Empresarios chinos y agroindustria presionan congreso para cambiar reglas, pero ambientalistas temen consecuencias.

Funcionarios titularon predios a favor de familiares de trabajadores de la DRSAU a través de documentos falsificados que permiten la titulación a personas que nunca tuvieron la posesión de las áreas y luego eran vendidas a empresas extranjeras dedicadas a la siembra de palma aceitera y cacao.

La magnitud de este fenómeno de apropiación de tierras agrícolas por parte de las financieras tiene importantes consecuencias tanto para las comunidades rurales como para los sistemas alimentarios.

Los nexos entre el delito, la corrupción y quienes están involucrados en negocios que acaparan tierras agrícolas son reales.

La interpretación constitucional que existe en Brasil respecto de que las empresas locales que son mayoritariamente de propiedad de firmas extranjeras no pueden adquirir terrenos de forma libre podría flexibilizarse durante el próximo gobierno del electo presidente, Jair Bolsonaro.

En los artículos de Con la Soja al Cuello se aborda la problemática de la tierra, tema central y estructurante de los problemas del país que se van agudizando por el actual modelo de desarrollo.

Es lo que presume la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY) que la semana pasada realizó su Asamblea General.

Un nuevo Informe Especial, elaborado por los investigadores Abel Areco y Abel Irala, refleja la situación de la Colonia Yvypé, un territorio en disputa entre sojeros brasileños y los pequeños productores campesinos que buscan recuperar las tierras irregularmente ocupadas por los impulsores del modelo de agronegocios.

En la actualidad hay más del 7% del empresariado extranjero que posee tierras en nuestro país y ahora además de poder comprar sobre las riberas de lagos y ríos, el negocio será ilimitado.

“Reunión anual en Bali esta semana es tan sólo un engaño para tapar la negligencia criminal de los intereses del pueblo” dicen campesinxs.”

El senador Sixto Pereira, del Frente Guasu, recibió a una comitiva del distrito de Tembiaporã, Departamento de Caaguazú, que ofreció detalles del ataque con armas de fuego del que fueron víctimas la semana pasada.

Investigadores de la Universidad Nacional identificaron que por lo menos 368.000 hectáreas de tierras habrían sido obtenidas por particulares de manera irregular entre 1991 y 2015. En al menos 22 casos, nombres de personas naturales se repiten como beneficiarias.