Mientras los bancos de desarrollo se reúnen en una cumbre mundial, las organizaciones condenan la financiación de los agronegocios y piden inversiones públicas en agroecología y sistemas alimentarios locales.
"Complot" del partido en la presidencia Tèt Kale. Varias organizaciones alertan sobre un intento de acaparamiento de tierras campesinas en Haití, por parte del partido en el poder, en beneficio de compañías transnacionales.
Solo en lo que va del 2020 se han deforestado 780 hectáreas, lo que representa el 25% del total de hectáreas deforestadas en los últimos cuatro años.
El proyecto fue presentado por la la diputada Graciela Landriscini del Frente de Todos de la provincia de Rio Negro. Propone derogar el decreto 820/16 que modificó el Régimen de Tierras Rurales para facilitar su transacción a extranjeros.
La minería a gran escala, la tala y la ganadería de grandes inversores están empeorando las amenazas a los territorios indígenas, dice el autor del informe.
“Las invasiones no paran, la deforestación no para y las amenazas no paran”, exclama Iván Flores Rodríguez por teléfono desde la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo en Ucayali.
En el INDERT opera una “rosca que blanquea tierras del estado usurpados por no beneficiarios de la reforma agraria” que incluye a jueces, fiscales y funcionarios del ente que entregan tierras a extranjeros.
Hace tres años, en una consulta popular, este pueblo del Tolima rechazó un proyecto de la empresa sudafricana AngloGold Ashanti que pretendía explotar oro. Pero al mismo tiempo aceptó la entrada del aguacate hass, un monocultivo promovido por esa multinacional que hoy acapara tierras y amenaza el ambiente.
El miércoles 8 de octubre hacia las 4:00 p.m. en la ciudad de Cali se conoció de un plan de compra de tierras en los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Asís.
La tecnología de georreferenciación, y la información geoespacial que trasmite, se han convertido en el principal criterio de acceso a un certificado catastral y al título de propiedad en el proceso de regularización de la tierra, lo que facilita la legalización del histórico e ilegal acaparamiento de tierras públicas, incluso a favor de extranjeros.
En el papel, la comunidad afro de ese consejo comunitario es dueña de 107 mil hectáreas de tierra en el Bajo Atrato (Chocó). En la práctica, el 95% de las tierras productivas están en manos de una decena de empresarios que las adquirieron en medio de la arremetida paramilitar a la región.
Una verdadera financiarización de la tierra, de los recursos naturales y del sistema agroalimentario está en marcha a lo largo de América del Sur.
