El diez por ciento del territorio argentino está en posesión de extranjeros, lo que constituye alrededor de 300 mil kilómetros cuadrados, según un estudio realizado por la Federación Agraria Argentina en el año 2007.
Al no existir en Argentina un cuerpo de normas que controle la adquisición de tierras nacionales por personas físicas o jurídicas extranjeras, la Senadora Nacional Silvia Giusti consideró indispensable legislar para regular esta situación y limitar la capacidad que tienen estas personas para adquirir tierras nacionales.
De esta manera Giusti envió al poder Ejecutivo un proyecto de ley con el propósito de evitar que se consolide un régimen de tenencia de tierras en manos extranjeras. “Propongo, a través de esta iniciativa, limitar el derecho de los extranjeros a adquirir tierras nacionales que superen el 2% de la superficie total de una provincia o el 10% de la superficie total de una comuna” explicó la Senadora justicialista.
Asimismo, la legisladora chubutense afirmó que “es probable que la compra de grandes extensiones de tierra obstaculice el desarrollo comunal en algunas zonas perjudicando la función social de la propiedad, la seguridad nacional y la conservación del patrimonio ambiental”.
Giusti dijo que el objetivo de la ley no es el de prohibir que los extranjeros inviertan en el país, sino que se les ponga límites y condiciones razonables con el propósito de preservar los recursos del territorio, los cuales servirán como la principal alternativa económica y estratégica en los próximos años.
La Senadora Nacional manifestó que son muchos los países que incluyen en sus legislaciones sistemas restrictivos para la compra de tierras, como por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, Irlanda, Corea del Sur, Ecuador, Guatemala, México, Canadá, Noruega, Suiza, entre otros.
Giusti apuntó contra el ex Presidente Calos Menem el cual declaró en los 90’ que “tenemos tierras en exceso”, invitando a corporaciones extranjeras y particulares a invertir en el país, al manifestar que “a partir de su gestión cada vez son más los extranjeros que invierten en vastas extensiones de tierra. Es por esto que el Estado debe encargarse de regular esta problemática interviniendo en defensa del territorio nacional y de sus habitantes”.
