El empate en la votación dejó el futuro de esta ley que amenaza la producción campesina en manos de un conjuez que no da tranquilidad.

Por todo el mundo, hay campesinos que están perdiendo sus tierras, en ocasiones violentamente, a manos de grandes compañías y especuladores que consideran la tierra agrícola como lucrativa inversión.

Fondos de desarrollo europeos y estadounidenses financian a la empresa palmícola Feronia Inc,a pesar de los conflictos laborales y por tierras en sus plantaciones de palma aceitera en la República Democrática del Congo (RDC).

Un informe documenta como una iniciativa del G8 está utilizando dinero dedicado a combatir la pobreza para facilitar el acceso a zonas africanas clave a grandes multinacionales.

Aunque la ponencia le da un espaldarazo a la Ley de Zidres, les cierra la puerta a algunos puntos polémicos como legalizar los casos ya existentes.

“Medidas ambiciosas, concretas y cuantificables son necesarias para limitar el consumo excesivo de carne y otros productos animales por parte de las élites ricas, y para parar la deforestación y el cambio climático

El 29 de junio el presidente Mauricio Macri tomó una decisión clave en lo que refiere a la soberanía territorial y el esquema de la propiedad de la tierra en un país donde el modelo agrario es central.

Ayer las familias campesinas pidieron de vuelta a la Procuraduría que inicie juicios para anular títulos irregulares.

Un informe periodístico de La Mañana del Neuquén, reveló que millonarios de distintas partes del mundo se están quedando con las porciones de tierra más cotizadas en la provincia de Neuquén.

Ante la información llegada desde la comunidad Guahory, donde efectivos de la Policía Nacional en complicidad con empresarios de origen brasileño, atropellaron a un grupo de mujeres que seguía resistiendo en el territorio.

Es importante analizar qué implicaciones reales puede tener en el ámbito territorial el fin del histórico conflicto armado, y, sobre todo, qué concepciones distintas de paz se juegan en la actualidad.

Mediante un decreto, el gobierno argentino de Mauricio Macri modificó la ley que fijaba límites al traspaso de propiedad del suelo argentino.