Bolivia: Acelerado proceso de extranjerización de tierras

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14-8-18, Comunicaciones Aliadas
Familias campesinas en Santa Cruz cultivan soya como parte del sistema de agricultura por contrato impulsado por transnacionales. /Centro Internacional para la Agricultura Tropical.

Mejores tierras agrícolas y ganaderas en manos de propietarios extranjeros que imponen modelo agroextractivista que no es sostenible en el tiempo y afecta el medio ambiente.

En diciembre pasado, el gobierno del presidente Evo Morales firmó un acuerdo con empresarios agroindustriales del departamento oriental de Santa Cruz que, a decir de la organización Fundación Tierra, dedicada a la promoción del desarrollo rural, “se alejó de la Constitución y del medio ambiente”.

El acuerdo permite la nueva delimitación de la Reserva Forestal de Guarayos, regularizar quemas ilegales de bosques desde el 2009, la libre exportación de soya, sorgo, carne de res, azúcar y subproductos, el uso de semillas transgénicas de maíz, algodón y caña de azúcar, así como de agroquímicos, la creación de asociaciones público privadas para el impulso de megaproyectos, como Puerto Busch en el río Paraguay, y que los puertos privados sobre el canal Tamengo adquieran categoría de puertos nacionales.

Según Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, “la reserva Guarayos, de más de 1 millón de Ha, más grande que el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), será eliminada casi en su totalidad con el único fin de reconocer ‘asentamientos’ e ‘inversiones’ ilegales”.

“Los agroempresarios quedaron blindados para que sus títulos de propiedad agraria con vicios de nulidad no sean objetados y revisados jurídicamente por el Viceministerio de Tierras y otras instancias de control, lo que significa que 126 predios titulados con una extensión por encima de 5,000 Ha cada uno, límite máximo establecido en el artículo 398 de la Constitución, sean regularizados”, indicó Colque.

Miguel Urioste, investigador de la Fundación Tierra, precisó en el informe “Medio siglo de la agricultura boliviana”, publicado el 30 de julio, que la ciudad de Santa Cruz es actualmente “el principal polo de desarrollo económico nacional, donde el agronegocio juega un papel central”.

“La radical reforma agraria de 1953 devolvió las tierras a las comunidades de la región andina de valles y altiplano, acabó con el régimen de servidumbre, devolvió sus tierras a las comunidades quechuas y aimaras y terminó con el modelo terrateniente semifeudal que caracterizó las relaciones sociales del agro andino-republicano hasta entonces”, añadió.

Sin embargo, la construcción en la década de 1960 de la carretera Cochabamba-Santa Cruz permitió articular el occidente con el oriente boliviano, impulsando la migración a esa región de agricultores andinos, a quienes se les entregó 50 Ha y escasa asistencia técnica y financiera.

Aunque la demanda internacional de soya promovió el cultivo y la producción de esta oleaginosa en Santa Cruz, de acuerdo con Urioste, los rendimientos de la soya boliviana son menores que los de otros países del Cono Sur, a lo cual se suma que la distancia hasta los puertos y el elevado costo de los fletes disminuyen su competitividad.

“A futuro y debido al cambio climático, se esperan variaciones en la temperatura como en la precipitación lo que reducirá aún más los rendimientos; es decir, aumentará la demanda por la expansión de la frontera agrícola. Todo esto nos permite inferir que el agronegocio en Bolivia constituye el típico modelo ‘agroextractivista’ que se expande exclusivamente a costa del medio ambiente. Es un sistema no sostenible en el tiempo”, alertó Urioste.

Agricultura por contrato
Desde el 2009 han llegado a Bolivia transnacionales como Archer Daniels Midland (ADM), Bunger y Cargill que controlan el 60% de las tierras más productivas de Santa Cruz camufladas en pequeñas y medianas propiedades, asociaciones de productores y empresas agropecuarias.

Uno de los sistemas de acumulación utilizados es la “agricultura por contrato” por la cual inversionistas van sumando parcelas de pequeños y medianos agricultores para determinado cultivo, imponiéndoles las condiciones de producción y comercialización.

Colque considera que no solo existe una suerte de “extranjerización” de la tierra, sino “la transnacionalización de la agricultura comercial a gran escala” por empresarios extranjeros que “compran medianas y grandes propiedades para establecer la agricultura comercial”.

En el informe “Empresas transnacionales en el agronegocio soyero”, publicado en junio del 2017 por la Fundación Tierra, la agricultura por contrato “ha reconfigurado la dinámica productiva externalizando los riesgos hacia los productores, así como los costos de adopción de los estándares exigidos por los mercados internacionales, un proceso que golpea de manera desigual a los pequeños productores campesinos”.

“Según la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO 2010), de los 14,000 productores de soya registrados en Santa Cruz, los grandes productores con propiedades por encima de las 500 Ha apenas representan el 2% del total y sin embargo estarían controlando cerca del 52% de la superficie sembrada de soya, mientras que los pequeños productores —en su mayoría familias campesinas— representan el 74% del total pero sólo controlan alrededor del 28% de la superficie cultivada de soya”, señala el estudio.

Estos datos revelan la desigualdad en la tenencia de la tierra y los términos comerciales desfavorables que las empresas imponen a los campesinos que aceptan la agricultura por contrato.

No obstante, sostiene la Fundación Tierra, “las organizaciones campesinas han demostrado jugar un rol importante en la mejora de los términos de intercambio entre campesinos y empresas”.

Desde el 2006 empezaron a aparecer una serie de organizaciones productivas locales para negociar con las empresas en grupo. En el 2009 estas organizaciones locales se aglutinaron en la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO) que representa a unas 10,000 familias campesinas en todo el departamento de Santa Cruz, principalmente en zonas de producción soyera.

Al 2015, la producción de las familias asociadas a la CAPPO fue de alrededor de 730,000 TM de soya por campaña agrícola, un 34% de la producción total en Santa Cruz.

No obstante, como señala Colque, el control del agronegocio cruceño por parte de transnacionales deriva en que la producción alimentaria, la actividad agrícola, la mercantilización de la tierra y todos los procesos agrarios están dirigidos por esos capitales en un proceso que “descampesina” la agricultura, porque la producción a gran escala no necesita trabajadores. —Noticias Aliadas.
Original source: Comunicaciones Aliadas
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