6-8-2013, Alianza por la Soberanía Alimentaria
Desde las organizaciones de América Latina que participamos de la I Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, realizada del 5 al 6 de agosto de 2013 de agosto en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Presentamos nuestro rechazo a las compras ilegales de tierras adelantadas por varias empresas en Colombia tanto nacionales como el ingenio azucarero Rio Paila Castilla y extranjeras. Ha sido de conocimiento público la manera como se apropiaron de los baldíos de la nación, para el desarrollo de enormes proyectos agroindustriales, particularmente el caso de la multinacional Cargill, quien utilizando un sistema de fraccionamiento, compró mediante la creación previa de varias empresas, más de 50 mil hectáreas en el departamento del Vichada para la siembra de maíz y soya.
La ilegalidad de las transacciones realizadas demuestra la violación de la ley colombiana (160/94) que reglamenta el acceso progresivo a la propiedad de las tierras baldías de la nación por parte de los campesinos y trabajadores agrarios sin tierra; también la ley prohíbe de manera tajante la acumulación y concentración de tierras y para ello diseñó una serie de medidas que regulan la compra-venta y limita las adjudicaciones a la Unidad Agrícola Familiar (medida utilizada en Colombia para que una familia campesina pueda vivir de manera digna).
Asimismo, rechazamos que empresas multinacionales como Cargill se asesoren de firmas de abogados como la que presidia Carlos Urrutia (Brigard & Urrutia), quien dimitió recientemente de su cargo como Embajador ante los Estados Unidos, al desatarse este escándalo ya que recomendó a estas compañías la creación de empresas para eludir la legislación colombiana, y así acceder a grandes extensiones de tierras para el desarrollo de agro negocios y la implementación de monocultivos que agudizan la pobreza y desplaza al campesinado hacia la periferia de las ciudades.
Las organizaciones abajo firmantes instamos al gobierno colombiano a que anule la venta de tierras a inversionistas, como Cargill y Rio Paila, quienes se hicieron ilegalmente a las tierras de los campesinos. Como se ha discutido ampliamente en el país, este tipo de transacciones son una evidente infracción a la ley colombiana en vigencia.
Así mismo, exigimos al gobierno colombiano a que tenga coherencia entre lo planteado en la mesa de conversación con la guerrilla de las Farc y su política para el campo colombiano; y que no se pretenda, bajo la vieja excusa de “espantar la inversión”, “legalizar” o “sanear” dichas transacciones, como han informado medios de comunicación de Colombia, denunciado parlamentarios en el Congreso de la República y advertido las organizaciones agrarias del país. Que no se repita el caso de las tierras mal habidas ocurrido en Paraguay, donde según se conoce alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras en la dictadura de Stroessner hasta el 2003, en vez de ser destinadas a campesinos pobres, se entregaron a personas relacionadas con el gobierno y empresarios ligados al poder, constituyéndose en una gravísima violación de derechos humanos, tal y como lo señalo la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay.
Bogotá, Colombia, agosto de 2013
Suscribimos:
MAELA, COPROFAM, MESA UNIDAD AGRARIA, RECAR, CITI, RED SOBERANIA ALIMENTARIA
CENTRO AMERICA, ONIC, LA CLOC VIA CAMPESINA, ASAMBLE A DE LOS PUEBLOS DEL CARIBE, CONO SUR SUSTENTABLE, MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES, CAOI, ENLACE CONTINENTAL DE MUJERES INDIGENAS, ACCION ECOLOGICA, RALLT, FENSUAGRO, CONGRESO DE LOS PUEBLOS, CENSAT-AGUA VIVA, COALISION DE LOS PUEBLOS POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA, WFF, WSPA, AMIGOS DE LA TIERRA AMERICA LATINA, ALIANZA BIODIVERSIDAD, SWISSAID, FIAN, AGROSOLIDARIA COLOMBIA, RED DE MUJERES CAMPESINAS, FORO MUNDIAL, GRUPO SEMILLAS
Desde las organizaciones de América Latina que participamos de la I Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, realizada del 5 al 6 de agosto de 2013 de agosto en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Presentamos nuestro rechazo a las compras ilegales de tierras adelantadas por varias empresas en Colombia tanto nacionales como el ingenio azucarero Rio Paila Castilla y extranjeras. Ha sido de conocimiento público la manera como se apropiaron de los baldíos de la nación, para el desarrollo de enormes proyectos agroindustriales, particularmente el caso de la multinacional Cargill, quien utilizando un sistema de fraccionamiento, compró mediante la creación previa de varias empresas, más de 50 mil hectáreas en el departamento del Vichada para la siembra de maíz y soya.
La ilegalidad de las transacciones realizadas demuestra la violación de la ley colombiana (160/94) que reglamenta el acceso progresivo a la propiedad de las tierras baldías de la nación por parte de los campesinos y trabajadores agrarios sin tierra; también la ley prohíbe de manera tajante la acumulación y concentración de tierras y para ello diseñó una serie de medidas que regulan la compra-venta y limita las adjudicaciones a la Unidad Agrícola Familiar (medida utilizada en Colombia para que una familia campesina pueda vivir de manera digna).
Asimismo, rechazamos que empresas multinacionales como Cargill se asesoren de firmas de abogados como la que presidia Carlos Urrutia (Brigard & Urrutia), quien dimitió recientemente de su cargo como Embajador ante los Estados Unidos, al desatarse este escándalo ya que recomendó a estas compañías la creación de empresas para eludir la legislación colombiana, y así acceder a grandes extensiones de tierras para el desarrollo de agro negocios y la implementación de monocultivos que agudizan la pobreza y desplaza al campesinado hacia la periferia de las ciudades.
Las organizaciones abajo firmantes instamos al gobierno colombiano a que anule la venta de tierras a inversionistas, como Cargill y Rio Paila, quienes se hicieron ilegalmente a las tierras de los campesinos. Como se ha discutido ampliamente en el país, este tipo de transacciones son una evidente infracción a la ley colombiana en vigencia.
Así mismo, exigimos al gobierno colombiano a que tenga coherencia entre lo planteado en la mesa de conversación con la guerrilla de las Farc y su política para el campo colombiano; y que no se pretenda, bajo la vieja excusa de “espantar la inversión”, “legalizar” o “sanear” dichas transacciones, como han informado medios de comunicación de Colombia, denunciado parlamentarios en el Congreso de la República y advertido las organizaciones agrarias del país. Que no se repita el caso de las tierras mal habidas ocurrido en Paraguay, donde según se conoce alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras en la dictadura de Stroessner hasta el 2003, en vez de ser destinadas a campesinos pobres, se entregaron a personas relacionadas con el gobierno y empresarios ligados al poder, constituyéndose en una gravísima violación de derechos humanos, tal y como lo señalo la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay.
Bogotá, Colombia, agosto de 2013
Suscribimos:
MAELA, COPROFAM, MESA UNIDAD AGRARIA, RECAR, CITI, RED SOBERANIA ALIMENTARIA
CENTRO AMERICA, ONIC, LA CLOC VIA CAMPESINA, ASAMBLE A DE LOS PUEBLOS DEL CARIBE, CONO SUR SUSTENTABLE, MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES, CAOI, ENLACE CONTINENTAL DE MUJERES INDIGENAS, ACCION ECOLOGICA, RALLT, FENSUAGRO, CONGRESO DE LOS PUEBLOS, CENSAT-AGUA VIVA, COALISION DE LOS PUEBLOS POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA, WFF, WSPA, AMIGOS DE LA TIERRA AMERICA LATINA, ALIANZA BIODIVERSIDAD, SWISSAID, FIAN, AGROSOLIDARIA COLOMBIA, RED DE MUJERES CAMPESINAS, FORO MUNDIAL, GRUPO SEMILLAS
