González Guyer. Los militares cuando no encuentran enemigos, los inventan

Organizaciones campesinas han elaborado un proyecto de ley agraria que permitiría la recuperación económica del sector agropecuario y una reversión de la concentración de la propiedad de la tierra.

La temática de extranjerización de la tierra se debate hace algunos años, en Bolivia apenas ha comenzado a ser abordada desde círculos académicos y periodísticos; sin embargo, el dialogo sobre estas tendencias poco o nada ha llegado a las organizaciones sociales.

Latinoamerica ha estado ultimamente envuelta en problemas relacionados a las disputas por el control de la tierra entre elites y sectores vulnerables.

Capitales extranjeros se han apropiado de 50 millones de hectáreas de tierra en países del Sur, una gran mayoría en África. Eso equivale a la mitad de todas las tierras agrícolas de la Unión Europea.

La escasez y el encarecimiento de los alimentos en el norte de África y en Oriente Próximo están agravando el hambre en el África subsahariana, donde han desembarcado los países árabes más ricos comprando tierras, a bajo precio, con el objetivo de cultivar lo necesario para dar de comer a sus propias poblaciones.

"el convenio firmado por el gobierno provincial con el Grupo Al-Khorayef de Arabia Saudita, que otorgará 200 mil hectáreas de la zona de El Impenetrable para un proyecto agroalimentario con destino único a ese país, pone en riesgo a 60 mil personas"

El Ejecutivo elabora otros dos proyectos de ley que apuntan a controlar en qué manos están las tierras uruguayas.

Enormes extensiones de tierra fértil en la zona del río Omo, en el sureste de Etiopía, se están alquilando a empresas malasias, italianas y coreanas.

"Pareciera que el propósito es no permitir la identificación precisa de la cada vez mayor presencia extranjera en el agronegocio soyero, pero particularmente de la propiedad extranjera de grandes extensiones de tierra”

Se trata de conseguir un Plan de acción aprobado por las organizaciones campesinas y las ONGs en contra de los acaparamientos a nivel local, nacional e internacional.

El Gobierno ya había previsto en diciembre del año 2010 cederle tierras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - MGAP- al Instituto Nacional de Colonización, que son precisamente las tierras que estuvieron en tela de juicio en el Cabo Polonio.