13-8-2013, El Espectador
Hasta la plenaria de Senado llevó el congresista Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, las denuncias sobre la presunta violación de la ley por parte de un grupo de empresas que adquirieron y acumularon terrenos baldíos en el Vichada. Al cierre de esta edición, el debate aún no empezaba, sin embargo, El Espectador conoció el contenido de la presentación del legislador. En ella, la principal denuncia es que empresas como Ríopaila-Castilla, Cargill o Mónica Semillas, adquirieron miles de hectáreas en la altillanura y otras regiones mediante extrañas maniobras, a pesar de que existían advertencias de la Procuraduría y la Contraloría, y sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que dejaban clara constancia de que acumular tierras baldías no es legal en Colombia.
“Este no es un debate sobre el modelo económico del país, ni contra la producción empresarial, no es contra los ingenios azucareros ni sobre la altillanura. Este debate es sobre la violación a la ley, sobre la corrupción. Sobre poderosas empresas y prestigiosos bufetes de abogados que actuaron de forma irregular para quedarse con tierras que están destinadas a los campesinos colombianos”, expresó Robledo. Además, sostuvo que estas operaciones de adquisición de tierras eran conocidas por altos funcionarios del Estado y el mismo presidente Santos, quien, dice Robledo, desde su campaña a la presidencia de la República, dijo que “hay que acabar con la trampa burocrática de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF)”. Al mismo tiempo, el parlamentario recordó que Jorge Enrique Vélez, Superintendente de Notariado y Registro, afirmó que existen 65 modalidades de robo de baldíos.
Al debate de control político fueron citados el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñan; el superintendente de Notariado y la gerente del Incoder, Myriam Villegas. Durante la sesión se recordaron las denuncias que dieron motivo a la polémica y que consisten en que Ríopaila Castilla adquirió 35.594 hectáreas de tierras baldías en la Orinoquía a través 27 Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), o el caso de la multinacional Cargill, que compró 61.862 hectáreas mediante 40 SAS, entre otras empresas que adquirieron terrenos baldíos en los Llanos Orientales. Robledo insiste en que la Ley 160 de 1994 es clara en definir que ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos que inicialmente fueron adjudicados como baldíos si la extensión excede la UAF.
“Lo que está claro en estos casos es que estas empresas, asesoradas por grandes firmas de abogados, realizaron toda clase de maniobras, no para volver legal lo ilegal sino para ocultar la ilegalidad de la operación”, dijo Robledo, quien a su vez señaló que la Corte Constitucional en dos sentencias —una en 1997 y otra en 2012— dejó claro que nadie podía acumular tierras que inicialmente fueron baldíos. El congresista también se refirió a dos conceptos del Consejo de Estado en el mismo sentido y un documento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en que se señala que “la UAF o Unidad Agrícola Familiar es la principal barrera para el desarrollo comercial de la agroindustria a gran escala en Colombia”. A estas denuncias, los implicados han dicho que no violaron la ley, puesto que los baldíos que ellos obtuvieron habían sido adjudicados antes de la Ley 160 y no puede hacerse aplicación retroactiva de la norma. Sin embargo, el debate en el Congreso sobre la acumulación de baldíos y las garantías jurídicas para inversionistas del campo, apenas empezaba.
Congresista Jorge Enrique Robledo
Hasta la plenaria de Senado llevó el congresista Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, las denuncias sobre la presunta violación de la ley por parte de un grupo de empresas que adquirieron y acumularon terrenos baldíos en el Vichada. Al cierre de esta edición, el debate aún no empezaba, sin embargo, El Espectador conoció el contenido de la presentación del legislador. En ella, la principal denuncia es que empresas como Ríopaila-Castilla, Cargill o Mónica Semillas, adquirieron miles de hectáreas en la altillanura y otras regiones mediante extrañas maniobras, a pesar de que existían advertencias de la Procuraduría y la Contraloría, y sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que dejaban clara constancia de que acumular tierras baldías no es legal en Colombia.
“Este no es un debate sobre el modelo económico del país, ni contra la producción empresarial, no es contra los ingenios azucareros ni sobre la altillanura. Este debate es sobre la violación a la ley, sobre la corrupción. Sobre poderosas empresas y prestigiosos bufetes de abogados que actuaron de forma irregular para quedarse con tierras que están destinadas a los campesinos colombianos”, expresó Robledo. Además, sostuvo que estas operaciones de adquisición de tierras eran conocidas por altos funcionarios del Estado y el mismo presidente Santos, quien, dice Robledo, desde su campaña a la presidencia de la República, dijo que “hay que acabar con la trampa burocrática de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF)”. Al mismo tiempo, el parlamentario recordó que Jorge Enrique Vélez, Superintendente de Notariado y Registro, afirmó que existen 65 modalidades de robo de baldíos.
Al debate de control político fueron citados el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñan; el superintendente de Notariado y la gerente del Incoder, Myriam Villegas. Durante la sesión se recordaron las denuncias que dieron motivo a la polémica y que consisten en que Ríopaila Castilla adquirió 35.594 hectáreas de tierras baldías en la Orinoquía a través 27 Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), o el caso de la multinacional Cargill, que compró 61.862 hectáreas mediante 40 SAS, entre otras empresas que adquirieron terrenos baldíos en los Llanos Orientales. Robledo insiste en que la Ley 160 de 1994 es clara en definir que ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos que inicialmente fueron adjudicados como baldíos si la extensión excede la UAF.
“Lo que está claro en estos casos es que estas empresas, asesoradas por grandes firmas de abogados, realizaron toda clase de maniobras, no para volver legal lo ilegal sino para ocultar la ilegalidad de la operación”, dijo Robledo, quien a su vez señaló que la Corte Constitucional en dos sentencias —una en 1997 y otra en 2012— dejó claro que nadie podía acumular tierras que inicialmente fueron baldíos. El congresista también se refirió a dos conceptos del Consejo de Estado en el mismo sentido y un documento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en que se señala que “la UAF o Unidad Agrícola Familiar es la principal barrera para el desarrollo comercial de la agroindustria a gran escala en Colombia”. A estas denuncias, los implicados han dicho que no violaron la ley, puesto que los baldíos que ellos obtuvieron habían sido adjudicados antes de la Ley 160 y no puede hacerse aplicación retroactiva de la norma. Sin embargo, el debate en el Congreso sobre la acumulación de baldíos y las garantías jurídicas para inversionistas del campo, apenas empezaba.
