El hecho se produjo en la localidad de Jocolí Norte, cuando junto a otros miembros de la comunidad intentaba frenar la construcción de un alambrado en sus tierras por parte la empresa española Argenceres – Elaia S.A.

Un tribunal de Sierra Leona ha condenado a seis personas que se oponen a un proyecto de palma aceitera en la que el conglomerado francés Bolloré posee una importante participación de la destrucción de árboles y de incitar a la población local para protestar sobre derechos de tierras.

Se sugiere establecer que las empresas públicas extranjeras, en garantía de la soberanía alimentaria, puedan adquirir, arrendar o tomar en usufructo, tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria.

El Estado hondureño se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y le niega el derecho a la tierra. Corporaciones y terratenientes avanzan con el monocultivo de palma africana, amenazando la soberanía alimentaria.

Para el ex representante a la Cámara, Wilson Arias Castillo, la Ley de ZIDRES es la peor contra reforma agraria que se ha realizado en el país y está formulada en clave de extranjerización de la tierra por una parte y de agro exportación por la otra.

La nueva Ley permite concentrar aún más la tierra en Colombia a favor de magnates nacionales y extranjeros en uno de los países con mayor concentración de la tierra en el mundo.

La líder del negocio desde hace un tiempo dejó de ser una empresa familiar y ahora es propiedad de una multinacional de origen británico

Con la sanción presidencial de la ley que regula las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural, Económico y Social -Zidres-, el rechazo de organizaciones campesinas, defensoras de derechos y legisladores no se hizo esperar.

En este artículo se discute cómo el agroextractivismo pone en juego diversos mecanismos discursivos y prácticos para desterritorializar a los campesinos, en muchas ocasiones sin necesidad de expulsarlos de sus tierras.

Frente al acto de sanción protocolario del proyecto de Ley de ZIDRES anunciado por el presidente Juan Manuel Santos, que se llevará a cabo este viernes en el municipio de Orocué, campesinos de la ‘Asociación por la Defensa de Casanare’, denuncian los impactos ambientales y sociales que esta ley traerá para sus territorios.

Según su investigación, hay cinco empresas transnacionales que tienen inversiones no solamente en el alquiler y compra de tierras, sino en toda la cadena productiva de la soya.

A iniciativa de la Convergencia Internacional de Luchas por la Tierra y el Agua de África Occidental, una caravana recorrerá la región para lograr que las voces de las comunidades sean escuchadas y las autoridades nacionales se comprometan a detener el acaparamiento de tierras.