Indígenas paraguayos lograron que se retire proyecto de ley contra sus comunidades

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11-3-2015, Notas

Este martes, tras una movilización a la capital del país, comunidades indígenas de Paraguay lograron que el Senado retire un proyecto ley que impulsaba el “uso racional” de los territorios que habitan. Denunciaban que esto era un eufemismo para hacer avanzar la frontera sojera.

En diciembre de 2014 se presentó el proyecto que buscaba modificar el artículo 18 de la Ley 904/1981, es decir el Estatuto de las Comunidades Indígenas. La reforma fue presentada como una forma de “otorgar la posibilidad a las comunidades indígenas, propietarias de inmuebles a realizar cualquier tipo de actividad de desarrollo sustentable que ellos decidan, eligiendo de esta manera la actividad económica de su preferencia”.

La argumentación de los impulsores del proyecto señalaba también que existen en Paraguay 1.008.672 hectáreas de tierras indígenas que están en déficit porque “mantener un territorio tiene costos elevados”, por eso “este proyecto de ley pretende garantizar la sostenibilidad de las tierras indígenas”.

Pero esta argumentación no convenció a los pueblos originarios. “Nos quieren quitar lo poco que tenemos de territorio”, dijo Angel Verá, de la Federación de Asociaciones de Comunidades Guaraníes de la Región Oriental. “Toda vez que hay mala intención, así nomas luego se hace. Cada gobierno que viene trata de hacer esto. Cada gobierno debe responder a su patrón. Ahí está su interés, el único interés es el territorio indígena”, añadió Vera.

Además, al haberse impulsado el proyecto sin previa consulta a las comunidades, se violaron tratados internacionales y el convenio 169 de la OIT que garantiza este derecho.

Las modificaciones de la ley

Los cambios más cuestionados fueron por el lado del agregado de párrafos que sostienen que “las tierras podrán ser utilizadas de manera racional”. Aunque aclara que “conforme lo decida la comunidad, para garantizar la sustentabilidad de la tenencia de la tierra y un adecuado modo de vida de las comunidades indígenas”.

La modificación también iba a permitir “dentro del Marco Normativo Ambiental de la República del Paraguay, que las familias y comunidades indígenas efectivamente desarrollen actividades agropecuarias en sus tierras”.

De acuerdo a los manifestantes, estos son eufemismos que buscan abrir las tierras “para el alquiler o venta a sojeros y ganaderos”. Esto, teniendo en cuenta que varias comunidades hoy son sometidas bajo engaños o por presión a acuerdos ilegales de alquiler de tierras, que dejan sin bosques a los habitantes que viven en gran parte de la caza y la recolección.

Angel Verá señaló que no es necesaria esta modificación de la ley ya que hay muchas experiencias exitosas en comunidades indígenas, que tienen un buen desarrollo respectando sus tradiciones y modelo económico y organizativo.

El dirigente comunitario dio el ejemplo de la comunidad Fortuna, en Canindeyú, donde el mismo vive. Allí el Instituto del Indígena (Indi) les otorgó unos 120 millones de guaraníes para fortalecer su producción y, por medio de la mecanización de su chacra, tuvieron un gran incremento de productos, sin ningún tipo de asistencia técnica. “Y eso fue con un apoyo ínfimo”, subrayó.

Por eso resaltó la responsabilidad del Estado, “para presentar planes, créditos y programas enfocados a desarrollar las comunidades indígenas”. Al contrario, ahora “quieren ver como pelar territorios indígenas”.

El freno al proyecto

Este martes por la mañana llegaron a Asunción, la capital, cientos de familias indígenas que solicitaron una reunión con los legisladores. Fueron recibidos por el senador colorado Arnoldo Wiens, principal impulsor de la reforma.

Debido a la movilización y la presión popular de los meses previos obtuvieron el compromiso del retiro del proyecto. Horas después se dio a conocer una nota con la solicitud dirigida a Blas Llano, presidente del Senado, para hacer efectivo el acuerdo.



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