cambio de destino, además de esta táctica, la Mafia Agraria se vale de otras técnicas, como la división de ejidos, lo que permite a los ejidatarios vender una parte de su terreno ejidal; el contrato de usufructo, principalmente usado para instalar proyectos de generación de energía eólica o solar; o la creación de sociedades de producción rural, lo que significa que un ejido se asocia con una empresa, de producción agroindustrial para rentarles tierra y mano de trabajo.

Aumento en los conflictos

Si bien este fenómeno inició a principios de los noventa, los conflictos por las tierras ejidales empezaron a aumentar sustantivamente a partir de 2012. “Empezamos a ver que había más conflictos y que los procesos empezaban a ser más grotescos”.

Al inicio, cuenta Torres-Mazuera, los esquemas de corrupción y amasiato usados entre este grupo de funcionarios y algunos líderes ejidales  eran sutiles, pero a medida que el terreno ejidal se fue vendiendo y las tierras comunales desapareciendo, la gente empezó a resentir su ausencia.

“Por ejemplo, los ejidos del norte de Mérida empezaron a ser de gran interés y muchos ejidos perdieron hasta el 80 por ciento de su territorio; muchos estaban felices de que les pagaran”, cuenta la doctora.

“Cuando las personas de ahí dejan de tener estos derechos de acceso, es donde empieza a  haber más conflicto. Ahí la gente se entera de lo que está sucediendo”, sentencia la investigadora. “Genera un sentimiento de exclusión y de injusticia. Genera muchos conflictos entre ejidos; porque a pesar de que algunos vendieron, hay otros que quieren trabajar e invaden las tierras de uso común de los otros. Está sucediendo, por ejemplo, en Quintana Roo, en Tulum, uno de los ejidos que ha sufrido tanta presión que la gente que vive ahí ya no tiene dónde sembrar dónde cultivar, dónde vivir. Se desplazan tierra adentro es sutil, pero se está dando”.
Privatización en sinergia con el Tren Maya

Este proceso de privatización de las tierras comunales, que empezó en el 93 y ha continuado por casi tres décadas, se sobrepone con uno de los proyectos estelares de la actual administración: El Tren Maya.

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Agrario, la Sedatu, ha desarrollado planes para evitar la especulación del suelo en los lugares por donde pasará el tren; pero la división de las tierras que ya se generó escapa del control de esta secretaría.

“El tren maya se sobrepone a un proceso de turistificación del territorio, se implanta en donde ya están estos ejes muy desarrollados. Ya sabemos cómo van los tramos de zonas de mucho desarrollo con otros como Calakmul, los inversionistas lo veían antes del tren, veían más interés, ahora sabemos que si hay estaciones, va a haber más desarrollo”, comenta la doctora Torres-Mazuera.

Arturo Contreras

Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.
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