Boletín de la Asamblea Multisectorial por la Soberanía Territorial y Alimentaria

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Boletín Informativo Año I Nro. 1  mayo 2011

Río Negro, Argentina

ASAMBLEA MULTISECTORIAL POR LA SOBERANIA TERRITORIAL Y ALIMENTARIA 

La expansión del modelo sojero puede considerarse un caso paradigmático del crecimiento de los agronegocios en nuestro país. La consolidación de este modelo, iniciado en la década infame menemista, representa el continuismo del régimen de saqueo y entrega del patrimonio nacional que ya lleva 35 años. Son múltiples las consecuencias de este modelo.

Se constata como nuestro país va perdiendo su capacidad para producir los alimentos básicos de consumo popular masivo, o sea, va perdiendo su soberanía alimentaria. Por otra parte, tiene efectos medioambientales de mediano y largo plazo altamente perjudiciales como el desmonte, la perdida de suelos fértiles y de la biodiversidad, entre otros. Asimismo lal pérdida del territorio de los pueblos originarios por los desalojos violentos y los corrimientos de alambrados. Constituye un modelo que tiende a hacer desaparecer la tradicional agricultura familiar.

Entre los censos de 1960 y 1988 desaparecieron 51.000 explotaciones agropecuarias, 1.800 por año. Entre los censos de 1988 y 2002 desaparecieron 87.000 explotaciones agropecuarias, esto es, 6.263 por año. Y las que desaparecieron fueron, fundamentalmente, las de menos de 200 has (75.293 explotaciones). Mientras que en el estrato de 200 a 500 has, desaparecieron 7.561. En cambio, aumentaron las de más de 500 has, particularmente las del estrato de entre 1.000 a 2.500 has. Se fue ejecutando inexorablemente la política cipaya de hacer desaparecer 200.000 productores agropecuarios, considerados "ineficientes por naturaleza".

El agro argentino se fue transformando a paso acelerado en una agricultura sin agricultores, ya que las explotaciones que desaparecieron fueron principalmente las medianas y las pequeñas. Esto es inseparable del orden social que lo acompaña y justifica, generando éxodo rural, miseria e inseguridad en las ciudades, persecución y enfermedades para los habitantes de vastas zonas rurales y pequeños conglomerados urbanos.

Existen dos factores internacionales que señalan elementos que impulsan el modelo y los intereses involucrados en su expansión continua:

a) El impulso en America latina en torno a los biocombustibles debido al interés de Estados Unidos y demás potencias mundiales que pretenden sustituir su dependencia del petróleo por otras fuentes energéticas.

b) El papel que comienza a ejercer China en el panorama mundial, que la empieza a colocar como potencia mundial lo que la lleva atener nuevas necesidades y demandas a medida de sus exorbitantes tasas de crecimiento, que como consecuencia, la lleva a una creciente demanda de commoditties, entre ellos la soja.

Es en este último punto es donde se enmarca el proyecto sojero en la provincia de Río Negro, el cual da prioridad a los intereses de los agro-negocios, que detentan el poder económico, frente a los grandes intereses nacionales vinculados a los recursos naturales, y los del campesinado, productores agrícolas y del pueblo en general. El acto de entrega y saqueo se formalizó, en octubre pasado, en un documento bajo el título "Acuerdo de cooperación para el proyecto de inversión agroalimenticia" que vincula a la provincia y a la empresa estatal china Heilingjiang Beidahuang State Faros Business Trade Group, representada en Argentina por Strong Energy.

Catorce carillas han sido suficientes para plasmar las ventajas de la empresa, donde aparece como "Parte B", y las obligaciones de la provincia, la "Parte A".

"La parte A (gobierno de Río Negro) realizará todos los trámites a fin de aplicar las normas que exceptúen de todos los impuestos provinciales, tasas, ingresos brutos, sellos, patentes, etc.", grafica el punto seis del acuerdo, y el punto siete establece: "(Río Negro) gestionará ante el gobierno nacional y el Banco Nación a fin de que los fondos de inversión de B (China) no estén alcanzados por encajes bancarios".

El ítem once obliga a la provincia a "poner a disposición (privada) todos los técnicos de aguas" que se desempeñen en el Estado y los estudios que existan sobre el tema.

También compromete que la "futura explotación" se realizará en 50 mil hectáreas de Valle de Colonia Josefa, 74 mil hectáreas de Valle de Negro Muerto, 38 mil de Guardia Mitre, 31.500 de Margen Norte y 41 mil de Valle La Japonesa. Un total de 234.500 hectáreas rionegrinas. Desde el Gobierno aclaran que la superficie bajo riego podría extenderse a las 320 mil hectáreas.

A partir de la carilla once comienza el "Anexo" del acuerdo. El Estado provincial se compromete a "ofrecer la mejor política de inversión, brindando garantía mediante la creación de leyes".

El párrafo siguiente es al menos llamativo: los capitales chinos se comprometen a instalarse en la provincia, pero "el Estado de Río Negro se compromete a brindar sin cargo algunos espacios para la oficina y vivienda, como también los medios de transporte (otorgamiento de un sector del puerto provincial durante al menos 50 años) y equipamiento para la oficina". La "inversión" china ni siquiera deberá adquirir computadoras o lapiceras, todo correrá por cuenta del Estado rionegrino.

El acuerdo destaca que China enviará "especialistas" para investigar la forma de inversión, pero "todos los gastos originados durante el período de estudio serán solventados por A (gobierno de Río Negro)". También se obliga al propio Estado de Río Negro a "brindar sin cargo alguno 3000 hectáreas de tierra para un campo experimental", y ceder "sin cargo alguno parte de la zona portuaria, cinco hectáreas". Esta cesión del área estratégica de la provincia será durante 50 años y, una vez cumplido el plazo, siempre según lo firmado por el gobernador, "se renovará automáticamente".

Los capitales chinos sólo se comprometen a realizar las "tareas correspondientes a asegurar la siembra que seleccione" y a invertir, en un plazo no estipulado, 20 millones de dólares. Los funcionarios provinciales, incluso el gobernador, difundieron que la inversión sería de 100 millones de dólares, pero en ninguna parte del acuerdo se explicita esa cifra.

Este proyecto conlleva el denominado "Corrimiento de la frontera agropecuaria", término técnico instalado en Argentina de la mano del actual modelo agropecuario que implicó, e implica, el avance sobre tierras dedicadas a otras producciones y, sobre todo, provocó el desalojo de familias campesinas y pueblos indígenas con posesión reconocida por ley. En el mercado de agronegocios mundial Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en el país once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país.

Este proyecto entreguista significa el desembarco masivo de la soja en la Patagonia. Por otra parte, la introducción de la soja transgénica en Argentina fue el mecanismo elegido por Monsanto para inundar de transgénicos América del Sur ya que fue desde nuestro país desde donde se comercializó, de manera ilegal, la soja transgénica a Brasil, Paraguay y Bolivia (donde los transgénicos estaban prohibidos). Casi el 100% de la soja que se cultiva en nuestro país es soja transgénica resistente al herbicida Glifosato (SOJA RR). La SOJA RR es propiedad de Monsanto, la mayor empresa semillera mundial que controla el 90% de esta semilla que se comercializa a escala mundial. Acatar el proyecto de sojización impulsado por los gobiernos nacional y provincial es un suicidio cuando esta demostrado médicamente que el Glifosato y otros agrotóxicos son generadores de enormes perjuicios para la salud, que en algunos casos llevan a la muerte.

La negación de la Soberanía Alimentaria que expresa el monocultivo de la soja transgénica cierra con un plan continental de infraestructura, el IIRSA, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, en el marco de un discurso mentiroso de la Responsabilidad Social Empresaria, que busca legitimar el saqueo de nuestros recursos con alusiones a una inimaginable ética empresarial. Por otro lado, hemos visto, en nuestra provincia y en nuestra región, como la Corporación Gobernante y la clase política, rentística y parasitaria, ha montado simulacros participativos con el sólo fín de justificar una decisión impuesta a través de mecanismos que, bajo la apariencia democrática, esconden la intención de negar, descalificar y criminalizar la Participación Protagónica del Pueblo.

En definitiva, nos proponemos dejar bien claro que la expansión exponencial del monocultivo de la soja transgénica, experimentada en la Argentina en los últimos 15 años no se ha debido a la acción de 4 o 5 gobernadores inescrupulosos o aventureros que salen a hacer negocios en el exterior, sino que, por el contrario, responde a una clara y sostenida política entreguista de los distintos gobiernos nacionales hasta la fecha, subordinada a los intereses del gran capital financiero internacional.

En el marco de la resistencia impulsada por las Asambleas Multisectoriales que tienen lugar en distintos puntos de la provincia, CONVOCAMOS AL PUEBLO RIONEGRINO, único protagonista capaz de pararle la mano al saqueo y entrega de nuestro patrimonio, a generar conciencia, organización y movilización para hacer frente a este megaproyecto sojero que pone en riesgo la integridad de nuestra región y de nuestro país y que compromete seriamente a nuestras generaciones futuras.

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2 Comments


  1. Federico
    08 Jun 2011

    Lo que hay que tener presente como primera cuestión es que esto es una política a nivel nacional (Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) en tanto los acuerdos con China se extienden por todo el país y recuerda al viejo escenario denunciado por Scalabrini Ortiz en "Políticas Británicas en el Río de La Plata". Luego llega también a la Provincia de Río Negro con Miguel Angel Saiz (Gobernador), quien debiera de ir preso por lo que ha firmado, ya que los compromisos asumidos son inconstitucionales.

  2. Mabel
    08 Jun 2011

    No se deje confundir! Hay un grupo que intenta apoderarse de las consignas y del trabajo de las organizaciones sociales de la provicia. Defienden intereses del gobierno central. Lea entre líneas y se dará cuenta.

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