Mongabay| 13 enero 2025 

Los grupos de interés que ocupan la Panamazonía | LIBRO

• A pesar del acuerdo sobre la importancia de proteger la biodiversidad amazónica, la mayoría de los habitantes de la Panamazonía dependen directa o indirectamente de los modelos convencionales de desarrollo y producción extractiva.
• Las inversiones del sector extractivo a mediados del siglo XIX tuvieron más éxito porque fueron organizadas por empresas multinacionales con experiencia en la gestión de operaciones en geografías remotas (Perú, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam) o por empresas estatales con conocimientos prácticos de su propio país (Brasil, Venezuela).
• En Brasil, algunas empresas familiares evolucionaron hasta convertirse en complejos holdings que ahora financian la expansión mediante empresas conjuntas y mercados de crédito internacionales. Un puñado selecto ha optado por reunir capital mediante la venta de acciones en los mercados bursátiles nacionales o internacionales, aunque suelen conservar el control mayoritario para mantener el legado familiar                                                                                  

Corporación familiar, (no) limitada

Las corporaciones están presentes en la Amazonía desde el siglo XVIII, cuando el duque de Pombal utilizó una compañía de alquiler para gestionar los bienes confiscados de los jesuitas. A finales del siglo XIX, inversores sofisticados de Londres y Nueva York participaron en especulaciones sobre transacciones de tierras y concesiones de caucho, como una temprana manifestación de la economía globalizada. Posteriormente, estas actividades dieron paso a proyectos de visionarios excéntricos, como Henry y Edsel Ford y Daniel Ludwig, cuyas inversiones en plantaciones forestales fracasaron por su desconocimiento de la ecología tropical y la dinámica social de la región durante el siglo XX.

Las inversiones del sector extractivo a mediados del siglo XIX obtuvieron mejores resultados, lideradas por corporaciones multinacionales con experiencia en operaciones en regiones remotas (Perú, Ecuador, Bolivia, Guyana y Surinam) o por corporaciones estatales con profundo conocimiento de sus propios contextos nacionales (Brasil y Venezuela). Estas empresas dejaron un legado marcado por numerosos impactos medioambientales y sociales, generando tanto interés público como la oposición de los defensores medioambientales y sociales. Por su parte, las corporaciones privadas nacionales también han tenido una influencia considerable, aunque con menor supervisión pública. Sus operaciones, especialmente las de empresas que no cotizan en bolsas de valores, suelen ser difíciles de rastrear, ya que no publican estados financieros que detallen sus activos y pasivos.

Algunas de las empresas brasileñas más influyentes surgieron de negocios familiares impulsados por la visión y el esfuerzo de individuos excepcionalmente talentosos. Su éxito inicial en un sector permitió la acumulación de capital que posteriormente fue utilizado para expandir y diversificar las operaciones. Algunas de estas empresas evolucionaron hacia complejos conglomerados, financiando su expansión a través de empresas conjuntas y mercados de crédito internacionales. Un número reducido recurrió a la emisión de acciones mediante la venta de acciones en mercados bursátiles nacionales o internacionales, aunque manteniendo generalmente el control mayoritario para preservar el legado familiar. Estas corporaciones familiares representan historias de éxito que parten desde la base y, como era de esperar, cuentan con un fuerte respaldo local y regional.

En la Amazonía Legal brasileña, las empresas familiares han convivido con corporaciones establecidas en los principales centros financieros y políticos del país, como São Paulo y Río de Janeiro. Su crecimiento fue facilitado por subsidios del gobierno federal a través de la Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), agencia que promovió activamente la participación de grandes firmas financieras y manufactureras como parte de una estrategia nacional para desarrollar la Amazonía. La SUDAM, una entidad cuasi autónoma, tenía tres objetivos principales: (a) asegurar la ocupación de la región por ciudadanos brasileños; (b) fomentar una sociedad económicamente estable y progresista; y (c) integrar la Amazonía a la economía nacional. Para cumplir estos objetivos, la SUDAM coordinó sus inversiones con el Banco da Amazônia, una institución derivada de una agencia creada para apoyar a la industria del caucho durante la Segunda Guerra Mundial.

Aunque la justificación inicial para la colonización masiva de la Amazonía incluía proporcionar tierras a la gente pobre del área rural, el componente político fue crucial para permitir el acceso a las corporaciones acceso a tierras fiscales. Esto se evidenció en 1975, cuando el gobierno modificó su estrategia de colonización para priorizar la distribución de grandes propiedades a empresas e individuos acaudalados. Esta política fue implementada a través de la SUDAM, que legitimó cientos de proyectos ganaderos que abarcaban entre mil y cientos de miles de hectáreas. La mayoría de estos proyectos eran económicamente inviables y dependían de los incentivos, especialmente los créditos fiscales, ofrecidos por la SUDAM.

En 2001, tras un escándalo de corrupción, el presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) Transformó la SUDAM en la Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA), reduciendo su alcance y reorganizándola para centrarse en planes de desarrollo regional. Además, los incentivos fiscales fueron racionalizados para optimizar el apoyo al sector privado. Posteriormente, la SUDAM fue restablecida durante el primer mandato del presidente Lula da Silva (2003-2011), aunque ya no seguía una estrategia de desarrollo nacional o regional. Actualmente, la agencia se limita a ejecutar proyectos asignados en el presupuesto nacional por el Congreso.

Una parte significativa de las concesiones de tierras corporativas respaldadas por la SUDAM se ubicaba entre los ríos Araguaia y Xingu, en el sudeste de Pará y el noreste de Mato Grosso. Entre estas destaca la polémica Fazenda Suiá-Miçu, que abarcaba 695.000 hectáreas. Esta propiedad fue adquirida en 1960 al estado de Mato Grosso por el empresario Ariosto da Riva, por 20 millones de cruzeiros, (aproximadamente 150.000 dólares). Riva, especialista en proyectos de colonización privada, atrajo al Grupo Ometto (ahora COSAN) como socio en un plan especulativo de tierras cerca de São Felix de Araguaia. En 1971, la hacienda fue vendida a Liquifarm Agropecuaria Suiá-Miçu Ltd, una filial de la empresa petrolera nacional italiana, Azienda Generale Italiana Gasolina (AGIP, ahora ENI).

El principal problema con la Fazenda Suiá-Miçu fue que se encontraba superpuesta con el territorio del pueblo Xavante, quienes resistieron a la incursión primero por la fuerza, luego con estrategias disimuladas y, finalmente, mediante protestas civiles. En 1966, entre 200 y 300 Xavantes fueron trasladados por la fuerza por los militares brasileños a una localidad distante, donde quedaron expuestos a poblaciones migrantes. Esta reubicación provocó un brote de sarampión que causó la muerte de al menos 80 personas. A pesar de estas adversidades, los Xavante continuaron resistiendo y, con la consolidación del movimiento indígena a fines de la década de 1980, reclamaron 250.000 hectáreas de su territorio dentro de la fazenda.

Una mala política de relaciones públicas acabó motivando a que AGIP devolviera la tierra al Estado brasileño durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, con el objetivo expreso de facilitar la creación de la reserva indígena propuesta. No obstante, los administradores locales de la hacienda no estuvieron de acuerdo con el cambio de estatus y, en colaboración con políticos regionales, desmembraron la propiedad. Algunas secciones fueron vendidas a grandes ganaderos, mientras que otras promovieron una ocupación masiva de parte de pequeños agricultores. La Tierra Indígena Marãiwatsédé fue establecida oficialmente en 1998, pero para entonces el área ya había sido severamente deforestada y totalmente ocupada por terratenientes tanto de gran como de pequeña escala.

Otra inversión empresarial deficiente fue la de Volkswagen AG, cuyos directivos brasileños convencieron a su Consejo de Supervisión en 1972 de invertir en la Fazenda Vale do Rio Cristalino, una propiedad de 140.000 hectáreas ubicada en el municipio de Santana de Araguaia, en Pará. El proyecto tenía como objetivo ser un modelo de tecnología moderna y buenas prácticas de gestión, al tiempo que alineaba a la empresa con la agenda de desarrollo del gobierno militar. Sin embargo, la inversión derivó en múltiples escándalos, ya que los defensores del medio ambiente y derechos sociales denunciaron a la empresa alemana por deforestación a escala industrial y prácticas laborales abusivas.

Volkswagen se defendió argumentando que el desmonte era necesario para la producción de un alimento estratégico, la carne de res. También afirmó que sus empleados recibían mejores condiciones laborales que en cualquier otra empresa de la región. No obstante, investigaciones periodísticas revelaron que la empresa subcontrató a intermediarios que reclutaban trabajadores de una bolsa de trabajo de migrantes desempleados, principalmente del noreste brasileño. Estos trabajadores eran confinados en campamentos remotos, donde se les se les cobraban tarifas exorbitantes por transporte, alojamiento y comida, dejándolos en condiciones de servidumbre. El escándalo llevó a Volkswagen a retirarse del proyecto en 1986, aunque no se desvinculó por completo de los activos financieros relacionados hasta 1998. En 2017, fiscales brasileños reabrieron un caso civil sobre denuncias de esclavitud que databa de hace décadas. A marzo de 2024, el caso seguía sin resolver.

El escándalo de Volkswagen reveló un secreto a voces: la combinación de tierras gratuitas, un sistema de explotación laboral y generosos créditos fiscales había creado una economía rural extraordinariamente favorable para las grandes empresas. Si bien las corporaciones internacionales fueron incapaces de sortear los obstáculos del desarrollo inmobiliario en la Amazonía, las empresas nacionales supieron capitalizar una oportunidad histórica. Las propiedades más grandes fueron, y continúan siendo, terrenos de explotación maderera adquiridos a través de la ley de tierras, en lugar del sistema de concesiones gestionado por agencias federales y estatales. Le siguen en tamaño las megagranjas, donde las empresas explotaban primero los recursos madereros, luego despejaban la tierra para sembrar pastos y criar ganado, y donde muchas de estas fincas actualmente cultivan soya.

Las mayores propiedades de tierra en Brasil son una herencia de este período. Algunas aún permanecen en manos de las familias fundadoras, como el Grupo Roncador, Brascomp Compensados, Martins Agropecuária y Grupo Triângulo. Otras, sin embargo, han sido adquiridas por empresas de capital privado con sede en São Paulo y Río de Janeiro, en tres ellas el Grupo Jari, AgroSB, Grupo Umuaruma y Grupo Algar. Más destacables aún son las miles de corporaciones familiares que poseen propiedades de tamaño considerable (entre 1.000 a 20.000 hectáreas) las cuales constituyen la base de la economía rural en estados como Mato Grosso, Maranhão, Tocantins y Pará.

La adquisición masiva de tierras por parte de corporaciones contribuyó a la crisis social, desencadenando enfrentamientos violentos entre trabajadores rurales y servicios de seguridad privados. Los llamados jagunços han sido acusados repetidamente de violaciones a los derechos humanos. Este conflicto fue particularmente intenso en el sudeste de Pará, donde agricultores de gran y pequeña escala conviven en un área compartida. La tensión constante ha motivado al gobierno a expropiar 91 propiedades para crear proyectos de asentamiento patrocinados por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). Estas iniciativas cubren más de 475.000 hectáreas y han permitido que unas 11.000 familias accedan legalmente a pequeñas parcelas de tierra.

Las inversiones corporativas en aceite de palma comenzaron en la década de 1970, cuando uno de los conglomerados familiares de inversión más grandes de Brasil, Banco Real (posteriormente Conglomerado Alfa), fundó Agropalma. En el año 2023, esta empresa operaba unas 39.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en el noreste de Pará. Aproximadamente la mitad de dichas plantaciones se establecieron mediante la deforestación directa de bosques primarios en la década de 1980. Aún así, a fines de la década de 1990, la compañía adoptó el concepto de sostenibilidad, en parte para posicionarse en mercados europeos dispuestos a pagar precios premium por aceite de palma libre de deforestación. A pesar de estos esfuerzos por mejorar su imagen, Agropalma ha estado involucrada en una serie de escándalos relacionados con el vertido de desechos líquidos en los ríos y acusaciones de apropiación de tierras. En particular, la empresa ha sido acusada de adquirir propiedades obtenidas fraudulentamente de comunidades quilombolas sin realizar la debida diligencia para verificar la procedencia de los títulos de propiedad.

La producción corporativa de aceite de palma en Brasil duplicó su superficie durante la década de 2000, impulsada por las iniciativas de Petrobras y Vale, que crearon subsidiarias para producir aceite de palma como materia prima para biocombustibles. Aunque ambos proyectos fracasaron como emprendimientos comerciales, sus plantaciones, todas ellas en tierras previamente deforestadas, finalmente fueron adquiridas por Brasil BioFuels (BBF). Actualmente, esta empresa gestiona 60.000 hectáreas de palma aceitera con el objetivo de abastecer en el mercado mundial materia prima para combustible de aviación sostenible (SAF), además de producir biodiésel para pequeñas centrales termoeléctricas en Rondônia y Roraima.

La distribución de tierras orientada hacia los intereses corporativos también tuvo lugar en Rondônia, un estado conocido por albergar a decenas de miles de pequeños agricultores. El INCRA reservó en el sector sureste del estado, conocida como Gleba Corumbiara, para distribuir aproximadamente 500 fincas de 2.000 hectáreas cada una a inversores corporativos de São Paulo. Una vez que se asignaron las últimas tierras fiscales, surgieron tensiones debido a que los trabajadores rurales, atraídos a Rondônia por la promesa de tierras gratuitas, comenzaron a ocupar fazendas que estaban en barbecho o no contaban con una protección adecuada. Al igual que en Pará, los terratenientes ausentes respondieron contratando guardias de seguridad privados (jagunços) y solicitando la asistencia de las autoridades locales. Este conflicto culminó en el enfrentamiento conocido como la Masacre de Corumbiar.

En Mato Grosso, las autoridades estatales adoptaron una política aún más favorable para las empresas. Esto se debió, en parte, a la idoneidad de los suelos para la agricultura a escala industrial, pero también a la influencia de los inversores del agronegocio provenientes de Goiás y Sao Paulo. Muchos de los nuevos inmigrantes, que ahora forman el núcleo de la élite corporativa de Mato Grosso, llegaron del sur de Brasil, especialmente desde Paraná. Aunque no eran acaudalados, sus planes de colonización se organizaron de forma privada cosa que les garantizó un título jurídico claro, facilitando así el acceso al crédito rural.

El potencial de las corporaciones familiares en Mato Grosso se ejemplifica con dos de las entidades corporativas más grandes del estado, ambas controladas por descendientes de una misma familia proveniente de São Miguel do Iguaçu, Paraná. Una rama de la familia, los Borges Maggi, controla AMAGGI, que en 2023 poseía 18 haciendas que abarcaban más de 314.000 hectáreas, además de infraestructura industrial y logística que permite comercializar su producción a clientes en Europa y China. Menos conocidos son sus primos, los Maggi Scheffer, que controlan el Grupo Bom Futuro, dueño de más de 600.000 hectáreas repartidas en 33 haciendas Como se trata de empresas privadas, es difícil de conocer su valor de mercado. Sin embargo, AMAGGI reportó ingresos anuales de 500 millones de dólares en 2021, lo que sugiere que la empresa tendría un valor de mercado superior a los 7 mil millones de dólares, mientras que los activos de tierras de Bom Futuro probablemente valen más de 3 mil millones de dólares.

Estos dos gigantes locales compiten por el título de Rei da Soja con un coloso agroindustrial aún mayor, SLC Agrícola, controlada por la familia Logermann de Porto Alegre, Santa Caterina. Dicha empresa posee más de 320.000 hectáreas distribuidas en 7 estados (alrededor de 135.000 en Mato Grosso) y alquila otras 300.000 hectáreas, siguiendo un modelo de producción liviano de activos. Ese modelo es ahora ampliamente adoptado por todo el sector soyero, permite a los productores aumentar el área cultivada en un mercado de tierras sobrevaluado. Además, este esquema canaliza cientos de millones de dólares anuales hacia los ganaderos, que aprovechan estas ganancias para renovar sus pastizales sobrepastoreados y degradados.

Aunque estos campeones nacionales dominan el sector agrícola, las cadenas logísticas de suministro están controladas por gigantes multinacionales de materias primas. La mayor de ellas, Cargill, incursionó en la Amazonía al inaugurar su primer silo en Rondonópolis en 1982. Su inversión más polémica fue la construcción de una terminal de granos en Santarém (Pará) en 1999, en el extremo norte de la BR-163, que conecta las granjas industriales de Mato Grosso con los puertos oceánicos de la Hidrovía Amazónica. Posteriormente, las otras grandes empresas internacionales de materias primas, como ADM, Bunge y Dreyfus, siguieron los pasos de Cargill y, en la década de 2010, se le unieron empresas estatales chinas.

En los países andinos, el sector extractivo ejerce una influencia considerable debido a la alta demanda global de sus materias primas. Pese a ello, la participación empresarial en el sector agrícola y de plantaciones no es especialmente destacada, al menos en comparación con la predominancia de pequeños propietarios y terratenientes de clase media. En Ecuador y Perú, sólo existen tres grandes empresas propietarias de tierras, todas ellas son compañías de aceite de palma y fundadas en los años 70 y 80. En Ecuador, dos de estas empresas gestionan plantaciones que abarcan un total de 19.000 hectáreas, mientras que, en Perú el Grupo Romero controla alrededor de 40.000 hectáreas distribuidas en dos localidades.

Bolivia, por su parte, presenta un panorama similar al de Brasil, donde familias adineradas han acumulado tierras durante varias décadas o incluso siglos. Sin embargo, la migración iniciada en los años 70 dio lugar a una sólida clase de pequeños agricultores que hoy compiten por tierras fiscales. En Santa Cruz, Bolivia, una docena de empresas familiares poseen explotaciones industriales de más de 15.000 hectáreas cada una, mientras que una superficie mucho mayor está controlada por operaciones familiares de tamaño mediano y pequeño. En el Beni, cientos de ranchos ganaderos, con un promedio de 2.000 hectáreas cada uno, operan en las vastas sabanas naturales inundadas de los Llanos de Moxos.