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SOCFIN Société de Agriculture Sierra Leona Ltd (SAC) llegó en 2011 a la jefatura de Malen, situada en la provincia meridional de Sierra Leona, en el marco de una gran inversión en aceite de palma.
La aprobación del nuevo Código de Bosques en 2012 y, después, de la Ley 13.465/17 que modifica cerca de 26 marcos legales sobre la tierra en Brasil, llamada (“Ley del grilagem” o “Ley de acaparamiento”), instrumentan una regularización ambiental y agraria como mecanismos de apropiación masiva de tierras públicas y “devueltas”
Al introducir un indicador de tierra en el proyecto EBA (Facilitando los Negocios en la Agricultura por sus siglas en inglés) el Banco ha creado un instrumento para prescribir reformas de políticas que facilitarán el acceso a la tierra para la agroindustria.
Con la complicidad de autoridades civiles, agrarias y representantes ejidales en las comunidades rurales, durante los 10 últimos años ha aumentado la compra venta de tierras; pagan a 5 pesos el metro cuadrado.
El proyecto contempla también una reforma a la ley de Tierras que fija un límite a la propiedad de campos en manos de extranjeros.
Deberán sentarse a negociar con los mapuches. La jueza Karina Estefanía de la ciudad de Esquel absolvió a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen por el delito de usurpación y abigeato impulsado por Benetton y la provincia de Chubut.
La provincia de Corrientes apunta a la instalación de industria celulósica papelera y, para ello, propone ampliar el cupo destinado a la compra de tierras por parte de extranjeros.
La creciente deforestación en el Guaviare está asociada al acaparamiento de tierras. Esto ya ha sido denunciado en varios medios y localmente es tratado como verdad sabida.
En el día de hoy comenzó el juicio contra la comunidad mapuche Pu Lof en resistencia Cushamen por “tenencia de armas, usurpación de territorio y abigeato”. La demanda la realizó la empresa Benetton y está apoyada por el gobierno de Chubut.
Denuncian extranjerización de tierras fiscales en el Alto Chaco
Empresarios chinos y agroindustria presionan congreso para cambiar reglas, pero ambientalistas temen consecuencias.
Funcionarios titularon predios a favor de familiares de trabajadores de la DRSAU a través de documentos falsificados que permiten la titulación a personas que nunca tuvieron la posesión de las áreas y luego eran vendidas a empresas extranjeras dedicadas a la siembra de palma aceitera y cacao.
