Las comunidades campesinas de la provincia de Niassa en Mozambique se enfrentan a la inseguridad alimentaria y a violaciones de su Derecho a la Alimentación debido al establecimiento a gran escala de plantaciones de árboles. Los campesinos de los distritos de Lago, Lichinga y Sanga han perdido el acceso a la tierra que utilizaban para la producción de alimentos y también a los bosques naturales. Las plantaciones también conllevan el riesgo de una disponibilidad de agua deficiente y de serios impactos ambientales. Debido a que la agricultura familiar es la principal fuente de sustento en la región, el establecimiento de plantaciones de árboles perjudica el disfrute del derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua de las comunidades campesinas en el área del proyecto.
Suecia ha fomentado y financiado el establecimiento de plantaciones de árboles en Niassa y no ha tomado medidas para asegurar que los inversionistas suecos no impidan o perjudiquen el disfrute de los derechos humanos de la población local.
Este caso necesita de su Acción Urgente, exigiéndole al gobierno sueco a través de cartas: que lleve a cabo una evaluación de los impactos de su Plan de Ayuda al Desarrollo sobre los derechos humanos en Mozambique, que regule a los inversionistas que operan desde Suecia y que introduzca un mecanismo de monitoreo que siga de cerca las actividades empresariales de las compañías.
Antecedentes
Mozambique es uno de los países más pobres del mundo. Alrededor de un 35 por ciento de los hogares mozambiqueños sufren de inseguridad alimentaria crónica y un 46 por ciento de todos los niños menores de 5 años de edad están desnutridos. Un 80 por ciento de la población vive en áreas rurales y depende de la agricultura de subsistencia y del uso de los recursos naturales para su sustento. Especialmente, las mujeres cumplen un papel importante cuando se trata de garantizar un suministro alimentario adecuado a sus familias.
Con el fin de impulsar el desarrollo, el gobierno mozambiqueño y donantes como Suecia, han fomentado activamente la inversión privada a gran escala para la plantación de árboles durante muchos años. La estrategia nacional de reforestación tiene como objetivo establecer plantaciones de árboles en 1,3 millones de hectáreas durante los próximos 20 años. La provincia de Niassa al norte del país es una de las áreas, en las que se están ubicando las plantaciones actualmente. De acuerdo a cifras recientes, son seis las compañías que operan en un área total del proyecto de 550.000 hectáreas, de las cuales alrededor de 28.000 fueron plantadas con pino y eucaliptus.
Una de estas compañías es Chikweti Forests of Niassa (a partir de ahora Chikweti), una empresa filial del Fondo Forestal de Solidaridad Global (Global Solidarity Forest Fund - GSFF), un fondo de inversiones con sede en Suecia. Detrás del GSFF se encuentran inversionistas de diferentes países, incluyendo a los Países Bajos, Noruega y Suecia. Chikweti comenzó a operar en 2005 y ha adquirido alrededor de 45.000 hectáreas de tierra en los distritos de Lago, Lichinga y Sanga, de las cuales 13.000 ya han sido plantadas. La Ley de Tierras de Mozambique de 1997 garantiza a las familias campesinas el acceso y el uso de sus tierras. De acuerdo a esta ley, se necesita de la consulta a las comunidades, incluso si una compañía posee una concesión del gobierno nacional para el uso de la tierra de una comunidad. Sin embargo, este proceso no fue llevado a cabo de manera efectiva y los puntos de vista de la comunidad no fueron oídos de manera adecuada.
Las operaciones de Chikweti tienen severos impactos sobre las comunidades campesinas en el área del proyecto, cuya principal fuente de sustento es la agricultura familiar. La gente local se queja de la pérdida de acceso a las tierras cultivables porque las plantaciones de árboles se ubican en las tierras que antes utilizaban para la producción de alimentos. Los bosques nativos, que solían ser una fuente de alimento e ingreso adicional, también fueron talados para dejar el camino libre a las plantaciones. Chikweti anunciaba además que daría empleo, sin embargo los escasos puestos trabajos creados son inestables y mal pagados y, de este modo, no representan ninguna fuente alternativa de sustento. Las plantaciones de árboles en Niassa también podrían conducir a escasez y contaminación del agua. Finalmente, es muy probable que los proyectos impliquen serios impactos ambientales, los que van desde la destrucción de los ecosistemas hasta la pérdida de la biodiversidad y la degradación del suelo.
La introducción a gran escala de plantaciones de árboles tiene, de este modo, impactos considerables sobre el disfrute de los derechos humanos, especialmente del Derecho a la Alimentación y al Agua de la población local. La pérdida parcial del acceso a la tierra, bosques y agua, como consecuencia de las operaciones de Chikweti perjudica el disfrute del derecho a una alimentación adecuada y al agua de las comunidades campesinas en el área del proyecto. Ya que, hasta ahora, solo una parte relativamente pequeña de las áreas dedicadas a las plantaciones de árboles, ha sido plantada, es muy probable que sus impactos y las violaciones de derechos humanos que todo esto conlleva, aumenten en los próximos años.
Una investigación realizada por el gobierno de Mozambique en 2010 confirmó las quejas de la población local. Sin embargo, hasta hora no se han tomado medidas adecuadas ni efectivas al respecto.
Suecia está involucrada de muchas maneras en el establecimiento de monocultivos de árboles en Niassa: el gobierno sueco ha apoyado y financiado el establecimiento a gran escala de plantaciones de árboles en Niassa a través de su Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). Suecia, es además el estado de origen del GSFF, del que Chikweti es empresa filial. Por último, Suecia es el estado de origen de un inversionista del GSFF, la Diócesis de Västerås. Se sabe que los problemas con los proyectos de monocultivos de árboles en Niassa ya habían sido analizados en un informe para la ASDI, sin embargo aún no está claro, hasta qué punto éstos han sido abordados.
Aunque la mayor parte de la responsabilidad de las violaciones del Derecho a la Alimentación de las personas afectadas recaiga en el estado de Mozambique, Suecia también carga con parte de la responsabilidad; es por eso, que la organización mozambiqueña de campesinos UNAC, la que apoya a las comunidades afectadas, le ha solicitado a FIAN que se dirija al gobierno sueco.
Mandato de FIAN
Suecia es un Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir que el gobierno sueco está obligado a respetar, proteger y velar por el cumplimiento de los derechos humanos, en particular, del derecho a la alimentación y al agua. Las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos incluyen obligaciones extraterritoriales (ETOs), según las cuales los estados tienen el deber de tomar medidas para respetar y proteger el ejercicio de los derechos humanos en otros países. Las obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos fueron esclarecidas hace poco tiempo en el marco de Los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Al promover y financiar el establecimiento a gran escala de plantaciones de árboles en Mozambique y al no tomar medidas adecuadas ni efectivas para regular al GSFF, ni para asegurarse de quelos inversionistas no impidan o perjudiquen el ejercicio de los derechos humanos, el gobierno de Suecia no ha cumplido con sus obligaciones bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
ACCIÓN
Por favor, enviar la carta de muestra en inglés vía email o correo ordinario al Ministerio de Asuntos Exteriores Sueco, al Ministerio de Comercio y al Ministerio de Cooperación Internacional para exigir: una evaluación del impacto de la política forestal promovida por el Plan Sueco de Ayuda al Desarrollo en Mozambique, especialmente del proyecto Chikweti; la adopción de medidas efectivas que aseguren el cese de las violaciones del Derecho a la Alimentación y a la Tierra en Niassa, incluyendo la regulación del GSFF; y la introducción de mecanismos de monitoreo para seguir de cerca las actividades de las compañías y para recibir las quejas de las comunidades locales y de los defensores de los derechos humanos.
Por favor, informar a FIAN en caso de recibir respuestas a sus cartas.
Para firmar: FIAN
