Las poblaciones afectadas no siempre permanecen expectantes. Además de la larga lucha del pueblo mapuche contra Benetton en Chile y Argentina, el caso de Madagascar es paradigmático.

Estudian un mecanismo jurídico que le permita eliminar las restricciones por el área máxima que puedan adquirir los empresarios extranjeros para ejecutar proyectos productivos en el sector colombiano.

Las adquisiciones de tierra en África, Asia y Latinoamérica, tal y como se hacen en la actualidad, suponen condenar a los más pobres a ser desalojados de sus fincas o a perder acceso a la tierra, al agua y a otros recursos, según el primer estudio sobre la nueva tendencia de grandes corporaciones y gobiernos de invertir en tierras en países pobres, encargado por las agencias de las Naciones Unidas de la Agricultura y Alimentación y del Desarrollo (FAO y UNDP).

Más de 20 millones de hectáreas de tierras en el mundo en desarrollo están en manos de gobiernos y empresas extranjeras, ejemplo de una apropiación agraria que se disparó con la crisis alimentaria del año pasado.

El diez por ciento del territorio argentino está en posesión de extranjeros, lo que constituye alrededor de 300 mil kilómetros cuadrados, según un estudio realizado por la Federación Agraria Argentina en el año 2007.

El contralor Turbay Quintero pedirá la presentación de una iniciativa que prohíba esta práctica.

El contralor general de la República, Julio César Turbay Quintero, llamó la atención del gobierno por el marcado interés que tendrían inversionistas y algunas potencias extranjeras de comprar grandes extensiones de tierras y títulos de explotación de los recursos naturales del país.

Los agricultores de Sudáfrica miran hacia el norte. En el mayor negocio agrícola del continente, anunciaron haber asegurado diez millones de hectáreas de tierras en la República del Congo, un tercio de la superficie del país.

Organizaciones como Vía Campesina -una “internacional” de campesinos que se organizó para resistir la globalización neoliberal y proponer caminos alternativos de soberanía alimentaria- u ONGs nacionales de Brasil, Argentina, Uruguay y otros países están inquietas hace rato por la extranjerización de las tierras, y han forzado en algunos casos la sanción de leyes protectivas.

Según cálculos de la Federación Argaria Argentina, casi un 10 por ciento del territorio nacional está vendido a extranjeros o a la venta

Los gobiernos y corporaciones ricos han desatado la alarma para los pobres a medida que van comprando los derechos a millones de hectáreas de tierra cultivable en los países en desarrollo en un esfuerzo por garantizar su suministro de alimentos a largo plazo.

En general, la cesión de tierras a Estados extranjeros se traduce en expropiaciones de pequeños productores y aumento de la especulación. Sin olvidar la deforestación.