Los directivos de la Laguna S.A., empresa de capital brasileño, emitieron un comunicado sobre los sucesos violentos en la comunidad indígena de Y’apo, donde aseguran que “son responsables directos de estos hechos de violencia el Ministerio del Interior y la Policía Nacional”, quienes supuestamente recibieron una orden judicial de restitución de la posesión y del control aleatorio emitido por un Juzgado de Saltos del Guaira “ante la peligrosidad de los invasores indígenas”. Aseguran que fiscales de Curuguaty se negaron a intervenir.
El asesor de la empresa, Luis Talavera, dijo a radio La Unión que los guardias estaban haciendo una “recorrida” y que allí se produjo el enfrentamiento. “Los guardias solamente contaban con balines de goma, hubo una recorrida y le agarraron a dos guardias y quemaron camioneta”, alegó.
“Ya se hizo una denuncia del hecho días atrás al Ministerio Público, se le intimó a los indígenas a que salgan”, indicó.
Según denunciaron ayer los nativos ava guaraní, unos 50 matones de la empresa brasileña atropellaron la comunidad, torturaron a algunos miembros e incluso tomaron de rehenes a mujeres y niños. Esto con intención de amedrentar y desalojar a los nativos que reclaman unas 5000 hectáreas de tierras ancestrales, cuyos trámites los vienen realizando desde 1999. Los nativos reaccionaron y en medio del enfrentamiento falleció un guardia de seguridad.
Sin embargo, el fiscal Lorenzo Lezcano dijo hoy que los guardias incurrieron irregularmente al intentar desalojar a los indígenas sin ninguna orden judicial. “Ellos fueron sin acompañamiento ni juez ni nada. Esas son las circunstancias”, expresó. Contradiciendo esto el argumento de la empresa.
La empresa adquirió años atrás las tierras con todos los indígenas dentro y en años anteriores ya se habían ejecutado violentos desalojos para desmontar el lugar y destinarlo a la producción intensiva de rubros agrícolas como la carne y la soja, según la Conapi.
La jueza Silvia Cuevas quien ordenó el violento desalojo de mayo pasado fue recusada por atentar contra los derechos de los pueblos indígenas en el Paraguay. La misma jueza había fallado a favor de la comunidad indígena años atrás, pero sospechosamente en el mes pasado ordenó el desalojo de los nativos. Tras su recusación la orden quedó sin efecto. Por lo tanto, la que menciona La Laguna no tiene efecto, además que no tienen potestad para actuar por cuenta propia.
La Laguna S.A. expresó una serie de acusaciones contra los indígenas, hasta de producir marihuana supuestametne, tratando de justificar el ataque. También criticaron al INDI por obstaculizar el desalojo y a la Conapi por argumentar la existencia de tierras ancestrales.
