LVC | 29 Febrero 2024
Colombia: Los nuevos tribunales agrarios alimentan la esperanza de poner fin a los conflictos por la tierra
Por Aimee Gabay Traducción Via Campesina
El gobierno colombiano anunció en diciembre la creación de una nueva judicatura agraria para resolver los conflictos por la tierra en las zonas rurales del país, que a menudo enfrentan a lxs campesinxs y a grandes empresas.
Los cinco primeros tribunales agrarios abrirán sus puertas en mayo en las ciudades de Cartagena, Quibdó, Popayán, Pasto y Tunja, y habrá 65 más en el futuro. Lxs campesinxs llevan mucho tiempo luchando por el reconocimiento del Estado, y sus defensores califican este nuevo avance como una victoria que lleva años gestándose.
Sin embargo, hay quienes han mostrado su preocupación por su aplicación y afirman que los tribunales deben garantizar el acceso a la justicia por muy desiguales que sean las diferencias sociales, económicas o culturales entre las partes. El reciente anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de establecer un nuevo sistema judicial para resolver los conflictos sobre la propiedad de la tierra en las zonas rurales del país ha suscitado reacciones dispares entre los defensores de los derechos campesinos. Algunos lo consideran un «gran avance», mientras que otros se preguntan si realmente funcionará.
El anuncio del 29 de diciembre prevé la apertura de cinco nuevos tribunales en las ciudades de Cartagena, Quibdó, Popayán, Pasto y Tunja antes del 2 de mayo, a los que seguirán otros 65 tribunales, según Aurelio Enrique Rodríguez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Los tribunales se encargarán de los asuntos agrarios, que actualmente son competencia del sistema judicial civil de Colombia, un sistema que, según los detractores, carece de jueces especializados para resolver las decenas de miles de casos pendientes.
«Vemos como un gran avance que se haya reconocido esta jurisdicción agraria», dijo Nury Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia (FENSUAGRO) y miembro de La Vía Campesina, un movimiento internacional que aboga por los derechos campesinos. «Pero cuando los tribunales empiecen a ocuparse de sus primeros casos, los jueces designados deberán tener amplios conocimientos de derecho agrario y reconocer a lxs campesinxs».
Martínez dijo que le preocupa que las comunidades campesinas no sean incluidas en las decisiones relativas a la implementación de este nuevo sistema de tribunales agrarios, teniendo en cuenta la larga historia de derechos campesinos ignorados en los espacios políticos y legales de Colombia. Puso como ejemplo la Constitución de 1991: Si bien supuso un avance para las comunidades indígenas y negras de Colombia, no otorgó los mismos derechos ni la misma representación a lxs campesinxs.
El Congreso de Colombia no aprobó hasta el 13 de junio del año pasado una enmienda a la Constitución que pretendía corregir esta «exclusión histórica» reconociendo los derechos campesinos y otorgándoles una protección constitucional especial.
«No te puedes imaginar la cantidad de conversaciones que hemos tenido con personas de distintas instituciones, organismos o delegaciones territoriales que nos han dicho que no podemos participar porque tenemos que tener unos conocimientos jurídicos previos», dijo Martínez. «No querían aceptar nuestros conocimientos».
En un comunicado, Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, dijo: «Nuestro compromiso agrario es responder a la urgencia de resolver el problema de la tierra para poder brindar seguridad alimentaria a nuestro país, alcanzar la paz y avanzar en la sostenibilidad y responsabilidad ambiental de la producción agropecuaria».
La lucha por la paz y la reforma
La propuesta de crear una judicatura agraria se remonta a 2016, con la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y el grupo rebelde de las FARC. No obstante, hasta junio de 2023 el Congreso no aprobó definitivamente la judicatura agraria. «En el marco de la jurisdicción agraria que se cree, el Gobierno se asegurará de la existencia de un recurso ágil y expedito para la protección de los derechos de propiedad», dice el texto final del Acuerdo.
El conflicto armado y la violencia han estado asociados al despojo de tierras en Colombia durante más de seis décadas, lo que ha tenido un gran impacto en las poblaciones rurales. Según el Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno, con sede en Ginebra, el país tiene uno de los niveles de desplazamiento interno más altos del mundo, con 4,8 millones de personas desplazadas a causa del conflicto armado y la violencia a finales de 2022. Esta cifra supone una mejora respecto a los 5,2 millones de 2021.
La larga guerra civil entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC expulsó a muchas comunidades campesinas de sus tierras o las obligó a abandonarlas, y gran parte de esta tierra cayó posteriormente en manos de grandes empresas. En 2017, la organización benéfica para el desarrollo del Reino Unido Oxfam informó de que el 80% de la tierra de Colombia estaba en manos del 1% de las grandes explotaciones agrícolas. Sin embargo, las comunidades campesinas, que trabajan con mucha menos tierra, siguen produciendo más del 80% de los alimentos del país.
Según datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Colombia tiene pendientes más de 37.000 procesos agrarios. Casi todos ellos, el 95%, están pendientes de clarificación de la propiedad. Otros casos tienen que ver con la ocupación irregular de tierras fiscales (862), la confiscación de la propiedad sobre fincas que «no cumplen la función social del suelo» o están pendientes de deslinde (418).
El presidente Petro también ha intentado resolver la desigualdad en la distribución de la tierra prometiendo redistribuir más de 3 millones de hectáreas (7,4 millones de acres) —una superficie mayor que la de El Salvador— entre lxs campesinxs y los pueblos indígenas sin tierra desplazados por el conflicto armado y la violencia en todo el país. Además, en diciembre firmó acuerdos de paz con cinco de los mayores grupos armados del país, prometiendo poner fin a la guerra contra el narcotráfico, que lleva más de 50 años alimentando la violencia generalizada y la destrucción del medio ambiente.
Alejandro Reyes Posada, abogado y sociólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, dijo a Mongabay que los conflictos por la tierra en Colombia siempre se han abordado desde el derecho civil, un sistema jurídico común que, según él, no tiene en cuenta el derecho agrario y «no cuenta con jueces especializados en su aplicación».
Mónica Parada, investigadora de la red de investigación sobre la tierra en el Observatorio de Tierras, dijo a Mongabay que los nuevos tribunales agrarios deben contar con jueces y magistrados especializados en la dinámica social y económica de las relaciones agrarias. Hizo hincapié en que es importante tener en cuenta la situación y las necesidades específicas de quienes viven en zonas rurales, garantizando que puedan acceder a la justicia independientemente de su situación financiera o de que existan diferencias sociales, económicas o culturales desiguales entre las partes. Por último, dijo, debe garantizar que lxs campesinxs se sientan seguros de poder acudir a los tribunales frente a un contendiente mucho mayor o más poderoso que ellos por la tierra, a menudo grandes propietarios agrícolas.
«La justicia agraria reconoce este desequilibrio y garantiza que la parte más débil de la relación pueda acceder a la justicia en condiciones de igualdad material», dijo Parada.
El nuevo poder judicial es una de las muchas herramientas que pueden utilizarse para resolver los conflictos agrarios, dijo, y añadió que tanto ésta como otras herramientas deben ser sólidas, contar con recursos propios y estar presentes donde más se necesiten.
«Esto permitirá transformar la relación que los ciudadanos tienen con la administración de justicia», dijo Parada a Mongabay. «[Esto] aumentará su confianza en las instituciones y desalentará otros mecanismos que, en lugar de reducir, avivan los conflictos agrarios».
