Brasil: El agronegocio avanza sobre la Amazonía
- Rebelión
- 31 May 2017
Los diputados la semana pasada votaron una Medida Provisoria, propuesta por el gobierno ilegítimo, que regulariza las tierras de la Unión ocupadas en la Amazonía legal.
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Los diputados la semana pasada votaron una Medida Provisoria, propuesta por el gobierno ilegítimo, que regulariza las tierras de la Unión ocupadas en la Amazonía legal.
"Fueron imputados 150 campesinos”, expresaron, agregando que el operativo contó con el apoyo de los brasiguayos y que fueron destruidas viviendas y cultivos de los pobladores.
Arias alertó sobre el proyecto de Ley que pasaría el gobierno, sobre las disposiciones del Ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales, que tendría un decreto que legalizaría las adquisiciones “mal habidas”.
El proyecto permitirá dar baldíos a personas sin los requisitos de vulnerabilidad y pobreza con lo cual se legalizará el despojo violento de los predios y se abrirá paso a la extranjerización del uso del suelo.
En el Congreso se apilan los proyectos que piden la derogación del decreto que flexibiliza la ley K que limitaba la extranjerización de los campos
Lo propuso el diputado Mariano Mansilla para 5 departamentos de la provincia.
Una delegación de Sierra Leona, en representación de las comunidades locales afectadas por la apropiación de tierras del grupo Bolloré / SOCFIN, está actualmente viajando por Europa.
La narrativa sobre el acaparamiento de tierras es una tendencia clara desde el 2008. No obstante, esta dinámica se puso en marcha por la liberalización del mercado de tierras en la década de los 90, y se desencadenó aún más por la aceleración de la crisis global del capitalismo al comienzo del nuevo milenio.
El Gobierno Nacional plantea entregar y rematar las mejores tierras de la provincia a empresarios extranjeros.
El camino se va allanando con un claro sesgo en favor del capital extranjero y eliminando todo tipo de traba para que éste ingrese al territorio y desplace a las comunidades que hasta ahora lo ocupaban.
En marzo podrá ser aprobada esta ley que permite la compra de tierras productivas a empresas y fondos de inversión extranjeros, una medida resistida por las Fuerzas Armadas y rechazada por la oposición y grupos ambientalistas.
En el ciclo 2016/2017, MSU y Cresud, dos de los principales grupos de producción, se quedaron con más del 45% de las hectáreas disponibles