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Perú: Rechazan paquetazos pro inversión que amenazan territorios comunales

5-2-2015, Servindi

A la cadena de paquetes de normas pro inversión que afectan la vida, el ambiente y las tierras comunales ahora se agregan nuevas amenazas como el Proyecto de Ley 3941/PE-2014 que pretende facilitar la aplicación de derechos de servidumbre y expropiación de tierras eriazas y bienes inmuebles a favor de los inversionistas.

Así lo denunció la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) que alertó en un pronunciamiento que dicha iniciativa legal promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas pretende socavar la seguridad jurídica de los territorios comunales.

La ONAMIAP señala que dicho proyecto pone en peligro el territorio de muchas comunidades campesinas y nativas que no tienen un título de propiedad inscrito.

En tal sentido la organización demandó al Estado peruano asumir su obligación de implementar “una real política pública de titulación de comunidades (…) con un ente rector nacional”.

Asimismo, sistematizar y reconocer las reales demandas de titulación, y elaborar las directrices para la titulación con la plena participación de las organizaciones indígenas del país.

El citado proyecto se agrega a la cuestionada Ley 30230 y al DS El DS 001-2015-MEM. Este último dispone procedimientos mineros que precarizan la seguridad jurídica de las tierras y territorios comunales.

La ONAMIAP recordó que los territorios comunales son el sustento de la identidad como pueblos originarios y las mujeres indígenas son guardianas y reproductoras de esa identidad en cada una de sus comunidades.

A continuación el texto completo del pronunciamiento:

Pronunciamiento: Por la defensa de nuestros derechos territoriales. La vida es la inversión más importante. Basta de paquetazos

- DS 001-2015-MEM vulnera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas: territorio, libre determinación, consulta y consentimiento previos, libres e informados.

El gobierno peruano ha lanzado un nuevo paquetazo contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, insistiendo en buscar un crecimiento económico basado en las actividades extractivas, un modelo heredado por la dictadura fujimorista, que el gobierno profundiza en lugar de transformar y que pone las inversiones por encima de la vida y de los derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional.

El DS 001-2015-MEM, que aprueba disposiciones para procedimientos mineros que impulsen proyectos de inversión, vulnera los derechos territoriales de los pueblos indígenas al precarizar aun más la seguridad jurídica de nuestras tierras y territorios.

Las actividades extractivas como la minería y los hidrocarburos en nuestros territorios son la mayor causa de los conflictos sociales en el Perú y solo condenan al país al rol de proveedores de materias primas y mano de obra barata, violando tratados internacionales, como sucedió con la recientemente derogada “Ley Pulpín”. Saludamos la decisión y fortaleza de los jóvenes que lograron esta derogación.

La Ley 30230 inició estos paquetazos y los pueblos indígenas, con el apoyo del conjunto de las organizaciones sociales, lograremos también su derogación.

El DS 001-2015-MEM vulnera nuestro derecho a la libre determinación, protegido por el artículo cuarto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 33 establece nuestro derecho “a determinar las estructuras y a elegir la composición de (nuestras) instituciones de conformidad con (nuestros) propios procedimientos”.

Según el artículo 3.1 del citado decreto, solo se necesita el acta de la Junta Directiva que otorga la concesión del territorio a la empresa solicitante, pero la Ley 26505 señala claramente que toda decisión sobre las tierras de las comunidades exige la aprobación de no menos de los dos tercios de la Asamblea General. Para las comunidades, la Asamblea General es la máxima autoridad, la Junta Directiva cumple sus acuerdos y se sujeta a ellos.

Un Decreto Supremo tiene menor rango que una ley, que la Constitución y que los tratados internacionales. El DS 001-2015-MEM carece de todo sustento legal y la propia Defensoría del Pueblo ha señalado sus debilidades en el Oficio Nº 026-2015-DP remitido al Ministro de Energía y Minas.

El DS 001-2015-MEM vulnera nuestros derechos a la consulta y el consentimiento, previos, libres e informados, protegidos por el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia nacional e internacional y la Ley 29785 y su Reglamento. Este decreto debió ser consultado y sometido a nuestros consentimientos antes de su emisión.

A todo lo anterior se suma una nueva amenaza: el Proyecto de Ley 3941/PE-2014 presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso de la República, cuyo objetivo sigue siendo la promoción de las inversiones. Su contenido tiende a continuar socavando la seguridad jurídica de nuestras tierras y territorios comunales, facilitando la aplicación de derechos de servidumbre y expropiación de tierras eriazas y bienes inmuebles a favor de los inversionistas.

Todos sabemos que existen muchas comunidades campesinas y nativas sin título de propiedad inscrito. Todas ellas corren peligro. Exigimos al Congreso de la República archivar este Proyecto de Ley. Y demandamos al Ejecutivo una real política pública de titulación de comunidades campesinas y nativas, con un ente rector nacional, la sistematización y el reconocimiento de nuestras reales demandas de titulación, y la construcción de las directrices de esa titulación con la plena participación de las organizaciones indígenas de nuestro país.

Las mujeres indígenas sabemos que nuestros territorios son el sustento de nuestra identidad como pueblos, esa identidad de las que somos guardianas y reproductoras en cada una de nuestras comunidades. Llamamos al conjunto de organizaciones indígenas y sociales del país, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y a todos y todas aquellas que apostamos por un nuevo modelo basado en el buen vivir, en armonía con la naturaleza y con pleno ejercicio de los derechos humanos y colectivos, a unir nuestras fuerzas para decir:

¡¡¡Basta de paquetazos contra la vida y contra nuestros derechos!!

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