Es la superficie autorizada por la ley nacional de tierras. Sin embargo, la Provincia no adhirió a la normativa. Inmobiliarias advierten que la falta de adecuación impide concretar operaciones.

"Lo que se decida aquí va a afectar los territorios indígenas; van a exigir un nuevo plus, plan de uso de suelo, van a expandir la frontera agrícola, vamos a tener soya en toda la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, en todo el límites de la provincia Chiquitos (con Brasil)"

De un total de 5.304.501 hectáreas cultivadas durante el mencionado periodo, el 4.874.002 de las hectáreas estuvieron ocupadas por soja, trigo, arroz, maíz forrajero y caña de azúcar y 430.499 de las hectáreas, por alimentos de consumo interno.

La amenaza se debe en gran parte a grandes inversionistas nacionales e internacionales como el Grupo Romero y el Grupo Melka que han empezado a realizar esta plantación de manera desmedida e irregular.

Pretenden "desviar la atención sobre las dramáticas e insostenibles condiciones en las que sobreviven miles de paraguayos en las zonas rurales y que son violentamente expulsados a favor de agro empresariales extranjeros"

Stefano Liberti ha publicado “Los nuevos amos de la tierra. El acaparamiento de tierras, un negocio transnacional”

Dos empresas organizaron el cambio productivo en Cotopaxi: un holding y una corporación: Brownville Investment, con sede en Panamá y Corola N.V., con sede en las Antillas Holandesas

“El conflicto de Ucrania es utilizado para vender tierras a los grandes consorcios”

Un alto porcentaje de la actividad bananera está en manos de empresas transnacionales.

La ley de garantía a las inversiones viola un principio básico de la Constitución, el de la igualdad. Concede un "congelamiento" de impuestos de hasta veinte años a quienes hagan grandes inversiones.

Se podría afectar derechos territoriales indígenas en lo referente a los títulos de servidumbre, protección de derecho de vía y la expropiación de bienes inmuebles para proyectos de gran envergadura.

Este martes, tras una movilización a la capital del país, comunidades indígenas de Paraguay lograron que el Senado retire un proyecto ley que impulsaba el “uso racional” de los territorios que habitan.