Alquilar tierras, hipotecar el futuro

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13-7-2012, Panorama

M. Delgado Marcucci / Maracaibo

Si hay un negocio que tiene el futuro garantizado, no es otro que el de la alimentación. De eso no tiene ninguna duda Vicent Boix, un investigador asociado de la Cátedra “Tierra Ciudadana - Fondation Charles Léopold Mayer”, de la Universitat Politécnica de Valencia, en España.

“Se puede prescindir de todos los objetos que nos rodean y que supuestamente nos hacen la vida mejor, sin embargo, llenar el estómago siempre será una obligación. Así lo han entendido esas pocas multinacionales que controlan el comercio de alimentos y los inversionistas que han volcado su dinero en los mercados agrícolas”.

La FAO ha sido clara: Hay que frenar la compra y alquiler en masa de tierras productivas en países pobres o emergentes por parte de las potencias. Las directrices emanadas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en mayo, fueron fueron aprobadas por unanimidad y por aclamación.

“Todo el mundo se levantó y aplaudió”, dijo en su momento a la AFP el portavoz del citado comité, George Kourous.

Boix comparte la misma inquietud de la FAO. Según dijo, en la búsqueda frenética de oportunidades dentro del agronegocio, se ha extendido el “acaparamiento de tierras”, “en el que inversores, empresarios, Estados, etc. están adquiriendo millones de hectáreas en diferentes países, sobre todo en los africanos, desde los subsaharianos hasta los mediterráneos. Algunos buscan especular con las tierras, otros sembrar agrocombustibles para los países ricos, y otros aprovechar el agua y la tierra ajena para cultivar alimentos y luego exportarlos a sus naciones”.

El escenario es nada halagador, y, como todo, amerita una mirada a profundidad, cosa que al parecer, como pocas veces, entendió al dedillo las Naciones Unidas y por eso emanaron, por primera vez unas directrices internacionales que a su vez se convierten en el primer acuerdo sobre “la gobernanza de la tenencia de la tierra y la gestión del acceso a los recursos forestales y pesqueros”.

Tienen carácter voluntario, explicó la agencia y por eso demoraron tres años los estudios y las consultas a alto nivel que involucraba a gobiernos, a representantes de la sociedad civil, a asociaciones de campesinos y, por supuesto, al sector privado.

Sin embargo, la buena voluntad de la FAO, es puesta bajo la lupa por Boix quien concuerda con el diagnóstico, pero no sus resoluciones, y sobre las recientes directrices no tiene sino críticas...

“Se quedan cortas en muchos aspectos, siguen legitimando el acaparamiento de tierras y pueden entenderse de manera desigual dependiendo de los actores. Todo, porque la acción de ciertos estados y sobre todo del sector privado, obligó a consensuar ciertas posiciones ambiguas y muy generales, y por eso al final, tuvieron el mismo peso los intereses de aquellos que se juegan el poder comer y trabajar, que los intereses de aquellos que si no invierten en agrocombustibles en África lo harán en factorías chinas de alpargatas y bolígrafos. Muy democrático sí, pero muy asimétrico también”.

En diciembre de 2008, ya el acaparamiento de tierras era un dolor de cabeza para la FAO, las naciones pobres y para los nunca bien comprendidos ambientalistas.
Dos razones se esgrimían para entonces: La busca de recursos alimentarios y la insaciable sed de los grupos financieros seducidos por el especulable rendimiento en el mercado bursátil de las materias primas.

Estos peligrosos ingredientes se juntaron para que se desatara la compra en masa tierras productivas en los países del Tercer Mundo.

“Los gobiernos con más inseguridad alimentaria (...) se están adueñando rápidamente de tierras agrícolas por todo el mundo en las cuales producir sus propios alimentos fuera del país”, mientras que “las corporaciones de alimentos y los inversionistas privados (...) ven la inversión en tierras agrícolas extranjeras como una importante fuente nueva de ingresos”, denunció un estudio de la Organización No Gubernamental Grain, con sede en España.

Entre los países que buscan este tipo de concesiones figuran los árabes del Golfo, China, Egipto, India, Japón, Corea del Sur.

Algunos, que disponen de pocas tierras cultivables, sufrieron hace cuatro años —cuando la crisis financiera hizo explotar la burbuja de la felicidad ficticia—, la subida de los precios de productos alimentarios y empezaron a invertir en el futuro propio y el hambre de otros.

Las naciones más apetecidas para la compra en masa de tierras por parte de las corporaciones trasnacionales son: Filipinas, Camboya, Uganda, Brasil, etc. Y según la ONG española la transacciones son de una opacidad inimaginable.

He aquí algunos ejemplos de concesiones o alquileres de tierras cultivables conseguidos por algunos países o empresas privadas en terceros países.

Estos ejemplos se citan en el informe de Grain, que insiste en la dificultad para conseguir información debido a la poca transparencia de las transacciones.

Por ejemplo, el grupo japonés Mitsui compró 100.000 hectáreas de tierras agrícolas para producir soja, en Brasil, mientras el holding holandés Louis Dreyfus tiene 60.000 hectáreas de terreno.

En Argentina, el gobierno coreano tiene 21.000 hectáreas de tierra de ganadería.

Los rusos vendieron a grupos inversores suecos (Black Earth Farming y Alpcot-Agro) 459.000 hectáreas.

Sudán no solo firmó un contrató con los egipcios para que éstos produjeran en su territorio 2 millones de toneladas de trigo por año para exportar a la desértica nación, por si fuera poco también ha alquilado a un consorcio saudí, más de 10.000 hectáreas para exportar alimentos hacia Arabia Saudí, y se ha comprometido a suministrar 690.000 hectáreas de terreno a los surcoreanos.

En un reporte de la AFP, se denunciaba que el grupo surcoreano Daewoo Logistics negoció con el gobierno de Madagascar la compra de 1,3 millones de hectáreas, el equivalente a más de la mitad de la tierras que se cultivan en esa nación para producir maíz y aceite de palma.

Y por curioso que parezca, ni Estados Unidos se salva de la práctica, pues inversores japoneses controlan 216.862 hectáreas de tierras para producir alimentos para el mercado nipón.

En Venezuela, en cambio, tras casi un siglo de propiedad, fue ordenada en 2005 y concretada el año pasado la adquisición forzosa de 290 mil hectáreas a la compañía Agroflora (subsidiaria de la británica Vestey Group).

Otra ONG, esta vez británica, Land Coalition, hizo saber su postura sobre el tema: “la globalización del mercado de tierras, conjugado con las perspectivas de beneficios crecientes fruto de la producción agrícola, lleva a un aumento de la especulación por parte de compañías transnacionales, incluidos bancos de inversión”.

Paul Mathieu, especialista de la FAO en la materia, reconoció que “es un fenómeno de gran amplitud que está experimentando una aceleración repentina”.

Contrario a las versiones de las ONG’s, Mathieu, quien reconoce los riesgos de este fenómeno, en un dejo poco contagioso de optimismo, ve también ciertas oportunidades.

“Si se trata de inversiones basadas en la mecanización y la importación de trabajadores extranjeros, esto no sólo quitará tierras, sino también trabajo a los agricultores locales, lo que también podría suponer riesgos mayores reales: empobrecimiento, tensiones sociales extremas, violencias civiles”.

Sin embargo, “más capitales e inversiones en agricultura, bien gestionados, pueden contribuir a un auténtico desarrollo rural”.

Tal optimismo no lo comparte la gente de Grain: “los trabajadores, los agricultores y las comunidades locales inevitablemente perderán acceso a la tierra para la producción local de alimentos.

El riesgo de que no solamente los alimentos sino también las ganancias generadas a partir de esas operaciones agrícolas en el exterior se desvíen a otros países, a otros consumidores que pueden pagarlas, o simplemente a élites foráneas, es bastante real”.

La FAO y Mathieu se conforman con abogan por aumentar las transparencias de las transacciones entre inversores y Estados o comunidades locales que ceden tierras.

“Puede haber prácticas muy positivas en las negociaciones entre un inversor exterior y la comunidad local, en las que los dos buscan un arreglo ganador-ganador", según él. “Pero —admite— ello no se consigue siempre ya que la negociación a menudo es muy desigual”.

El crítico investigador español (Vicente Boix) tiene un dato de cuán desigual pueden llegar a ser esas negociociones: “algunos cálculos ya establecen que en África se han tramitado proyectos por una extensión de 67 millones de hectáreas (la superficie de Italia y Alemania). Los atropellos se han sucedido sin parar y aquellos maravillosos beneficios que gozarían los pueblos que se amoldarían a la nueva inversión agrícola, se han quedado en papel mojado”.
Original source: Panorama
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