Un campaña virtual responsabiliza al Banco Mundial por el acaparamiento de tierras y recursos en todo el planeta, en detrimento de los derechos de las poblaciones locales campesinas e indígenas.
Entre 2000 y 2010, unos dos millones de kilómetros cuadrados de tierras en Asia, África y América Latina y el Caribe fue adquirido o negociado bajo acuerdos firmados en nombre de gobiernos extranjeros o empresas transnacionales.
Las donaciones irán destinadas a legalizar los títulos de propiedad en Guinea Bissau para evitar el acaparamiento de tierras por parte de empresas. La ONG Alianza por la Solidaridad inicia una compra de tierras colectiva para mujeres africanas.
"Lo que hemos podido constatar con relación al acaparamiento de tierras en Haití es catastrófico. El gobierno de Haití está aplicando una política que elimina a la clase campesina."
Como los países vecinos, el Paraguay debe adoptar medidas nacionalistas sobre la propiedad de la tierra.
La iniciativa, de siete artículos, que fue aprobada el lunes en la Cámara de Representantes y está inspirada en su argumentación en la legislación similar impulsada en Argentina, contó con el apoyo de todos los partidos.
Una investigación, exploración y posterior informe pone en evidencia la complicidad de la transnacional Frito-Lay, empresa subsidiaria del grupo Pepsico, en la deforestación causada en territorio venezolano.
El país báltico se comprometió a liberalizar su mercado de la tierra y a eliminar la prohibición de vender tierras a los extranjeros en un período de transición de 10 años, tras unirse a la Unión Europea en mayo de 2004.
El gobierno paraguayo debió aceptar hoy ante una reunión con dirigentes de las más importantes organizaciones campesinas la gravedad de la desaparición de la agricultura familiar en el país y la creciente extranjerización de la tierra.
Precios competitivos y favorables condiciones impositivas son el principal foco de atracción. Se estima que hay entre 1,8 y 2 millones de hectáreas en Paraguay que son propiedad de uruguayos.
De esta manera, denuncian, se les está obligando a privatizar su territorio, con vistas a despojar de sus tierras y territorios a comunidades y pueblos indígenas y campesinos; tierras y territorios en donde existen intereses de empresas extranjeras.
El día 15 de junio de 2012, 17 personas—once campesinos y seis policías—murieron durante un operativo fiscal-policial con fines de desalojo, efectuado contra familias campesinas sin tierra que habían ocupado un predio conocido como Marina Kue, en el distrito de Curuguaty de Paraguay.