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Colombia: Los trucos para robarse la tierra baldía

5-10-2014, Vanguardia

El hurto es tanto, pero tanto, y tan invisible, que nadie sabe a ciencia cierta cuántos lotes que debían asignarse a los pobres campesinos, están hoy en manos de gente adinerada.

El último escándalo se destapó el pasado 13 de agosto, cuando la Dijín concluyó una operación contra una supuesta trama de corrupción en San Marcos, Sucre, en la que fueron capturados ocho funcionarios y exservidores públicos, y un particular.

"Se creó una red de corrupción de trabajadores gubernamentales (notarías y oficinas de registro), que recibía dádivas para elaborar y agilizar el deslinde de terrenos baldíos del Estado, y mediante la alteración de informes y escrituras, se favoreció la titulación a personas de alto nivel económico", reza el reporte oficial.

De esa manera, los indecentes le habrían entregado a Adalberto Bula más de 500 hectáreas (h.a.) del predio "Ciénaga Amansa Guapo", con los que incrementó sus terrenos a 914 h.a. para la cría de ganado. La defraudación al erario, según la Dijín, fue de $46.000 millones.

Además de dicho beneficiario, entre los capturados están una gerente jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el director territorial del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en Sucre y un exsubdirector de Cartografía de la misma entidad. Y como si esto no fuera suficiente, el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, advirtió que "habrá nuevas capturas".

¡Ay, las mañas!

El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, cuenta que su despacho ha descubierto 65 formas jurídicas para robarse los baldíos en esta atribulada nación.

Y aunque no se sabe con certeza qué tan extensos son esos sectores, calcula que 2.5 millones de h.a. han sido usurpadas en los últimos 30 años.

"¿Por qué nos dimos cuenta? Porque la Ley de Restitución de Tierras nos obligó a hacer un estudio en todo el territorio colombiano (desde 2011). Sin esa ley, al país se lo podrían haber robado todo y no nos habríamos dado cuenta", confiesa Vélez.

Las mañas más comunes para el despojo "legal" de la tierra son las falsas tradiciones y las aclaraciones fraudulentas de linderos. Luego están el plagio de resoluciones del Incoder (entidad que define la entrega de los baldíos), suplantación de campesinos y desplazados, actas notariales pervertidas, tutelas deshonestas, levantamientos topográficos irreales y resoluciones clonadas (con un mismo documento autorizan ventas de distintos predios a varias personas), entre otros trucos.

De acuerdo con el Informe de Gestión 2013-2014 de la Fiscalía, la Unidad Anticorrupción adelanta 24 procesos "por presuntas conductas irregulares en la adjudicación de terrenos baldíos, por parte del Incoder, a personas que no tendrían derecho a ser beneficiarias y en extensiones superiores a las permitidas por ley".

El ente acusador estableció que hay cuatro maneras típicas en la comisión de estos delitos: titulación ilegal de tierras de la nación a favor de personas (o empresas) que tienen muchas propiedades; a favor de gente con grandes capitales; titulación ilícita de extensiones de tierra que exceden los límites permitidos por la Ley 160 de 1994, que normatiza el desarrollo rural; y "artificios engañosos" de particulares para obtener baldíos.

Para el Superintendente, la forma de robo más aberrante es cuando algunos jueces "mediante sentencias judiciales adjudican baldíos por prescripción adquisitiva (como cuando el dueño deja de usar una propiedad mucho tiempo, sobre todo los desplazados), cuando la ley dice que los baldíos son imprescriptibles".

El desangre a las tierras de la patria es generalizado, aunque la mayoría de ollas podridas ha logrado destaparse en Meta, Casanare, Vichada, Caquetá, la Costa Atlántica, Urabá, Magdalena Medio, Cesar y Norte de Santander.

Casos para la vergüenza

Gracias a 170 denuncias de desplazados, instauradas en la última década, la justicia envió a la cárcel el pasado mes de febrero a siete personas implicadas en despojos en Córdoba y Urabá.

Según el expediente radicado en la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, "una estructura organizada se dedicó al despojo y legalización de baldíos; mientras unos constreñían a los campesinos, otros a través de funcionarios del Incora (hoy Incoder) y con el apoyo de notarios, falsificaban documentos para cambiar las titulaciones de predios que en algunos casos fueron comprados por el Fondo Ganadero de Córdoba".

En este proceso penal fueron enviados a prisión de manera preventiva dos directivos del citado fondo, un notario, una exfuncionaria del Incora y tres particulares.

En julio de 2013, partiendo de una queja de la Subgerencia de Tierras Rurales del Incoder, la Fiscalía imputó cargos contra cinco funcionarios de esa entidad en Medellín y tres contratistas, por trámites irregulares entre 2007 y 2011 en Antioquia, que terminaron con la adjudicación de 1.500 predios baldíos.

Entre los territorios que entregaron los sospechosos a los delincuentes, hay carreteras del municipio de San Juan de Urabá.

Los beneficiarios juraron que su patrimonio no superaba los $20 millones, "pero en la investigación se encontró que tienen un capital superior a los $4.000 millones", informó la Fiscalía.

Los políticos y funcionarios procesados por las presuntas irregularidades con los baldíos se cuentan por decenas. En octubre de 2012 arrestaron al expresidente del Concejo de Florida (Valle), Aníbal Enríquez, y a su exesposa Diana Moncada, empleada de la Secretaría de Tránsito. Los sindicaron de estafa agravada en la venta de unos lotes a 10 familias de bajos recursos.

En mayo de 2011 enviaron a la cárcel al registrador de Instrumentos Públicos de San Martín (Meta), Juan Gómez Rodríguez, con imputaciones de falsedad en documento público. Le abrieron un proceso por su supuesta participación en una compraventa ilegal con baldíos de 15.000 h.a. en Mapiripán.

Y hasta a dos alcaldes de Cartagena han investigado por estos temas. En 2009, Nicolás Curi fue acusado por un aparente contrato irregular, al venderle al Club Cartagena baldíos por $2.400 millones, que no fueron pagados en plata sino en servicios, por lo que no se pudieron construir allí una viviendas de interés social que estaban planificadas.

Y en 2011 el turno fue para la alcaldesa Judith Pinedo, a quien la Fiscalía le imputó peculado en concurso con contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El caso guardaba relación con la venta de un área baldía al Hotel Dann de Cartagena (23/2/09).

La operación más grande que ha hecho la Fiscalía fue en octubre de 2012, cuando 36 personas, entre ellas cuatro trabajadores del Incoder, fueron sindicadas de intervenir ilegalmente en la entrega de 38.000 h.a. en Vichada, para 32 adjudicatarios que ni siquiera residían en ese departamento ni explotaban las tierras.

Por su parte, la Contraloría hizo una intervención especial al Incoder en el segundo semestre de 2013, encontrando "graves irregularidades en la adjudicación de baldíos".

La indagación se concentró en Meta, Vichada, Casanare y Caquetá. Entre los hallazgos hubo supuestas irregularidades con la adjudicación de 101.180 h.a. en la altillanura, adquiridas por $150.378 millones por 14 firmas jurídicas o personas naturales; y la pérdida de 52.315 h.a. otorgadas por el Incoder y 97.828 h.a. por falsa tradición, ambas por una cifra estimada de $2.8 billones.

Al finalizar su reporte, la Contraloría les dio palo a dos entidades: del Incoder, dijo que observó una "deficiente gestión jurídica en la recuperación de los baldíos acumulados irregularmente por particulares". Y de la Superintendencia de Notariado, acuñó que "no ha efectuado los procesos de investigación por las conductas desplegadas por los notarios y las fallas cometidas en la autorización de escrituras contrarias a la ley".

Lo que falta por conocer

"El agro colombiano está sumido en un desastre pavoroso", profirió el senador Jorge Robledo el 13/8/13 ante la plenaria del Senado, durante el debate más importante que se haya hecho en el Congreso sobre usurpación de baldíos.

En esa ocasión, denunció que grandes empresas, como Riopaila y la multinacional Cargill, estarían empleando al bufete de abogados Brigard & Urrutia para apoderarse de vastas extensiones en los Llanos. El hecho derivó en la renuncia de Carlos Urrutia a la Embajada en E.U., para evitar suspicacias por su participación en la firma de juristas implicada.

Hoy, Robledo se sostiene en que el agro no da sino tristezas y que "las autoridades han sido absolutamente negligentes" con el tema.

Frente al sinnúmero de quejas, el Incoder viene afinando su plan anticorrupción. Según su más reciente informe de gestión, a 2013 había detectado 31 riesgos de corrupción.

De agosto de 2010 al 31 de agosto de 2014, la entidad ha titulado o adjudicado 2"242.789 h.a., beneficiando a 74.650 familias. De dicha cifra, 1"271.756 h.a. fueron por titulación de baldíos a 44.557 familias campesinas.

Otro mecanismo aplicado es el Registro Único de Predios y Territorios (Rupta), para proteger las tierras abandonadas por causa de la violencia.

Robledo advierte que el Gobierno intentará tramitar una ley para modificar las limitaciones vigentes a la posesión de baldíos, lo que, a su juicio, facilitaría que empresas y millonarios acumularan territorio. "Santos lo anunció en su discurso del 20 de julio ante el Congreso", acota.

El superintendente Vélez señala que desde que la Ley de Restitución obligó al monitoreo de predios, se ha avanzado un 35%. El plazo que otorga la norma para cubrir todo el país es de 10 años.

A medida que eso suceda, se destaparán más horrores de robo de tierras. Eso es seguro.

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