20-2-2020, Servindi
El Consejo Regional de Ucayali decidió derogar la Ordenanza Regional N.º 10-2018-GRU-CR, que promovía concesiones de tierras y forestales, peligro de amenaza latente para los pueblos indígenas y sus bosques.
Dicha norma, buscaba promover y formalizar la invasión de tierras dentro de los Bosques de Producción Permanente de Ucayali, que superan las 3 millones 500 mil hectáreas de extensión.
Según indicó Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, al menos 100 mil hectáreas de bosques se encontraban bajo amenaza.
La norma, promulgada por el exgobernador Manuel Gambini, había sido criticada por varias organizaciones indígenas, la sociedad civil e incluso por las autoridades del Gobierno Central en Lima.
En octubre de 2018, el jefe del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) —organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)— solicitó formalmente que la ordenanza sea derogada "por contravenir los límites de la actuación competencial de los gobiernos regionales".
De lo contrario, anunció el titular del SERFOR, el Gobierno Central interpondría una demanda contra el Gobierno Regional de Ucayali.
Como se sabe, la facultad de redimensionar bosques de producción permanente es exclusiva del MINAGRI, y no de los gobiernos regionales.
Además, en el caso particular de Ucayali, el bosque afectado se superpone en una pequeña parte al territorio ancestral de la comunidad Santa Clara de Uchunya.
Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos también se pronunciaron.
El primero, mediante una comunicación formal al Estado peruano, advirtió que se estaría afectando el territorio de la comunidad, por lo que le solicitó derogar la ordenanza.
Mientras que la segunda a raíz de la visita oficial del relator Michel Forst al Perú, quien expresó su preocupación por el peligro de deforestación que representaba la ordenanza, en un contexto "marcado por la corrupción, el tráfico de tierras y las amenazas contra las aldeas locales".
De esa manera, las autoridades regionales optaron por derogar la norma, evitado con ello la parcelación de tierras forestales que habrían de ser luego entregadas a la agroindustria, la tala ilegal e incluso el narcotráfico.
El Consejo Regional de Ucayali decidió derogar la Ordenanza Regional N.º 10-2018-GRU-CR, que promovía concesiones de tierras y forestales, peligro de amenaza latente para los pueblos indígenas y sus bosques.
Dicha norma, buscaba promover y formalizar la invasión de tierras dentro de los Bosques de Producción Permanente de Ucayali, que superan las 3 millones 500 mil hectáreas de extensión.
Según indicó Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, al menos 100 mil hectáreas de bosques se encontraban bajo amenaza.
La norma, promulgada por el exgobernador Manuel Gambini, había sido criticada por varias organizaciones indígenas, la sociedad civil e incluso por las autoridades del Gobierno Central en Lima.
En octubre de 2018, el jefe del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) —organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)— solicitó formalmente que la ordenanza sea derogada "por contravenir los límites de la actuación competencial de los gobiernos regionales".
De lo contrario, anunció el titular del SERFOR, el Gobierno Central interpondría una demanda contra el Gobierno Regional de Ucayali.
Como se sabe, la facultad de redimensionar bosques de producción permanente es exclusiva del MINAGRI, y no de los gobiernos regionales.
Además, en el caso particular de Ucayali, el bosque afectado se superpone en una pequeña parte al territorio ancestral de la comunidad Santa Clara de Uchunya.
Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos también se pronunciaron.
El primero, mediante una comunicación formal al Estado peruano, advirtió que se estaría afectando el territorio de la comunidad, por lo que le solicitó derogar la ordenanza.
Mientras que la segunda a raíz de la visita oficial del relator Michel Forst al Perú, quien expresó su preocupación por el peligro de deforestación que representaba la ordenanza, en un contexto "marcado por la corrupción, el tráfico de tierras y las amenazas contra las aldeas locales".
De esa manera, las autoridades regionales optaron por derogar la norma, evitado con ello la parcelación de tierras forestales que habrían de ser luego entregadas a la agroindustria, la tala ilegal e incluso el narcotráfico.
