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Colombia: rechazo al Proyecto de Ley 133 de Baldíos, que profundizaría la concentración y extranjerización de la tierra

4-11-2014, Biodiversidad en América Latina y el Caribe

Hemos constituído un Comité de rechazo a esta iniciativa "Contra la Ley Urrutia- Lizarralde". Si como personas u organizaciones están de acuerdo con el contenido de esta carta, por favor firmarla, colocando nombre, organización y ciudad. Igualmente reenviar a los contactos que tengan.

Esta carta será presentada el día de la Audiencia Pública (fecha por definir) que se ha solicitado a la Comisión V de la Cámara, para exponer los puntos que desde las organizaciones sociales y campesinas tenemos.

Pueden enviar sus firmas al correo electrónico [email protected], desde el cual centralizaremos la recepción de las adhesiones a la carta.

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Bogotá, Octubre de 2014

Señores:

Comisión Quinta

Cámara de Representantes

Como personas preocupadas por la distribución de la tierra, la soberanía alimentaria, la protección de la producción campesina y la consolidación de la paz en Colombia, vemos con preocupación la presentación del Proyecto de Ley Número 133 de 2014, “por la cual se crean y se desarrollan las Zonas De Interés De Desarrollo Rural y Económico, y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la ley 160 de 1994”, por las siguientes consideraciones:

    Legaliza la adquisición irregular de baldíos y en consecuencia, su concentración en poder de grandes empresarios nacionales y extranjeros. Los casos ya denunciados de acaparamiento de baldíos, podrían ser presentados como los proyectos asociativos incluidos en el proyecto, los acaparadores se pasarían por gestores y de esta forma, las cuestionadas compras podrían quedar legalizadas.

    Favorece la extranjerización de las tierras, puesto que viabiliza las compras de grandes multinacionales agrícolas que han mostrado su interés en adquirir tierras en países como Colombia, concretamente en la Altillanura.

    El proyecto obliga en la práctica a que los campesinos se vinculen a los proyectos asociativos, desdibujando su autonomía y entregando las tierras a grandes empresarios.
    Las alianzas que promueve el proyecto son claramente asimétricas, ubicando a los campesinos como proveedores de mano de obra y tierras para asociarse con un gestor. Existe suficiente evidencia de cómo los costos indirectos de los proyectos productivos son transferidos en este modelo de alianzas a los campesinos.

    Contradice los acuerdos de La Habana logrados entre el gobierno y la insurgencia, que hablan de la creación de un fondo de tierras de distribución gratuita. Con las ZIDRES se pondría en peligro la disponibilidad de gran parte de los predios baldíos para alimentar dicho fondo.

    El proyecto se basa en la falsa presunción de que la economía campesina es improductiva. Desconoce que gran parte de los alimentos que se consumen en Colombia son proveídos por campesinos y además, la mayor productividad de la pequeña escala, probada desde hace décadas.

    Favorece la especulación financiera con las tierras.

    La iniciativa trata de cosa juzgada, puesto que los propósitos principales del proyecto ya fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C – 644 de 2012.

Por las anteriores consideraciones, solicitamos a los Honorables Representantes de la Comisión Quinta el archivo del Proyecto de Ley Número 133 de 2014. Igualmente, reclamamos espacios suficientes de participación para que las diferentes organizaciones interesadas puedan expresar sus reparos frente a la iniciativa.

Cordialmente,

COMITÉ PROMOTOR CONTRA LA LEY URRUTIA LIZARRALDE

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