International Land Coalition | 15 de marzo 2011
Fernando Eguren, Presidente de CEPES
En el Perú no hay Estados extranjeros que compren tierras de cultivo, como sucede en África y partes de Asia. Y si bien hay corporaciones transnacionales, su presencia e importancia en la adquisición de tierras es más bien excepcional, al menos hasta hoy.
Sin embargo, hay ‘land grab’.
Antes de la reforma agraria (1969-1975) la hacienda más grande en la costa peruana -la región con las mejores tierras agrícolas del país, todas con riego- no llegaba a las 30 mil hectáreas. Después de cuatro décadas, los nuevos propietarios de esa hacienda, un grupo familiar peruano, son dueños de más de 60 mil hectáreas sembradas con caña de azúcar. La ley de reforma agraria estableció que un propietario privado podría tener un máximo de 150 hectáreas de tierras de cultivo bajo riego. Derogada en los años noventa, hoy son decenas los neo-latifundios con más de mil hectáreas, y son varios los que alcanzan 10 mil y 20 mil hectáreas de tierras de cultivo bajo riego.
Esto, en un país en el que las tierras de cultivo son escasas y la mayoría de los pequeños predios se subdividen: casi 9 de cada diez predios tienen menos de 3 hectáreas de extensión; en el que el 60% de la población rural es pobre, y el 28% es pobre extremo.
La frontera agrícola se amplía en dos frentes: por un lado, campesinos empobrecidos de las áreas montañosas andinas emigran hacia el bosque amazónico, desforestándolo; por el otro, se irrigan áreas desérticas en la costa gracias a inmensas inversiones públicas y las nuevas tierras pasan a manos de grandes corporaciones e inversionistas. Estas tierras son íntegramente dedicas a la exportación de alimentos de alto valor y, crecientemente, también de agrocombustibles.
A diferencia de hace décadas, en esencia el proceso de concentración no se hace de manera violenta e ilegal. No es necesario hacerlo así: a lo largo de los últimos quince años los gobiernos han construido conscientemente las instituciones que permiten esta gran concentración. La legislación de reforma agraria fue íntegramente desmontada. Las nuevas leyes y las inversiones públicas están orientadas a promover el acaparamiento de las tierras.
Este proceso es parte de la competencia global por el control de los recursos naturales. El land grab ‘clásico’ de Estados extranjeros o corporaciones transnacionales comprando tierras es una modalidad. El ‘land grab’ en otros países, incluyendo el Perú, es otra: lo hacen los propios inversionistas nacionales, estimulados por los mercados internacionales de alimentos de alto valor –alimentos ‘boutique’ o ‘gourmet’- y de agrocombustibles, y el apoyo de sus gobiernos. Los resultados no son muy distintos: ambos marginan a la agricultura familiar, a las comunidades campesinas, a las poblaciones indígenas.
