Menonitas en Colombia: acumulación de tierras y deforestación no se detienen en Los Llanos Orientales

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Alba Rubiela Gaitán con otros integrantes de su comunidad. Foto: Ana María Guzmán.

Mongabay | 28 agosto 2023

Menonitas en Colombia: acumulación de tierras y deforestación no se detienen en Los Llanos Orientales

por Pilar Puentes

  • Las tierras que reclaman las comunidades sikuani de Barrulia, Iwitsulibu y Tsabilonia fueron el botín de guerra entre narcotraficantes y paramilitares en la década de los ochenta y principios de los 2000. Hoy son parte de grandes terratenientes de los Llanos Orientales.

  • Una colonia menonita compuesta por tres sectores (Liviney, Las Piedras y Australia) en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, ha acumulado cerca de 38 mil hectáreas de tierra.

  • Al menos 10 hombres menonitas enfrentan una investigación en la Fiscalía por delitos ambientales y varios procesos ante Cormacarena, la autoridad ambiental de la región.

Alba Rubiela Gaitán es una mujer indígena que ha luchado por volver a su territorio desde 2017. Ella y su familia viven casi todo el tiempo en Únuma, un asentamiento ubicado en la zona urbana de Puerto Gaitán, en el departamento de Meta. Entre casas provisionales hechas con lona, plástico y tablas ha defendido la tierra ancestral de la que salió junto con su abuelo, Ramón Gaitán, y su padre Ángel Gaitán por las persecuciones de las que fueron víctimas tras las colonizaciones de los Llanos Orientales en la década de los cincuenta. Alba Rubiela Gaitán lidera la comunidad sikuani de Barrulia, que habitaba en las tierras donde hoy vive gran parte de una colonia menonita de origen europeo y tiene sede una de las marcas más reconocidas de venta de carne de cerdo en Colombia.

Desde 2017 le está pidiendo a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que reconozcan de manera oficial su territorio ancestral, luego de que fueron desplazados forzosamente por la llegada del paramilitarismo. En el 2021 decidió regresar a su territorio, donde están enterrados sus ancestros, tras no tener una respuesta pronta del Estado. Desde el 5 de abril de ese año se ha enfrentado a varios procesos de desalojo acompañados de la fuerza pública y a petición de la colonia menonita y las empresas del sector.

Junto con Barrulia, la comunidad sikuani Iwitsulibu inició un proceso de reclamación a través de su autoridad indígena, Alexander Álvarez, un hombre de 69 años que fue desplazado cuando tenía siete años tras las “jaramilladas” —masacres a principios de los años setenta que fueron parte del genocidio, promovido por el Estado, en contra de los indígenas, como lo muestra el Plan de Salvaguarda sikuani hecho con el Ministerio del Interior—. El territorio ancestral de la comunidad que lidera Álvarez se ubica en la parte norte donde se asentó la colonia menonita.

Al igual que Gaitán y Álvarez, Ramón Estrada, el líder de Tsabilonia, otra comunidad sikuani, lucha junto con su familia para que le sean reconocidos los derechos territoriales de unos predios en el sector oriental de donde hoy vive la colonia menonita y de la que salieron también en los años cincuenta.

Los tres líderes indígenas se han enfrentado a la comunidad menonita que llegó en 2014 al Meta y que ha acumulado alrededor de 38 000 hectáreas en la esquina nororiental del departamento. Esta es una zona donde los problemas de adjudicación de tierras que debían ser para comunidades étnicas y campesinas terminaron en manos de narcotraficantes y testaferros que patrocinaron la guerra en la Altillanura colombiana. Hoy, gran parte de esas tierras pertenecen a grandes empresas agroindustriales.

Durante tres años, Rutas del Conflicto y Mongabay Latam le han seguido la pista a lo que ocurre con las tierras en esta zona del país. En unas primeras entregas se evidenció que la colonia menonita —que internamente dividió su territorio en tres sectores a los que llamó Australia, Liviney y Las Piedras— había acumulado 32 000 hectáreas de origen baldío. Una parte de estas tierras tuvo irregularidades en su adjudicación y otra parte  estuvo en poder de un narcotraficante. También se evidenciaron múltiples investigaciones por deforestación y contaminación de cuerpos de agua.

En esta nueva entrega se encontró que los menonitas siguen comprando tierras con los mismos problemas legales y que las tensiones entre los indígenas y esta comunidad religiosa han aumentado, a la vista de las autoridades locales que apoyan abiertamente a la comunidad menonita, mientras que el pueblo sikuani vive en situación de pobreza y desplazamiento en el caso urbano de Puerto Gaitán.

Arrasar la vida

Las tres comunidades indígenas sikuani llevan más de cinco años solicitando a la ANT la consolidación de sus resguardos para poder retornar al territorio del que salieron por causa de la violencia colombiana. En 2017 también hicieron la solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras, encargada de devolver tierras a personas víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado en el país. “No nos han resuelto nada, seguimos esperando que la ANT o la URT nos dejen volver tranquilos”, afirma Alba Rubiela Gaitán, representante de la comunidad de Barrulia.

Mientras esperan que lleguen las respuestas del Estado, los líderes de las tres comunidades han denunciado en varias oportunidades el deterioro ambiental del territorio tras la llegada de los menonitas. Desde marzo de 2021 Cormacarena, autoridad ambiental en la región, inició por lo menos cinco procesos sancionatorios por deforestación, aprovechamiento forestal, quema vegetal y la construcción de un pozo para sacar agua subterránea.

“En el territorio que le solicitamos a la Agencia ya no vive nada. ¿Quién puede vivir en la tierra que pelaron? Ya no hay animales y en el río Muco antes se podía pescar, pero ahora no hay nada”, contó una de las autoridades indígenas sikuani.

En noviembre de 2022 se conoció que la Fiscalía lleva dos años investigando a 10  miembros de la comunidad religiosa por delitos ambientales como el aprovechamiento ilícito de recursos naturales no renovables.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam tuvieron acceso a varios de los folios que componen el expediente de la Fiscalía.  Según comunicación entre Cormacarena y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, a junio de este año la autoridad ambiental del departamento del Meta tenía en curso cinco procesos contra varios menonitas.

Uno de ellos es contra Peters Franz Bergen por la construcción de dos puentes en asfalto y aluminio de “1.30 metros de largo, soportado en un estribo de concreto a lado y lado, con dimensiones de 6.15 metros y aletas diagonales en sus extremos de 1.90 metros, sobre sobre el cuerpo hídrico”, dice el informe refiriéndose al río Chavilonía, ubicado en el territorio solicitado por la comunidad de Tsabilonia.

Otros de los delitos por los que se acusa a hombres menonitas en Puerto Gaitán son la remoción de tierra en la zona de protección del río Muco, así como la remoción vegetal y aprovechamiento forestal de 143 hectáreas en las zonas de Liviney y Las Piedras.

El menonita Cornelius Fehr Fehr, que vivía en una colonia en Chihuahua, México, está acusado en Cormacarena por la exploración de aguas subterráneas por medio de la construcción de un pozo profundo y por la captación ilegal de dichas aguas.

De hecho, una de las razones de la migración de los menonitas de México a Colombia, dicha por ellos mismos en una entrevista que concedieron en 2021 a esta alianza periodística, fue la escasez de agua y las tensiones que tenían con campesinos en México.

La historia se repite una vez más

 La colonia menonita llegó a ocupar varias de las veredas —territorios rurales— de Puerto Gaitán para ampliar sus cultivos, construir sus casas y seguir con la vida agrícola que abandonaron en México, país al que habían migrado desde principios del siglo XX. Fue así que se acomodaron en los sectores conocidos como Liviney, Australia y Las Piedras.

En medio de la expansión que han logrado en el departamento del Meta, han ocupado tres presuntos baldíos de la nación: Campo Alegre de 6 311 hectáreas, La Cabaña de 2 940 hectáreas y Malabar de 6 175. Según las leyes agrarias colombianas, esta tierra está destinada a comunidades étnicas y campesinas.

Los tres predios terminaron en manos de familias menonitas que migraron a los Llanos Orientales y que cercaron la tierra, a pesar de que el Estado nunca se las entregó formalmente.  Por ejemplo, según el certificado de Tradición y Libertad —un documento público que da fe sobre la situación jurídica de un predio y su historial de propiedad— el primer negocio hecho con el predio Malabar se dio en 1976, cuando el señor Mario Franco Ruíz le vendió la tierra a la Sociedad Ganadera Malabar Ltda. Después de varias transacciones, el predio finalmente llegó a manos de los hermanos Bernardino y Jorge Enrique Díaz. El Estado colombiano ha registrado estas transacciones en lo que domina como “las mejoras”, es decir, construcciones y cultivos que están sobre el predio. Sin embargo, la tierra hasta la fecha sigue siendo un baldío que pertenece a la Nación.

Ante la falta de respuestas por parte de la ANT, la comunidad sikuani de Tsabilonia se asentó de nuevo en esas tierras en enero de 2023, como una forma de presionar  al Estado colombiano. Sin embargo, fueron desalojados un mes después por la fuerza pública en compañía de varios menonitas.

Lo que no está claro es por qué miembros de la colonia religiosa hicieron presencia en el desalojo, cuando los dueños de las mejoras, en el papel, son los hermanos Díaz.

“Yo viví hasta los 18 años en Tsabilonia. Salí para aprender a leer y a escribir, a estudiar y así estar al tanto de la comunidad. Cuando quisimos volver para recuperar nuestro territorio, vimos que la tierra estaba arada y no quedaba nada”, recordó Ramón Estrada, líder de Tsabilonia.

En el 2014, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), abrió un proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, pero a la fecha no ha pasado nada. De igual manera, el baldío llamado Campo Alegre, que es reclamado por la comunidad de Barrulia, está en manos de la colonia menonita y sigue en fila de ser recuperado desde 2018.

El problema no es sólo ocupar tierras del Estado que son reclamadas por las comunidades indígenas. El pasado de Puerto Gaitán narra la historia del conflicto armado colombiano en esta zona del país. En una primera entrega, Rutas del Conflicto y Mongabay Latam lograron establecer que los predios de la colonia menonita en el sector Australia, pertenecían a Rodrigo Vargas Cuéllar, testaferro del empresario Guillermo León Acevedo, alias “Memo Fantasma”, acusado de paramilitar. A su vez, Cuéllar fue señalado de ser uno de los asesinos del narcotraficante Leonidas Vargas Vargas, que heredó la fortuna y el negocio del también narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”.

Al norte de la colonia menonita está el sector conocido como Las Piedras, con ocho predios que suman alrededor de 8000 hectáreas. Allí están la mayoría de las tierras reclamadas por la comunidad sikuani Iwitsulibu. Según las comunidades indígenas, los menonitas están comprando y negociando estas tierras con problemas en su adjudicación. Las 804 hectáreas del predio llamado El Paraíso fueron adjudicadas a Lilia Cuéllar de Vargas en el 2000, familiar de Rodrigo Vargas Cuéllar,  quien dos años antes vendió un apartamento en Sunny Isles Beach, en el condado de Miami- Beach, Estados Unidos. Este suceso pone en duda si podía ser beneficiaria de la reforma agraria pues, según la Ley 160 de 1994, los adjudicatarios no pueden tener más propiedades. Campesinos de la región dicen que nunca han visto o escuchado hablar de la señora Lilia Cuéllar, oriunda de Florencia, Caquetá, también lugar de origen de Rodrigo Vargas Cuéllar y de Leonidas Vargas.

En el sector Liviney, uno de sus predios, el Gavilán, está en la mira de las autoridades por la persona que se lo vendió a los menonitas. En 1999, Édgar Augusto Gutiérrez Guevara compró el predio de 995 hectáreas y se lo vendió a los menonitas Jacob Loewen Klassen y Jhona Wall Froesse en 2020. Sin embargo, como lo narró El Tiempo en una publicación de 2018, Gutiérrez fue condenado en Francia en el 2007 por pertenecer a una red de narcotraficantes colombianos. En el mismo año que Gutiérrez compró el predio Gavilán, intentó introducir a Europa dos toneladas de cocaína pura en un avión del príncipe saudí Nayef Bin Fawaz Al-Shaalan.

Los cuestionamientos por las adquisiciones de la colonia menonita continúan en la actualidad. Entre 2022 y 2023, la comunidad religiosa ha concretado la compra de tres predios —La Chaparrera, Panumana y El Encanto— que suman 3 000 hectáreas en el sector Liviney. Estos predios fueron comprados por 10 menonitas en porcentajes entre el 5 % y el 11 %, una estrategia que suele usarse para esquivar la acumulación de tierras de origen baldío prohibida en la Ley 160 de 1994. Y no sólo esto, antes de ser vendidos a la colonia menonita, estos predios fueron adquiridos por Jaime Apolonio Ballesteros Cantillo,  alcalde de Puerto Gaitán e investigado por la Contraloría por celebración indebida de contratos.

¿Campesinos o empresarios del campo?

En la colonia menonita que ocupa los sectores de Liviney, Australia y Las Piedras viven alrededor de 130 familias que han llegado desde 2014. Como lo pudo determinar esta alianza periodística, la colonia ha conformado al menos 19 empresas dedicadas a la compra de tierras para cultivo de arroz y soja.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam tuvieron acceso a varios documentos en los que se reflejan las divisas recibidas por algunos de los integrantes de la colonia. En uno de los casos, un menonita se consignó a sí mismo 1 000 millones de pesos (cerca de 245 mil dólares) entre 2016 y 2017, y en otro, un menonita recibió más de 2 500 millones de pesos (aproximadamente 612 mil dólares) entre 2017 y 2020.

Además, la empresa menonita Alphafe Liviney Farms ha importado máquinas de gran valor para tener una mejor producción de la tierra. Por ejemplo, en 2018 trajeron tractores y remolques para las actividades agrícolas, fueron 57 importaciones que sumaron un valor de 360 593 dólares. A la fecha, esta empresa no se encuentra con matrícula abierta en el Registro Único Empresarial en Colombia. En otras palabras, no existe legalmente en el país y no puede realizar actividades comerciales.

Es importante tener en cuenta que la fe menonita tiene múltiples corrientes en el mundo. En Colombia se encuentran la Iglesia Menonita Colombia y los Hermanos Menonitas, que llevan más de medio siglo trabajando en el país y participando en actividades evangelísticas, sociales y humanitarias, y que no comparten el mismo estilo de vida agrícola de la colonia que vive en  Puerto Gaitán.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam conversaron con los hermanos Pedro y Pablo Stucky, pastores que hacen parte del Congreso Mundial Menonita. Según dicen, llegaron a Colombia en los años cincuenta, siguiendo el trabajo de Gerardo Stucky como misionero. Los Stucky aseguran que los menonitas de Puerto Gaitán no hacen parte de ninguna agrupación de esta corriente religiosa en Colombia.

Sin embargo, afirman que tampoco se debe mirar a la colonia menonita de los Llanos como una gran empresa. Tanto los pastores como los líderes menonitas entrevistados en 2021 por esta alianza periodística, afirman que las familias que componen la colonia de Puerto Gaitán son independientes unas de otras,  pero que decidieron migrar juntas para buscar una mejor calidad de vida. Sin embargo, la forma en que viven dista mucho de ser núcleos separados, pues sus actividades económicas y de relacionamiento con los indígenas y con el Estado se dan a través de un solo representante.

Esta alianza periodística intentó hablar con los líderes menonitas de Puerto Gaitán, tal como lo hizo en las historias publicadas en el 2021, pero no fue posible. La abogada que los asesora en la compra de predios y en los procesos ambientales, Jenny Azucena Diáz dijo: “Ya no estoy autorizada para hablar con nadie por este problema [las solicitudes de recuperación de los sikuani ante la ANT]. Los únicos  autorizados son los líderes”. Se intentó la comunicación con cuatro representantes de la colonia pero no respondieron a los mensajes enviados por Whatsapp ni a las llamadas telefónicas.

Los indígenas siguen esperando respuestas

“Intentamos, intentamos y volvemos a intentar regresar a nuestro territorio. La última vez fue el 22 de febrero de 2023 cuando ahí casi me matan al ‘pelaito’, a mi nieto”, cuenta Ramón Estrada de la comunidad Tsabilonia.  El líder indígena recuerda cuando fueron desalojados por la Alcaldía de Puerto Gaitán y la fuerza pública a comienzos de este año.

Habían construido unas pocas casas en palma, tenían animales y estaban sembrando. El nieto de Estrada no supera los cinco años, y ese día sufrió problemas respiratorios por causa de los gases lacrimógenos.  En medio del enfrentamiento, el líder indígena salió en una bicicleta huyendo lo más rápido que pudo y así quedó registrado en un video.

Un año antes, el 20 de abril de 2022, la comunidad sikuani de Barrulia enfrentó la misma situación. La Policía les quemó las casas y los cultivos mientras estaban asentados en el sector conocido como Las Piedras, a la espera de las visitas técnicas de la Agencia Nacional de Tierras. “Nos destruyeron todo lo que habíamos hecho. No reconocen nuestra ocupación ancestral”, dice Alba Rubiela Gaitán.

En mayo de 2022, la subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) negó la solicitud de la comunidad sikuani de Barrulia en la que pedía el reconocimiento de su territorio ancestral y ese fue el argumento de las autoridades para desalojarlos. La entidad negó la petición de protección y seguridad jurídica a los territorios ocupados ancestralmente por pueblos indígenas, a través del Decreto 2333, pero no se ha pronunciado sobre las solicitudes que también hicieron las comunidades de Iwitsulibu y Tsabilonia.

Como lo manifestó la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) —un espacio de interlocución y concertación entre los Pueblos Indígenas y el gobierno nacional—, la ANT negó la condición de semi nómadas de la comunidad indígena y las violencias de las que fueron objeto en el pasado.

“Al no reconocerle a la comunidad indígena de Barrulia la ocupación histórica del territorio ancestral, y al estar sus miembros ocupando un predio sobre el cual la Agencia reconoció la posesión de un tercero, la Alcaldía y la Inspección de Policía del municipio de Puerto Gaitán Meta, una vez más, y por séptima oportunidad, han adelantado acciones policivas tendientes a la realización del desalojo de la comunidad, las cuales se encontraban suspendidas durante meses hasta que no se produjera el pronunciamiento oficial de la ANT”, dijo Camilo Niño, vocero de la CNTI en entrevista con esta alianza periodística.

Alba Rubiela Gaitán, junto con su comunidad, apelaron la decisión, pero hasta el momento de publicación de este reportaje, no existe ningún otro pronunciamiento de la ANT sobre las solicitudes del pueblo sikuani. “Ya van más de seis meses que pusimos las revocatorias y no tenemos respuesta”, afirmó Camilo Niño, coordinador de la CNTI. Además, recalcó que a la comunidad de Barrulia la han desalojado siete veces, colocando en riesgo su supervivencia.

Muchos de los sikuanis se desplazaron al asentamiento de Únuma, en el casco urbano de Puerto Gaitán y allí viven en condiciones de pobreza extrema, lo que pone en riesgo su seguridad alimentaria y la preservación de la cultura de este pueblo indígena que según la sentencia T 009 de 2013 de la Corte Constitucional, se encuentra en riesgo de desaparición.

Tanto para las autoridades de las comunidades de Barrulia, Tsabilonia e Iwitsulibu, así como para la CNTI, es necesario que se resuelvan las solicitudes que están en la ANT para la protección del pueblo sikuani. Esta alianza periodística preguntó vía solicitud de información sobre los procesos y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta. “Los desalojos se traducen en llevar a la comunidad (de Barrulia) a Puerto Gaitán por un tiempo y no hay soluciones de fondo. No hay forma de mantenerlos económicamente en ese lugar”, dice Niño.

Ramón Estrada está alistando a la comunidad de Tsabilonia para movilizarse a las 9 000 hectáreas que le va a entregar la ANT, tierra que era de la familia del narcotraficante Leonidas Vargas, y continuar con el proceso de reconocimiento territorial. Alba Rubiela Gaitán conserva la esperanza de no ser desalojada una vez más, mientras la ANT decide si revoca la decisión en la que les negó los derechos sobre el territorio de Barrulia.

Fuera de la Alcaldía de Puerto Gaitán, con una carpeta que supera las 500 páginas, Gaitán pide ayuda a las instituciones gubernamentales para trasladar el cuerpo de un niño de su comunidad desde Únuma hasta el territorio que reclaman y en el que están enterrados sus ancestros. “Aquí sigo, a la espera de si me pueden resolver algo para llevármelo”.

*Esta publicación es parte de una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

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