MONTEVIDEO (Reuters) - El Gobierno de Uruguay, que busca gravar a las grandes extensiones de tierra en el país, aplicará un nuevo tributo al campo luego de que el impuesto vigente fuera declarado inconstitucional por el principal órgano de Justicia.
Los terratenientes estaban exentos de pagar el Impuesto al Patrimonio desde el 2001 y la medida implica terminar con ese beneficio, aunque con modificaciones respecto al régimen anterior.
"La solución (...) a través del Impuesto al Patrimonio, no es general sino que persigue el objetivo que tenía pensado el presidente: que en la medida que las extensiones sean más grandes (haya) que aportar más", dijo a periodistas el intendente de Río Negro, Omar Lafluf.
El presidente José Mujica anunció la estrategia el jueves por la noche en el Consejo de Intendentes que reúne a las 19 autoridades departamentales del país, dado que la recaudación estará destinada a mejorar caminos y carreteras, además de una partida para una futura Universidad Tecnológica en el interior.
Las autoridades esperan percibir más de 60 millones de dólares anuales.
El nuevo tributo, impulsado por el mandatario, tiene por objetivo desalentar la acumulación de grandes extensiones de inmuebles rurales, que junto a la extranjerización de la tierra son dos asuntos en los cuales el Gobierno de izquierda quiere legislar.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Gabriel Frugoni, dijo en conferencia de prensa que el tributo será aplicado a unos 1.300 o 1.400 terratenientes y que ya no estará basado en la cantidad de hectáreas.
El Gobierno no dio detalles sobre la modalidad de implementación del nuevo tributo y dijo que falta ajustar detalles.
El anterior Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) fue votado por los legisladores oficialistas en el Congreso en diciembre de 2011 y se comenzó a cobrar un año más tarde, con retroactividad.
El tributo, que será derogado en los próximos días a pedido del Poder Ejecutivo, gravaba las tierras con una extensión mayor a las 2.000 hectáreas o su equivalente según un índice de productividad local, con tasas progresivas que iban desde unos nueve hasta unos 18 dólares anuales por hectárea.
Las dos gremiales rurales más importantes del país habían instado a los afectados a que presentaran recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y unos 120 propietarios de campos iniciaron acciones legales.
El primer fallo a favor de la inconstitucionalidad fue emitido a mediados de febrero, tras lo cual el Gobierno decidió buscar un sustituto para continuar gravando la concentración de la propiedad .
(Reporte de Malena Castaldi y Felipe Llambías)
