Argentina, Entre Ríos: el uso de la tierra a la deriva

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25-3-2013, El Argentino

La Argentina es el octavo país más grande del mundo con 2.766.890 kilómetros cuadrados. Y a la extensión de su territorio hay que sumarle que goza de los cuatro climas y un amplio espectro de recursos naturales que hay que leerlo en clave de inconmensurables riquezas económicas.
Si a la extensión territorial, a la bondad de su clima, a la diversidad de sus recursos naturales se le agrega una ubicación geográfica estratégica y paisajes bellos (que también generan riquezas inconmensurables), entonces será más fácil de comprender por qué hay que tener un estricto orden territorial y especialmente férreos límites a la extranjerización de la tierra.

A nivel nacional se avanzó en este tema, pero las provincias debían además de adherir elaborar un informe que en el caso de Entre Ríos es demasiado precario, rudimentario y que hoy por hoy no permite elaborar algo más concreto.

¿Por qué se ha dado la extranjerización y concentración de la tierra? La respuesta no sólo hay que buscarla por los activos ya enunciados sino esencialmente porque en la historia del Estado nacional y en las provincias y municipios ha prevalecido el desorden territorial.

Además, para que nadie sospeche que se trata de un fenómeno reciente, la extranjerización de la tierra se ha venido produciendo –a veces con excepciones a la ley y siempre de manera solapada- desde el fondo de la propia historia nacional. No es casualidad que el latifundio haya sido el padre de la extranjerización del territorio, especialmente de las regiones más ricas y menos protegidas en materia de recursos naturales y explotaciones productivas. Eso se ha podido desarrollar con la complicidad de quienes debieron velar por los recursos de todos los argentinos. Nunca mejor aplicado aquí el concepto de “vende Patria”.

Con la ley de arrendamiento –que es de esfera federal- la deuda es absoluta. En la actualidad hay aproximadamente 1.500 proyectos ingresados en el Congreso Nacional, pero ninguno aborda este tema, que desde marzo de 2003 viene reclamando la Federación Agraria Argentina (FAA).

¿Cuál es la situación en la provincia? Legislativamente, la Constitución reformada de 2008 establece en su artículo 86° que el Ejecutivo provincial promoverá la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra.

Pero al no avanzarse en una ley que le ponga límites a los pool de siembra (falta una ley al respecto), se debe soportar en la provincia el ahogamiento impositivo a los productores entrerrianos, mientras los que arriendan cincuenta o cien mil hectáreas (los pool), se llevan todo de la provincia y no pagan absolutamente nada. Quien paga es el local y quien no paga nada es el de afuera. Esta es la realidad y nadie de la legislatura –sea oficialista u oposición- tiene vocación por cambiar algo. Ni siquiera hay proyectos ingresados al respecto.

Ponerle un freno a la extranjerización de la tierra, establecer un límite a los pool de siembra e instituir una nueva norma de arrendamiento es el único camino para que el uso y la tenencia de la tierra sea parte del concepto democrático. Por eso hay una gran deuda legislativa con los pequeños y medianos productores.
Original source: El Argentino
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