En México, la narrativa agrarista que nos viene desde la Revolución ha impedido acuerdos como los de Madagascar
La tierra no es para quien la trabaja
Como en las recientes crisis alimentarias, los países tratarán de asegurar un suministro continuo de alimentos. Y el acaparamiento de tierras en países empobrecidos sigue siendo una opción sobre la mesa.
Rodrigo Benedith
Las naciones más ricas, con pocas tierras cultivables, compran y rentan tierras fértiles en países pobres para asegurar la producción de alimentos que después importan para alimentar a sus ciudadanos mientras dejan a los países productores con problemas que van desde la explotación laboral hasta la escasez de los mismos alimentos que ahí siembran y cosechan.
El acaparamiento de tierras o land grabbing, como le llama la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), no es un fenómeno reciente, pero aumentó sustancialmente al inicio del siglo XXI. Además, nuevos actores entraron en juego; durante el siglo XX el acaparamiento fue un resabio del colonialismo, donde las élites nacionales se beneficiaron de la independencia de sus países para concentrar tierras que antes, en el siglo XIX, poseían empresas privadas como la Compañía Británica de las Indias Orientales o, la bien conocida en América Latina, United Fruit Company. En otros países, como México, fue la élite criolla la que acaparó la tierra cultivable mediante la “herencia” del sistema de haciendas, que la Revolución mexicana se propuso revertir con la consigna zapatista: “La tierra es para quien la trabaja”.
En la época reciente, sin embargo, son empresas transnacionales y gobiernos extranjeros de países desarrollados los que acaparan la tierra en países pobres. Aunque este tipo de acuerdos se hicieron bajo los pretextos de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología; impulsados, incluso, por el Banco Mundial que utiliza eufemismos como “acuerdos” o “transacciones”, la crisis alimentaria de 2007-2008 develó lo que en realidad ocurría con este acaparamiento que el Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (IFPRI por sus siglas en inglés) calcula en más de 20 millones de hectáreas en el sur global.
Cuando en 2007 los países desarrollados, con un territorio no apto para siembra a gran escala, tuvieron problemas de escasez, compraron o rentaron tierras en países pobres para asegurar que la producción de alimentos llegara a sus países. Uno de los tratos más infames es el que el diario británico Financial Times expuso en noviembre de 2008: el gobierno de Madagascar, país con una de las tasas de pobreza alimentaria más altas del mundo, pretendía ceder al conglomerado coreano Daewoo 1 millón 300 mil hectáreas por 99 años, gratuitamente, para la siembra de maíz y palma (para producir aceite), solamente a cambio de “oportunidades de empleo” para los habitantes de la isla africana. Hong Jong-wan, gerente de Daewoo Logistics, declaró en ese entonces: “Queremos sembrar maíz para nuestra seguridad alimentaria. Los alimentos pueden ser un arma en este mundo… Podemos exportar la cosecha a otros países o embarcarla a Corea en caso de una crisis alimentaria”.
Nos conviene tener a la mano esta referencia del pasado reciente en el contexto actual de crisis energética y de alimentos, desatada por la pandemia y la guerra en Europa del Este. Por un lado, como en las recientes crisis alimentarias, los países tratarán, por todos los medios, de asegurar un suministro continuo de alimentos. Y el acaparamiento de tierras en países empobrecidos sigue siendo una opción sobre la mesa.
Por otro lado, la crisis energética y, en particular, el alto precio de combustibles como la gasolina o diésel podría darle un mayor impulso al acaparamiento de tierras para la producción de biocombustibles; recién en abril de este año, Joe Biden levantó la prohibición de uso de más etanol en gasolinas, para tratar de bajar su precio. El etanol se produce a partir de la fermentación de alimentos como el maíz, trigo o caña de azúcar.
En México, la narrativa agrarista que nos viene desde la Revolución ha impedido acuerdos como los de Madagascar; sin embargo, la doctora Verónica Vázquez ha documentado que, si bien el acaparamiento de tierras por transnacionales no ha sido para la producción de alimentos, sí existe para la producción minera, mientras que el TLC provocó una fuerte concentración y extranjerización de la cadena de valor en alimentos, aunque no necesariamente por acaparamiento, pero con resultados que pueden ser los mismos.