3-12-2020, El Diario de Carlos Paz
Los medios de comunicación de Argentina, y la mesa de enlace, publicitaron mediáticamente las ventajas de radicarse en Uruguay dado la seguridad jurídica del país hermano tan lejana “al despojo practicado por el gobierno a la cerealera Vicentín” aunque, al conocerse detalles del oscuro manejo patrimonial de dicha firma, ya no se insistió en denunciar tal “expoliación”, ni en la promoción de las caravanas republicanas por la libertad.
Notorios comunicadores explicaron con loable sapiencia sostenida en la pauta las ventajas y elogios a una economía abierta que brinda seguridad jurídica tras la suba de las retenciones.
Sin embargo, tal masividad migratoria presentada en las imágenes televisivas y en titulares de los grandes diarios no era tal. Como tampoco se confirmó la existencia de una irreversible tendencia a abandonar nuestro país que, impulsada por la auto-denigración nacional, se auspicia señalando que aquí ya no hay futuro. Lo que es verificable es que al ciudadano argentino le resulta imposible conocer o acceder a los grandes temas en debate en Uruguay cuando coinciden con nuestra realidad:
“Se vuelve imprescindible defender la tierra”, ya que la preservación, cuidado y defensa de ese recurso natural estratégico es un problema de soberanía (Proyecto de ley)
El proyecto que busca limitar la extranjerización de la tierra, impulsado por senadores del Frente Amplio con apoyo delo bloque de Cabildo Abierto (Manini Ríos), ya tiene tratamiento parlamentario. Toma en consideración antecedentes en la legislación de Australia, Nueva Zelanda y otros. En los fundamentos de la iniciativa se cita un informe de la DIEA (Dirección de Estadísticas Agropecuarias) que señala que “en los últimos 20 años se vendieron 8,5 millones de hectáreas, que representan el 52 % de la tierra productiva del país”
El Semanario La Mañana de Montevideo cita el informe de la ARU (Asociación Rural del Uruguay), (2017) titulado “La producción en Uruguay: sus problemas del presente y los retos que se avecinan” que revela que de las 8 millones de hectáreas vendidas desde 2001 hasta ese año, el 61 % fueron compradas por sociedades anónimas, en su mayoría conformadas por capitales extranjeros, advirtiendo que durante “esos 16 años se perdieron en el país 8 mil productores familiares, principalmente debido al atraso cambiario, la suba de los costos y la caída de la rentabilidad del negocio agropecuario”.
El proyecto busca regular la adquisición por parte de extranjeros con el fin “proteger al dominio nacional, frente a la concentración ociosa y especulativa de tierras, por avatares financieros y del capital” (…) porque ‘el problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía’ (y) es el ‘talón de Aquiles’ de las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Los autores entienden que ‘la tierra y la producción que emerge de ella, representa un pilar fundamental de nuestro comercio exterior’, debido a que ‘es la base sobre la que fundamos nuestras posibilidades de salir a competir, abrir nuevos mercados y mejorar nuestro PBI, para así generar las políticas que habilitarán nuestras posibilidades de desarrollo’ (…) “el régimen se aplica a las tierras ubicadas en los suelos categorizados como rurales, sea con carácter productivo, con carácter natural o ambos”.
El proyecto establece que las personas físicas de nacionalidad extranjera, (tengan o no domicilio o residencia en el territorio), pueden adquirir el pleno dominio, lanuda propiedad o la posesión de tierras, si cumplen uno de estos cuatro requisitos: 1) tener ciudadanía legal, 2) contar con diez años de residencia continua, permanente y comprobada en el país, 3) tener hijos uruguayos y demostrar una residencia permanente, continua y comprobada en el país de cinco años, 4) estar unidos en matrimonio o concubinato con una persona de nacionalidad uruguaya, con cinco años de anterioridad a la fecha de celebración del negocio jurídico y demostrar una residencia continua, por igual término (…) No podrán adquirir tierras “personas jurídicas o empresas constituidas en un país distinto a Uruguay o cuyo capital sea en su mayoría de titularidad de personas físicas de nacionalidad extranjera o personas jurídicas constituidas en el extranjero”.
De las 8 millones de hectáreas vendidas desde 2001 hasta 2017, el 61 % fueron compradas por sociedades anónimas, en su mayoría conformadas por capitales extranjeros. La desaparición de los pequeños productores como empresarios independientes está normalmente calificada como un desastre
La mayor parte de esos campos fueron adquiridos por extranjeros, algunas personas físicas, pero mayoritariamente grandes sociedades anónimas, fondos de inversión, fideicomisos, y otras figuras jurídicas de ese tenor, en las que no puede individualizarse una persona física como propietaria.
(*) El Censo Agropecuario de 2011 muestra que los uruguayos eran titulares del 81% de las explotaciones, pero representaban menos de la mitad de la tierra productiva. La otra mitad era de extranjeros o de formas jurídicas que no permitían identificar la nacionalidad del productor. Obviamente, la mayoría son empresas extranjeras, las más grandes, las forestales.-
Los medios de comunicación de Argentina, y la mesa de enlace, publicitaron mediáticamente las ventajas de radicarse en Uruguay dado la seguridad jurídica del país hermano tan lejana “al despojo practicado por el gobierno a la cerealera Vicentín” aunque, al conocerse detalles del oscuro manejo patrimonial de dicha firma, ya no se insistió en denunciar tal “expoliación”, ni en la promoción de las caravanas republicanas por la libertad.
Notorios comunicadores explicaron con loable sapiencia sostenida en la pauta las ventajas y elogios a una economía abierta que brinda seguridad jurídica tras la suba de las retenciones.
Sin embargo, tal masividad migratoria presentada en las imágenes televisivas y en titulares de los grandes diarios no era tal. Como tampoco se confirmó la existencia de una irreversible tendencia a abandonar nuestro país que, impulsada por la auto-denigración nacional, se auspicia señalando que aquí ya no hay futuro. Lo que es verificable es que al ciudadano argentino le resulta imposible conocer o acceder a los grandes temas en debate en Uruguay cuando coinciden con nuestra realidad:
“Se vuelve imprescindible defender la tierra”, ya que la preservación, cuidado y defensa de ese recurso natural estratégico es un problema de soberanía (Proyecto de ley)
El proyecto que busca limitar la extranjerización de la tierra, impulsado por senadores del Frente Amplio con apoyo delo bloque de Cabildo Abierto (Manini Ríos), ya tiene tratamiento parlamentario. Toma en consideración antecedentes en la legislación de Australia, Nueva Zelanda y otros. En los fundamentos de la iniciativa se cita un informe de la DIEA (Dirección de Estadísticas Agropecuarias) que señala que “en los últimos 20 años se vendieron 8,5 millones de hectáreas, que representan el 52 % de la tierra productiva del país”
El Semanario La Mañana de Montevideo cita el informe de la ARU (Asociación Rural del Uruguay), (2017) titulado “La producción en Uruguay: sus problemas del presente y los retos que se avecinan” que revela que de las 8 millones de hectáreas vendidas desde 2001 hasta ese año, el 61 % fueron compradas por sociedades anónimas, en su mayoría conformadas por capitales extranjeros, advirtiendo que durante “esos 16 años se perdieron en el país 8 mil productores familiares, principalmente debido al atraso cambiario, la suba de los costos y la caída de la rentabilidad del negocio agropecuario”.
El proyecto busca regular la adquisición por parte de extranjeros con el fin “proteger al dominio nacional, frente a la concentración ociosa y especulativa de tierras, por avatares financieros y del capital” (…) porque ‘el problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía’ (y) es el ‘talón de Aquiles’ de las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Los autores entienden que ‘la tierra y la producción que emerge de ella, representa un pilar fundamental de nuestro comercio exterior’, debido a que ‘es la base sobre la que fundamos nuestras posibilidades de salir a competir, abrir nuevos mercados y mejorar nuestro PBI, para así generar las políticas que habilitarán nuestras posibilidades de desarrollo’ (…) “el régimen se aplica a las tierras ubicadas en los suelos categorizados como rurales, sea con carácter productivo, con carácter natural o ambos”.
El proyecto establece que las personas físicas de nacionalidad extranjera, (tengan o no domicilio o residencia en el territorio), pueden adquirir el pleno dominio, lanuda propiedad o la posesión de tierras, si cumplen uno de estos cuatro requisitos: 1) tener ciudadanía legal, 2) contar con diez años de residencia continua, permanente y comprobada en el país, 3) tener hijos uruguayos y demostrar una residencia permanente, continua y comprobada en el país de cinco años, 4) estar unidos en matrimonio o concubinato con una persona de nacionalidad uruguaya, con cinco años de anterioridad a la fecha de celebración del negocio jurídico y demostrar una residencia continua, por igual término (…) No podrán adquirir tierras “personas jurídicas o empresas constituidas en un país distinto a Uruguay o cuyo capital sea en su mayoría de titularidad de personas físicas de nacionalidad extranjera o personas jurídicas constituidas en el extranjero”.
De las 8 millones de hectáreas vendidas desde 2001 hasta 2017, el 61 % fueron compradas por sociedades anónimas, en su mayoría conformadas por capitales extranjeros. La desaparición de los pequeños productores como empresarios independientes está normalmente calificada como un desastre
La mayor parte de esos campos fueron adquiridos por extranjeros, algunas personas físicas, pero mayoritariamente grandes sociedades anónimas, fondos de inversión, fideicomisos, y otras figuras jurídicas de ese tenor, en las que no puede individualizarse una persona física como propietaria.
(*) El Censo Agropecuario de 2011 muestra que los uruguayos eran titulares del 81% de las explotaciones, pero representaban menos de la mitad de la tierra productiva. La otra mitad era de extranjeros o de formas jurídicas que no permitían identificar la nacionalidad del productor. Obviamente, la mayoría son empresas extranjeras, las más grandes, las forestales.-
