Perú, Piura: La visita del relator de la ONU que alertó a empresas vinculadas al Sodalicio

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30-1-2020, Wayka

La historia del breve y accidentado encuentro entre el relator de la ONU, Michel Forst, con un representante de las empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.

Por Álvaro Meneses

Bajo el sol que calienta los arenosos bosques secos del distrito de Catacaos, en Piura, una comitiva de las Naciones Unidas, encabezada por el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, hizo un recorrido para conocer la realidad de la comunidad campesina San Juan Bautista que denuncia haber sido despojada de casi 10 mil hectáreas de sus tierras por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.

Michel Forst, junto a su equipo y una traductora, se dirigieron el pasado viernes 24 de enero a la comunidad, específicamente a la choza de Lidia Maza Flores, una comunera que sobrevive en una franja de tierra de pocos metros, acorralada por los cercos y guardias de las empresas Agrícola Santa Regina y DEFRU SAC; ambas relacionadas a Inversiones San José, compañía dirigida por sodálites.
Zona en donde se llevó a cabo la reunión entre el relator de la ONU, Michel Forst, y miembros de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos.

Antes de llegar a la casa de Lidia, el representante de la ONU se topó con una tranquera que anunciaba los bosques secos como propiedad privada. A los minutos, un abogado que se identificó como Luis Antonio Carrillo Aliaga, se presentó como representante de la empresa Santa Regina. Esta compañía recibió el 2.078% de 818 hectáreas de tierras y 1 millón 535 mil 180 soles de Inversiones San José; mientras que DEFRU SAC recibió 1,895.40 hectáreas de esa misma empresa, luego de aceptar su participación en la administración y economía de la compañia.  

Carrillo se acercó a Forst, rechazando los servicios de la traductora que acompañaba la comitiva de la ONU, y  empezó a contarle a Michel Forst  su versión del conflicto. “(…) El problema es que nosotros tenemos los títulos de estas tierras, somos los dueños, y no sé si ellos se sienten envalentonados por su presencia (…) han llamado a su gente para invadir nuestra propiedad. Estoy realmente consternado”, dijo Carrillo en inglés.

En un tono de aparente preocupación, y con papeles en mano, Carrillo continuó: “Soy de aquí, de Piura, y el problema es que ellos (los comuneros) dicen que son los verdaderos dueños, pero nosotros tenemos los títulos de propiedad. El problema es que ellos creen que pueden cometer muchos delitos, y por eso nosotros traemos estos documentos de estas tierras, del Poder Judicial del Perú”.

Lo que el abogado de Agrícola Santa Regina tenía en sus manos era una sentencia del Juzgado Civil Transitorio de Catacaos del 10 de junio de 2019 donde declara fundada la demanda presentada por la Asociación Civil San Juan Bautista, y que luego continuó la empresa Agrícola Santa Regina, contra 10 comuneros de Catacaos por el presunto delito de desalojo por ocupación precaria. Sin embargo, el abogado olvidó agregar que esa sentencia fue apelada por los comuneros.

Sin perder el mismo tono de voz, el abogado le advertía al representante de la ONU que, mientras tenían esa conversación, entre 50 y 100 comuneros estarían cruzando los cercos de las empresas para entrar a las tierras y la policía podría estar interviniéndolos. “Por la invitación que han hecho, los señores acaban de cometer un delito y han sido grabados por la policía. Pasar cercos que no permiten el acceso a la propiedad privada”, dijo Carrillo.

Tras varios minutos abordando al relator de la ONU, el abogado de Inversiones Santa Regina finalizó: “Ustedes van a tener una reunión en nuestras tierras. Y nosotros vamos a escoltarlos. ¿Nosotros podemos participar?”.

Luego de un silencio incómodo, Michel Forst respondió breve y claro: “La reunión programada para hoy es únicamente con los comuneros”.

¿Quién es Carrillo?

Wayka pudo conocer, según testimonios de los comuneros de la zona, que Luis Carrillo también fue abogado de la Constructora Miraflores Perú, compañía cuyo domicilio fiscal es el mismo que las empresas Inmobiliaria Miraflores Perú, Agrícola Santa Regina e Inversiones San José, esta última dirigida antiguos sodálites. Todas ellas, además de estar relacionadas entre sí, están ubicadas en la Calle 28 N°150 de la urbanización Monterrico de San Borja, a la espalda de la sede central del Sodalicio.

Constructora Miraflores, por su lado, recibió 40.4271 hectáreas de tierras presuntamente apropiadas de manera irregular y que, según los comuneros de la zona, le pertenecían a la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos.

Este portal reveló en una investigación anterior que en 1998, una supuesta asamblea decidió independizar 9 mil 985.25 hectáreas de la comunidad campesina a favor de 100 comuneros, de los cuales varios desconocían el hecho o ya habían fallecido. En los años siguientes, las tierras fueron divididas y transferidas hacia una red de empresas que terminaron por venderlas a las compañías vinculadas al Sodalicio mencionadas en este reportaje.

Historias de injusticia

En medio de las tierras cercadas, la comunera Lidia Maza Flores, acompañada de una treintena de campesinos que dejaron de vivir en esos bosques tras ser desalojados, recibió a la comitiva de la ONU dirigida por el relator Michel Forst. Lidia, junto a otros nueve comuneros, fue denunciada a mediados del año pasado por la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB), vinculada al Sodalicio, por el supuesto delito de desalojo.

Frente al relator especial de defensores de los derechos humanos de la ONU, Lidia Maza recordó: “No hay una solución en el Poder Judicial. La empresa cada día va avance y avance, y cada día nos va recortando más, no hay espacio para el ganado (…) La empresa nos ha tratado de amedrentarnos a balazos, algunos comuneros han sido desalojados a punta de balazos, nosotros no nos dejamos, seguimos luchando, queremos una respuesta del juez”, denunció.

El pequeño pedazo de tierra de Lidia Maza fue escenario en 2018 de una constatación judicial que buscaba comprobar la antigüedad de la posesión de la comunera sobre esas tierras en base a la profundidad de las capas de abono que habían dejado sus animales.

En medio de la inspección dirigida por la jueza Iris Suárez Lozada, y acompañada por periodistas y campesinos de la zona, cerca de 7 sujetos con las caras cubiertas, e identificados por los comuneros como trabajadores de las empresas vinculadas al Sodalicio, se acercaron. En un inicio, la magistrada Suárez los exhortó a identificarse, y tras no obtener respuestas de ellos, pidió que se retiren.

Al terminar la actividad, los mismos sujetos volvieron armados en cuatrimotos e interceptaron al grupo de periodistas presentes para quitarles sus cámaras y grabadoras bajo amenazas. Entre forcejeos, se oyeron disparos que terminaron en el cuerpo del comunero Mariano Vílchez, atravesándole los testículos de izquierda a derecha.

Dicho episodio fue narrado al relator de la ONU, Michel Forst, que consternado intentaba tomar nota de los detalles. Tras una pausa, Forst se dirigó a los comuneros. «Yo he recibido el mandato de la ONU para viajar a diferentes países y visitar a comunidades campesinas como las de ustedes y poder saber de la situación por la que atraviesan (…) mi equipo y yo decidimos visitar las diferentes regiones, para así poder entender las amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos. Hemos tomado nota de los testimonios que serán insumos del informe que vamos a elaborar», les dijo.
Original source: Wayka
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