9-10-2020, Radio Macondo
El miércoles 8 de octubre hacia las 4:00 p.m. en la ciudad de Cali se conoció de un plan de compra de tierras en los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Asís.
La fuente que solicitó reserva de su identidad, afirmó que en una reunión interna de la estructura armada Comandos de La Frontera, van a adquirir extensiones de tierra con ofrecimientos de dinero a pobladores con previa intimidación.
El acaparamiento de tierras tiene como propósitos asegurar agronegocios legales e ilegales, y en algunos casos, operaciones extractivas.
De acuerdo con la fuente, la estrategia posibilita el lavado de activos provenientes del narcotráfico con el pago por la tierra con valores mayores a los catastrales, lo que facilita también el control social y territorial armado.
Estás operaciones que iniciaron hace unos días habrían sido conocidas por sectores militares de la Brigada XXVII de Selva del Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Naval del Sur, sectores económicos y políticos de la región.
Nuevamente las comunidades rurales se enfrentan al poder financiero y armado.
Las comunidades temerosas ante la intimidación y presión armada demandan del gobierno y el Estado el congelamiento de las compra ventas con coacción para intereses que desconocen las identidades campesinas y sus derechos territoriales.
Bogotá, 8 de octubre de 2020
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
El miércoles 8 de octubre hacia las 4:00 p.m. en la ciudad de Cali se conoció de un plan de compra de tierras en los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Asís.
La fuente que solicitó reserva de su identidad, afirmó que en una reunión interna de la estructura armada Comandos de La Frontera, van a adquirir extensiones de tierra con ofrecimientos de dinero a pobladores con previa intimidación.
El acaparamiento de tierras tiene como propósitos asegurar agronegocios legales e ilegales, y en algunos casos, operaciones extractivas.
De acuerdo con la fuente, la estrategia posibilita el lavado de activos provenientes del narcotráfico con el pago por la tierra con valores mayores a los catastrales, lo que facilita también el control social y territorial armado.
Estás operaciones que iniciaron hace unos días habrían sido conocidas por sectores militares de la Brigada XXVII de Selva del Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Naval del Sur, sectores económicos y políticos de la región.
Nuevamente las comunidades rurales se enfrentan al poder financiero y armado.
Las comunidades temerosas ante la intimidación y presión armada demandan del gobierno y el Estado el congelamiento de las compra ventas con coacción para intereses que desconocen las identidades campesinas y sus derechos territoriales.
Bogotá, 8 de octubre de 2020
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
