Indígenas de Brasil y Colombia demandaron el miércoles al minorista Casino en un tribunal francés por la venta de carne relacionada con el acaparamiento de tierras y la deforestación en el Amazonas, dijeron activistas involucrados en la demanda.

Un entramado de corrupción y complicidades privatizó 546 mil hectáreas de territorio ejidal en la península de Yucatán en 20 años. La herramienta para este despojo fue un uso faccioso de la ley agraria.

Según el reporte, se descubrió que acaparadores de terrenos en la selva amazónica están vendiendo parcelas ilegales a través de Facebook.

Las tierras estaban en manos de la multinacional Arauco (ex Alto Paraná) que es la empresa forestal más grande del país: tiene posesión jurídica de cerca del 70 por ciento de Puerto Piray -ubicado en el oeste misionero- y el 30 por ciento de la provincia de Misiones.

Un recurso educativo que desmiente mitos utilizados para privatizar la tierra en todo el mundo, al tiempo que proporciona hechos sobre cómo los sistemas de tenencia consuetudinarios son fundamentales para proteger los medios de vida y garantizar el desarrollo sostenible para las personas y el planeta.

De todas las estancias habilitadas (41 en Santa Cruz y 1 en el Beni), el 62 % pertenece a empresarios bolivianos y el 38 % a capital extranjero, sobre todo de Brasil y en menor medida Argentina.

El 5 de febrero, unidades armadas de la Policía Nacional de Honduras desalojaron por la fuerza a los grupos campesinos Unidos al Campo y Mujeres y Hombres de Fe de las tierras que los campesinos recuperaron y comenzaron a trabajar hace más de 12 años.

Marcial Acosta, uno de los líderes de la comunidad, informó que se dirigirán hasta Asunción para seguir con sus reclamos ya que en vez de proveerles de tierras, funcionarios realizan la venta de propiedades públicas a extranjeros.

Se ha acusado al Estado de complicidad con los defraudadores, que recibían pagos directos por tierras que no eran tierras agrarias o incluso por tierras obtenidas ilegalmente.

De acuerdo con la comunidad, les deberían dar dichos terrenos a quienes los necesitan y trabajan la tierra, pues son las comunidades sin tierra quienes pueden fortalecer la región y no a unos extranjeros de los que se desconocen sus intenciones, pero que generalmente buscan "matar la tierra con extracciones o monocultivos"

Una empresa con capitales extranjeros, y que esconde a su vez un entramado de sociedades anónimas, posee la tercera parte del departamento Rosario de Lerma. ¿Por qué nadie ha puesto el ojo ante semejante situación?

La llegada de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19 ha venido a crear condiciones mas desfavorables para nuestras defensoras y defensores de la tierra y el territorio.