Pero ahora el presidente ya tiene en su poder una iniciativa redactada por los senadores del Frente Amplio (FA), Enrique Rubio y Ernesto Agazzi, que propone algunas líneas generales para “atacar” el problema de la extranjerización.
Uno de los puntos incluidos en el proyecto establece que las zonas de frontera tengan un tratamiento distinto al que existe en otras partes del territorio. “La idea es hacer en toda la zona fronteriza un registro especial de la propiedad de la tierra y llevar un control mucho mas estricto de los movimientos”, dijo Agazzi a El Observador.
El legislador explicó que la extensión de esa faja, que se quiere implementar tanto en la frontera con Brasil como con Argentina, deberá ser delimitada por el gobierno, una vez que se de forma al proyecto. Según supo El Observador, una de las alternativas propuestas es que su extensión sea de 25 kilómetros.
“Nosotros no proponemos una franja muy grande porque si ponemos una franja de 100 kilómetros es un tercio de la superficie del país”, dijo Agazzi. Una medida similar ya rige en algunos países de la región como Argentina, Brasil y Paraguay.
La idea está en conocimiento de Mujica hace cuatro meses cuando le fue entregado el proyecto y se espera que el tema sea puesto en consideración del gabinete de ministros.
Si bien no existe certeza respecto a cuándo el Poder Ejecutivo hincará el diente sobre la extranjerización de la tierra, desde filas oficialistas se observa como “una buena señal” que Mujica esté hablando del tema de forma publica.
Otros de los aspectos que también se aspira a que sea considerado cuando se discuta el tema es exigir que los propietarios extranjeros comprendidos dentro de la faja se nacionalicen y adquieran la ciudadanía legal o natural.
Esa idea ya había sido manejada en 2009 por parte de Agazzi cuando estaba al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Uno de los argumentos expuestos es que un mayor control sobre los propietarios va a permitir mejorar la seguridad sanitaria del rodeo nacional.
En la actualidad gran parte de la frontera con Brasil está en manos de ciudadanos de ese país, que se dedican principalmente al cultivo de arroz y a otras actividades agropecuarias y ganaderas.
Agazzi consideró que el tema es demasiado importante para que sea una iniciativa parlamentaria y lo debe manejar el Poder Ejecutivo. “Poner la propiedad extranjera de la tierra bajo la lupa y empezar a tomar medidas es un asunto muy sensible y debe tenerse una visión del conjunto de la economía”, afirmó.
De acuerdo a los resultados del censo agropecuario de 2011, el 43% de la tierra es propiedad de personas jurídicas, la mayor parte de ellas sociedades anónimas (SA) con acciones al portador.
El territorio uruguayo tiene 16 millones de hectáreas y 8,7 millones están a nombre de personas físicas uruguayas (54%). Pero en otros 7 millones no se puede determinar a simple vista si son uruguayos o extranjeros porque se trata de SA.
Como informara El Observador el gobierno realizará una investigación para hacer un desglose y saber cuántas sociedades anónimas son uruguayas y cuántas extranjeras.
Especulación
La semana pasada el presidente volvió a poner el tema en agenda. En su audición radial de M24 dijo estar preocupado por la concentración de tierras y la especulación financiera. Cuestionó a la empresa estadounidense Tourión y se manifestó a favor de encontrar modificaciones en el campo del derecho. Mujica dijo que no es una ilegalidad sino que se aprovechan las ventajas legales y jurídicas que ambientan este tipo de situaciones
