El principal accionista de Indupalma es una sucursal en Colombia de la empresa Palmicultora Palmas de Oro, compañía domiciliada en Panamá, un reconocido paraíso fiscal.

En temas agrícolas la empresa Beidahuang y el Gobierno acordaron la siembra de 60 mil hectáreas de maíz, arroz y soya en Guárico, Delta Amacuro, Barinas, Apure y Portuguesa.

En la otra orilla, los congresistas Jorge Robledo y Wilson Arias han insistido en que el Congreso no puede aprobar “leyes calculadas para ocultar y premiar las ilegalidades con las que se está despojando de sus tierras al campesinado”.

Se trata de casi 16 millones de hectáreas. Sobre 500 departamentos, sólo 49 exceden los topes fijados por la ley.

"Insto nuevamente al señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que le aclare al país cuanto antes los intereses que diferentes personas de su entorno tengan en compras de tierras de la Altillanura".

Un artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences precisa que el 47% de los terrenos apropiados se localizan en África y el 33%, en Asia.

La caída en la rentabilidad generó que muchos de estos emprendimientos agrícolas desaparecieran y que los productores hayan emigrado a otros países. Esto derivó en una caída en los precios de la tierra y en una mayor disponibilidad de campos. ¿Qué pasa con la inversión extranjera en el país?

Las transnacionales toman el control de la alimentación en África

Decenas de organizaciones los señalan como responsables de la subida del precio de los alimentos y el acaparamiento de tierras para cultivos.

Manifestó que tiene claro que su trabajo tocó intereses que generaron tensiones y acosos en su contra, al denunciar penal y disciplinariamente administraciones pasadas que adjudicaron irregularmente terrenos.

Casi la mitad del distrito de Ñacunday, cuya superficie es de 85.000 hectáreas, pertenece a empresas que conforman el Grupo Favero, liderado por el productor brasileño Tranquilo Favero, conocido como el Rey de la Soja.

El congresista del Polo Democrático y otros dirigentes de la colectividad en el Valle recibieron intimidaciones en las que se les declara objetivo militar por sus denuncias.