El RCEP no sólo cambiará las reglas sobre la exportación e importación de bienes y servicios; cambiará la forma en que los gobiernos deciden sobre los derechos de tierras y quiénes tienen acceso a ellos.

Un llamado de ayuda lanzaron pequeños productores y ejidatarios mayas al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador para poner un alto definitivo al despojo de territorios con el afán de hacer crecer los capitales de los “inversionistas” y acaparadores.

Existen hoy 13.378.912,63 hectáreas que están registradas en manos de extranjeros. En consecuencia, hay recursos naturales estratégicos que quedan dentro de las propiedades privadas sin establecerse un acceso público.

Una mayor “extranjerización de la tierra” está trayendo como consecuencia mayor preponderancia del agronegocio frente a la producción tradicional de alimentos que va perdiendo terreno.

Una coalición de grupos hace un llamado urgente ante las autoridades de Etiopía y de India para que se cancele la concesión de nuevos contratos de arrendamiento de tierras a la compañía de agronegocios Karuturi Global.

"Vivíamos muy tranquilos, pero los guardias de la granja vecina empezaron a entrar en nuestras tierras, a vigilar nuestros desplazamientos. Tenemos miedo", cuenta Sabino Batista Gomes, mirando con preocupación cada vez que pasa un vehículo por la entrada de la comunidad brasileña de Cacimbinha.

La mayoría está en manos de dueños estadounidenses. Se distribuyen entre doce nacionalidades.

Pretenden conocer la propiedad y que se cumpla con la ley que limita la extranjerización de tierras rurales.

Su objetivo: obtener la aplicación de medidas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y residentes de las plantaciones de aceite de palma en Camerún, gestionadas por una empresa de la que el grupo es accionista.

Los movimientos campesinos constituyen una fuerza social que promueve alternativas económicas de conciencia para lograr la supervivencia del planeta y la calidad de vida de millones de personas en el mundo.

SOCFIN Société de Agriculture Sierra Leona Ltd (SAC) llegó en 2011 a la jefatura de Malen, situada en la provincia meridional de Sierra Leona, en el marco de una gran inversión en aceite de palma.

La aprobación del nuevo Código de Bosques en 2012 y, después, de la Ley 13.465/17 que modifica cerca de 26 marcos legales sobre la tierra en Brasil, llamada (“Ley del grilagem” o “Ley de acaparamiento”), instrumentan una regularización ambiental y agraria como mecanismos de apropiación masiva de tierras públicas y “devueltas”