En el INDERT opera una “rosca que blanquea tierras del estado usurpados por no beneficiarios de la reforma agraria” que incluye a jueces, fiscales y funcionarios del ente que entregan tierras a extranjeros.

Hace tres años, en una consulta popular, este pueblo del Tolima rechazó un proyecto de la empresa sudafricana AngloGold Ashanti que pretendía explotar oro. Pero al mismo tiempo aceptó la entrada del aguacate hass, un monocultivo promovido por esa multinacional que hoy acapara tierras y amenaza el ambiente.

El miércoles 8 de octubre hacia las 4:00 p.m. en la ciudad de Cali se conoció de un plan de compra de tierras en los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Asís.

La tecnología de georreferenciación, y la información geoespacial que trasmite, se han convertido en el principal criterio de acceso a un certificado catastral y al título de propiedad en el proceso de regularización de la tierra, lo que facilita la legalización del histórico e ilegal acaparamiento de tierras públicas, incluso a favor de extranjeros.

En el papel, la comunidad afro de ese consejo comunitario es dueña de 107 mil hectáreas de tierra en el Bajo Atrato (Chocó). En la práctica, el 95% de las tierras productivas están en manos de una decena de empresarios que las adquirieron en medio de la arremetida paramilitar a la región.

Una verdadera financiarización de la tierra, de los recursos naturales y del sistema agroalimentario está en marcha a lo largo de América del Sur.